Ávila en zona de riesgo: UDI, Evópoli y republicanos se suman a acusación constitucional contra ministro
La primera etapa de presentación ya está asegurada, pues el libelo, que aún está en fase de recopilación de antecedentes, contará con firmas de todas las bancadas opositoras. Sin embargo, los respaldos a la arremetida van en ascenso y se acercan peligrosamente a un número de parlamentarios que podría, incluso, aprobar la acusación en la Cámara.
Sólo 10 firmas de diputados se necesitan para presentar una acusación constitucional a un ministro de Estado.
Ese umbral ya se había superado con creces la semana pasada, luego de que la bancada de RN y algunos legisladores de derecha, a título personal, decidieran plegarse al interés de presentar un libelo acusatorio en contra el titular de Educación, Marco Antonio Ávila (RD).
Sin embargo, la arremetida, que ya cuenta con la venia de todas las bancadas opositoras, va en ascenso y se acerca peligrosamente a un número de parlamentarios que podría, incluso, aprobar la acusación en la Cámara. En el caso de secretarios de Estado, basta una mayoría de diputados presentes en sala (78 si es que el día de la votación están todos presentes).
Hasta ahora, en teoría, si todas las bancadas opositoras e independientes de derecha actúan unidos llegarían a 70 votos (23 UDI, 23 RN, 4 Evópoli 12 P. Republicano, siete independientes-social cristianos, además de Gonzalo de la Carrera). Si a ellos se suma la PDG Karen Medina, que se plegó a título personal, la acusación ya sumaría 71 respaldos.
Por el contrario, el oficialismo suma 64 diputados, que podrían crecer a 69 si se alinean independientes asociados a sus bancadas (Carlos Bianchi, Camila Musante, Mónica Arce, Andrés Jouannet y Félix González).
Con ello, el desenlace de este libelo quedaría en manos de grupos no alineados, como los otros legisladores del grupo PDG (Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar y Gaspar Rivas), de la bancada DC (Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño), del subcomité del Centro Democrático Unido (integrado por ex-DC como Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Saffirio, además de Erika Olivera) y de otros legisladores independientes, como Pamela Jiles, René Alinco y Viviana Delgado (quien protagonizó un incidente con Ávila).
Por ahora, la primera etapa de presentación ya está asegurada, pues el escrito, que aún está en fase de recopilación de antecedentes, contará con firmas de diputados de RN, de la UDI, de Evópoli, del Partido Republicano, del PDG y de la bancada Independiente Social Cristiana (ex-PDG y ex-RN).
Escalada
La idea de acusar al ministro de Educación (Mineduc) fue anunciada inicialmente por un grupo de legisladores evangélicos, entre ellos Francesca Muñoz (ex-RN), Sara Concha (Partido Social Cristiano), Karen Medina (PDG) y Eduardo Durán (RN), en rechazo a una guía de educación sexual que incluía ejercicios para menores de edad.
Pese a que el ministro precisó que esa guía venía desde 2017 y que fue modificada por un nuevo instructivo del Mineduc, publicado en mayo, esa aclaración no fue suficiente para frenar los cuestionamientos a su gestión (que no se limitan a temas de educación sexual). También, a juicio del equipo del ministro, existe una animadversión personal en su contra que han desarrollado algunos legisladores.
Incluso, el propio Presidente Gabriel Boric defendió a Ávila en su cuenta pública. “No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual”, manifestó en la ocasión.
Debido a todos esos factores, la arremetida está tomando un vuelo inesperado, al punto que el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, dijo que estudiarían “concienzudamente” los fundamentos de un eventual libelo.
En Chile Vamos -que tenía un acuerdo de abandonar la estrategia de acusaciones, luego del fracaso del libelo contra la exministra de Justicia Marcela Ríos-, originalmente no eran partidarios de una medida de esta naturaleza, que es la más extrema dentro del ordenamiento político constitucional.
En principio, la UDI, RN, Evópoli y también los republicanos preferían presentar una nueva interpelación a Ávila, quien ya fue interrogado en una sesión de sala en julio del año pasado.
No obstante, un comentario expresado por Ávila, el martes pasado, a espaldas del diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, respecto de que la derecha tendría “obsesiones” con su persona, fue la chispa que encendió el ambiente. Incluso, tras encarar al ministro, Schalper -minutos después- fue uno de los que anunciaron que se plegaría a título personal al libelo promovido por los legisladores evangélicos.
Al día siguiente, el miércoles, a la hora del almuerzo, la bancada de RN anunció que colectivamente se sumaría a la presentación de la acusación, lo que llevó esa misma tarde a los comités de la UDI, de Evópoli y los republicanos a sumarse a las conversaciones de la inminente presentación.
Hasta el viernes, a pesar de su resistencia inicial, en todas las bancadas opositoras se había llegado a la convicción de que había méritos para acusar a Ávila. Sin embargo, se acordó trabajar un catálogo más amplio de infracciones constitucionales y no limitar la presentación a las guías de educación sexual.
Actualmente hay equipos jurídicos de todas las bancadas trabajando en la recopilación de antecedentes y ya se han hecho circular algunas minutas.
Además de señalar que el ministro habría infringido el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (que es el punto demandado por el grupo evangélico), se incluirían faltas y omisiones de Ávila que dejaron “leyes sin ejecución”. Entre estas, mencionan la Ley Aula Segura, a partir de la violencia en liceos emblemáticos. Al secretario de Estado se le reprocha, además, no haber cumplido adecuadamente con sus obligaciones para enfrentar la deserción escolar o corregir los problemas de los Servicios Locales de Educación.
“Nosotros nos vamos a unir, vamos a firmar y vamos a redactar la acusación constitucional en conjunto como oposición. Y vamos a seguir fiscalizando con decisión. El desastre en Educación es de tal magnitud, y las prioridades del ministro están tan erradas, que creo que hay fundamentos suficientes para una acusación constitucional”, dice el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez.
Su par de Evópoli, Francisco Undurraga, en tanto, remarca que “hay situaciones muy graves. Hay inacciones inexcusables que podrían constituir motivos para una acusación constitucional. Desde ese punto de vista, si logramos concordar los temas...., creo que el accionar del ministro ha sido deficiente”.
El diputado Stephan Schubert (independiente-republicano) comenta que efectivamente en su bancada estaban por la interpelación, pero en “los últimos días han cambiado los vientos políticos y la realidad”.
“Lo que ocurrió en Pudahuel de un balazo al interior de una escuela y la misma cuenta pública presidencial, donde yo esperaba un cambio en la forma de abordar la educación. Hay preocupación de apoderados por la hipersexualización temprana de los niños. Veo que siguen preocupados de temas que no son los que aquejan a la población, como la calidad y la violencia. Por eso, nosotros estaríamos por apoyar la acusación”, señala.
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