El rol del bacheletismo en la acusación contra Marcela Cubillos

Hasta el Instituto Igualdad llegaron a inicios de junio pasado exautoridades de la administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Entre ellas, la exsubsecretaria de Educación y actual presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, Valentina Quiroga; la exsubsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz; y el exministro de la Segpres y actual jefe de asesores de la bancada socialista, Gabriel de La Fuente.

La cita había sido convocada por el jefe los diputados PS, Manuel Monsalve, con el objetivo de obtener una visión "más técnica" respecto a una preocupación que a esas alturas ya se había instalado en la centroizquierda: la posibilidad de que el Ministerio de Educación estuviese intentando "boicotear" la implementación de la reforma educacional que impulsó la exmandataria.

En el encuentro, al que además asistió el integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana (PS) y el analista Ernesto Águila, según fuentes que conocieron de su contenido, la exautoridades entregaron su mirada crítica respecto de la gestión liderada por la ministra Marcela Cubillos. Asimismo, según las mismas fuentes, se llegó a un diagnóstico compartido respecto de que había problemas graves, entre otras materias, en la correcta implementación de la Nueva Educación Pública.

En ese contexto, los parlamentarios les transmitieron a las exautoridades del gobierno que estaban pensando en una eventual acusación constitucional en contra de la titular de Educación y les pidieron, según las mismas fuentes, su colaboración para recabar antecedentes.

La cita se dio a solo días de que el diputado Santana anunciara que el Partido Socialista estaba evaluando impulsar la acción contra la líder del Mineduc el 11 de junio, acción que se concretó el 5 de septiembre pasado y que dentro de sus capítulos incluyó, precisamente, una subejecución presupuestaria por parte de la ministra Cubillos en torno a la ley de Nº 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública. Por esos días, desde el PS transmitían algo que han reiterado tras la presentación del libelo: que defenderán el legado en educación que dejó la exmandataria.

En la oposición, aseguran que la reunión en el Instituto Igualdad no fue la única instancia en que autoridades de la administración de Bachelet aportaron desde su experiencia al proceso de recolección de antecedentes que inició la oposición y que le permitió elaborar un libelo de 92 páginas y más de 500 anexos.

"En el contexto del desarrollo de la acusación constitucional, sin duda, se toma contacto con personas que tienen más conocimiento en el ámbito de la educación y, particularmente, en el ámbito de las leyes. Es natural que en estos procesos uno recurra a personas que participaron ya sea en la discusión de las leyes, en su implementación o en la ejecución de los servicios que se crearon. En eso no hay novedad", explica el diputado Monsalve, aunque recalca que las consultas que se hicieron fueron solo técnicas y, en ningún caso, hubo una decisión política por parte de las exautoridades en torno al libelo acusatorio.

De La Fuente, quien lideró la redacción del libelo, en tanto, asegura que "para la construcción de esta acusación constitucional hemos recibido testimonios múltiples y variados de expertos, de exautoridades, de gremios que son actores muy relevantes o fueron actores muy relevantes en materia de educación y, particularmente, en las primeras implementaciones de las leyes contenidas en las reformas educacionales, llevadas adelante en el gobierno de Bachelet". Aunque recalca que "ese conjunto de información, de evaluaciones, de diagnósticos, nos permitió construir la acusación constitucional, pero no es que hubiese habido una concertación de exfuncionarios de la administración de Bachelet para incentivar la presentación del libelo, ni mucho menos".

En la oposición, además, destacan los aportes de quien fue el secretario ejecutivo de Nueva Educación Pública durante la administración pasada, Rodrigo Roco. Si bien el exfuncionario de gobierno asegura que no participó en la confección del libelo sostiene que "sí he entregado mi opinión a los parlamentarios que me la han solicitado".

Con todo, advierte que, a su juicio, "la ministra quiere abortar esta reforma (a la educación pública), lo sano sería que envíe un proyecto de ley al Congreso y abra un debate sincero y con altura de miras".

Otra de las exautoridades que en la oposición reconocen como relevantes para el proceso, es el exdirector de Educación Pública, Rodrigo Egaña. Sin embargo, la exautoridad aseguró a este medio que si bien le "han pedido ciertos antecedentes generales que son los públicos" no ha "estado en ninguna reunión en que se haya debatido si hay o no antecedentes para esta acusación".

"Respecto a las auditorías sí que estado más activo porque ahí se me hacen acusaciones graves y estoy dispuesto a desmentirlas adonde sea porque son hechos falsos", agregó aludiendo a la decisión del Mineduc de enviar antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, tras auditar los servicios locales de educación en que la actual administración acusa haber constatado irregularidades mientras Egaña estuvo a cargo de la nueva institucionalidad.

Al ser consultadas por este medio, tanto Quiroga como Díaz aseguraron que no participaron en reuniones donde se abordara específicamente la acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos.

En tanto, hoy se realizó la primera sesión de la comisión revisora de la acusación.