Bajo amenaza de paro nacional: Gendarmes exigen traslado de comuneros vinculados a secuestro de funcionarios en cárcel de Angol

Alrededor de dos horas se mantuvieron “secuestrados”, la mañana de este domingo, tres funcionarios de Gendarmería que se desempeñan en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, en la Región de La Araucanía. Según informaron desde la Asociación Nacional de Suboficiales (Ansog), cuando los efectivos se encontraban monitoreando a los internos que permanecen en el módulo de comuneros mapuche, fueron abordados por los mismos, quienes “mediante el uso de la fuerza”, los mantuvieron retenidos.

De acuerdo con lo manifestado por la asociación, el hecho se desencadenó a raíz de la molestia que expresaron los reos por la suspensión de las visitas con motivo de la elección de los consejeros constitucionales que se desarrolló durante la jornada.

“Alrededor de las 9.30 de la mañana, cuando trabajaban en el desencierro de la población penal, los tres funcionarios fueron abordados por los 17 comuneros del Módulo F, que bloquearon los accesos y tomaron control del sector, los tenían amenazados con armas blanca y obviamente ellos se vieron sobrepasados, porque no portaban armas”, relató a La Tercera uno de los dirigentes que se desempeña en el penal y que, por razones de seguridad, prefiere mantener su nombre bajo reserva.

Para lograr el rescate, como manifestó la misma fuente, el personal de servicio tuvo que cortar mallas perimetrales y sacar a la fuerza a sus compañeros, mientras seguían siendo amedrentados con estoques y weños de madera, elemento tradicional mapuche empleado para jugar Palin. Así, pasadas las 11.40 horas, según relató el funcionario, lograron trasladarlos a la zona de enfermería para que fueran atendidos.

La situación fue catalogada como gravísima e insostenible por parte de los funcionarios, quienes por medio de un comunicado exigieron a las autoridades de gobierno el traslado inmediato de los responsables a una unidad de alta seguridad en la capital. Esto, detallaron desde Ansog, “con el fin de poder resguardar adecuadamente la seguridad de los internos y de nuestros funcionarios”. Estamparon, además, una querella en contra de los 17 comuneros que permanecen en el módulo, por los delitos de secuestro y maltrato de obra contra miembros de Gendarmería.

En el texto de la acción judicial se individualiza a cada uno de reos, y entre ellos, destaca: Sebastián Huenchullán Queipul, quien en marzo quedpi en prisión preventiva porque habría intentado atropellar a carabineros durante un ataque contra un cuartel en Ercilla; Ismael Fritz Ñancul, apodado “El Comandante”, que en agosto de 2022 fue formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones; Simón Huenchullán Millanao, encausado en 2020 por robo, incendio y receptación; Alejandro Líguen Venegas, alias “El Chino”, que fue detenido por su presunta participación en el homicidio del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar; Freddy Marileo Marileo, condenado a 15 años de presidio por asesinar a dos comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales; Hanthu Llanca Quidel, quien permanece en prisión preventiva por el homicidio frustrado de carabineros, robo con violencia, porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación de vehículo motorizado y receptación de especies; y Máximo Queipul Huenchullán -hijo del lonko de Temucuicui Víctor Queipul-, aprehendido por delitos de receptación de vehículo motorizado, receptación de especies y por porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Pero el hecho no quedó sólo en eso, pues tras la liberación de los gendarmes en cuestión -quienes presentaron lesiones y golpes en la cabeza-, comuneros del citado módulo se mantuvieron amotinados, impidiendo que los efectivos pudieran hacer sus rondas con normalidad. Aquello, según manifestaron, gatilló la concurrencia de servicios especializados desde regiones colindantes, ya que con los insumos que tenían a la mano no les fue posible controlar la situación.

Cuando lograron recuperar mayor control del espacio, relataron desde el recinto carcelario, personal allanó el módulo y logró requisar celulares, cargadores, drogas, estoques y varios litros de chicha artesanal.

La condena de lo ocurrido por parte del ministro de Justicia, Luis Cordero, no sirvió para calmar los ánimos entre los gendarmes, pues como manifestaron a La Tercera, esperaban que el secretario de Estado fuera enfático en que sus pares habían sido secuestrados y no simplemente “retenidos”.

“Lamentamos profundamente la calificación que le ha otorgado la autoridad ministerial a este terrible hecho. La retención la pueden efectuar sólo los funcionarios públicos y no los delincuentes. Los delincuentes secuestran o toman rehenes, que fue lo que pasó en este caso (...) Nos mantendremos expectantes a lo que pueda ocurrir, porque se ha comunicado conmigo el director nacional, Sebastián Urra, quien nos manifestó que se efectuarán los traslados. Nadie puede estar por sobre la ley, y si se continúan con privilegios, nos veremos en la obligación de levantar la voz a nivel nacional”, sostuvo al respecto Joe González, presidente de Ansog.

Por lo mismo, y aunque se pusieron los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y se inició la investigación pertinente por parte del fiscal Carlos Cornejo, quien se constituyó en el penal en apoyo al equipo de Primeras Diligencias de la Fiscalía de La Araucanía, los funcionarios fueron enfáticos en que si no hay traslado de los involucrados llamarán a un paro nacional de funciones. Insisten en que no hay un petitorio negociable, sino que se trata de una exigencia a la dirección nacional.

La tensión, por lo demás, se trasladó hasta las afueras del penal, hasta donde llegaron familiares y cercanos a los internos, quienes increparon en duros términos al personal apostado en el acceso, lanzándoles piedras, botellas y otros elementos contundentes.