La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) también envió una batería de preguntas para incorporar al cuestionario que será dirigido al Presidente Gabriel Boric desde la comisión especial investigadora del caso por la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende.

Esto, con el fin de conocer el grado de participación de la máxima autoridad política del país en el controvertido episodio que implicó la salida de las exministras de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y de Defensa, Maya Fernández, así como la destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por parte del Tribunal Constitucional.

De esta manera, los diputados de RN enviaron una batería de 18 consultas, las que se suman a las 25 preguntas propuestas por los legisladores la UDI y las 10 del Partido Nacional Libertario. El cuestionario definitivo, que se formulará en base a un consolidado de las sugerencias, debería ser enviado esta semana al Mandatario.

En particular, las preguntas dirigidas desde la bancada de la tienda liderada por el senador Rodrigo Galilea giran en torno a la participación de la jefa jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, su amistad con el Jefe de Estado, el grado de conocimiento del proceso por parte del Mandatario y las discrepancias entre los ministerios de Cultura y Segpres en la propuesta de adquisición, entre otras.

Al respecto, la diputada Paula Labra (RN), integrante de la comisión investigadora, señaló: “Aunque el Presidente Boric va de salida, y para colmo está cada vez más preocupado de las elecciones qué de gobernar, al menos ahora, debiese ser respetuoso con todos los chilenos y dar la cara”.

“Debe dar explicaciones respecto de esta escandalosa intención de comprar la casa de Salvador Allende, por un una obsesión personal, sabiendo que habían dos autoridades públicas como propietarias. Por lo mismo, esperamos que al menos responda si fue él quien mandató seguir con la compra a todo evento, pese a las evidentes restricciones constitucionales, tan solo por darse un gustito personal y que peor aún, se iba a pagar con plata de todos los chilenos”, remarcó.

El parlamentario Andrés Longton (RN), en tanto, apuntó: “El Presidente de la República de una vez por todas tiene que hablarle con la verdad al país, las inhabilidades que casi le cuestan mil millones de pesos a todos los chilenos estaban en pleno conocimiento del círculo más cercano del presidente de la República como quedó en evidencia en la comisión investigadora a propósito de las contradicciones que son evidentes respecto a una información que cualquier persona medianamente competente tendría que haber sabido sobre todo con las advertencias que hubo. Que el Presidente determine las responsabilidades de una vez, que deje de proteger a sus amigos y que se haga responsable por esta fallida compra determinando las responsabilidades correspondientes”.

Revisa las preguntas propuestas por RN

1. El rol de la División Jurídico Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia es resguardar el poder que encierra la firma del Presidente de la República, que en el caso de Chile es el Jefe del Estado. Sabemos que, en ese sentido, la continuidad de la jefa de dicha división no depende de la subsecretaria o del Ministro Secretario General de la Presidencia, sino del propio Presidente de la República. ¿Cómo se entiende que se mantenga en su cargo a quien ha reconocido que estaba al tanto de la prohibición constitucional y aun así llevo el decreto al gabinete presidencial para su firma?, ¿Hay en ello una primacía de la amistad previa que los une o simplemente se estima que no le asiste responsabilidad a Francisca Moya en este fiasco?

2. Diversos actores políticos han planteado dudas sobre su nivel de conocimiento y aprobación en esta controvertida operación inmobiliaria, especialmente por tratarse de un inmueble simbólico que implicaba decisiones a alto nivel político. Al respecto, ¿Cuál fue su participación directa o indirecta en el proceso de decisión para adquirir la vivienda del ex Presidente Salvador Allende?

3. Documentos internos y testimonios revelados por la prensa indican la existencia de advertencias y discrepancias entre asesores acerca de la validez legal de la operación antes de que ésta avanzara. ¿Tuvo conocimiento de la existencia de discrepancias jurídicas dentro de los Ministerios involucrados, particularmente de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Bienes Nacionales y la Secretaría General de la Presidencia, antes de avanzar en la propuesta de adquisición?

4. ¿Tuvo algún rol en la tramitación del procedimiento administrativo para la compra de esta propiedad? ¿Tomó algún rol activo en esta operación de compra? ¿Hizo personalmente o por intermedio de algún asesor o secretaria consultas acerca del estado de dicha operación?

5. Durante el trabajo de esta Comisión Investigadora se nos informó por parte de las autoridades del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que la Casa del ex presidente Allende de Guardia Vieja sería declarada monumento nacional. ¿La rapidez y la serie de imprudencias y negligencias que tuvieron lugar en el marco de la compra, pudieron tener como causa la necesidad de terminar la adquisición antes de avanzar en la declaración de monumento nacional por las complejidades normativas que supone la venta de un inmueble de esta naturaleza?

6. Se cuestiona por qué no se adoptaron oportunamente medidas preventivas para evitar el desgaste institucional generado por avanzar en un procedimiento que desde su inicio estaba cuestionado internamente. ¿Por qué no se detuvo oportunamente el proceso administrativo, pese a las advertencias internas respecto a la fragilidad jurídica de la compra?

7. Existen versiones periodísticas que sugieren la posibilidad de comunicaciones previas informales o de carácter político entre personeros del gobierno y los propietarios, situación que podría comprometer la objetividad del proceso. ¿Existieron contactos o conversaciones suyas o de su entorno inmediato con los propietarios o representantes legales de la vivienda previo al inicio formal del proceso administrativo?, de ser aquello cierto, ¿Cuál fue el tenor de las conversaciones y quién las inició?

8. La fallida operación ha provocado críticas sobre la actuación y eficiencia administrativa de los funcionarios involucrados, por lo que es necesario identificar responsabilidades concretas frente a un proceso que terminó generando polémica y daño reputacional al gobierno. Considerando que la compra finalmente no se concretó, ¿qué responsabilidades administrativas y políticas atribuye usted a los funcionarios que participaron directamente en la gestión fallida?

9. La transparencia y la responsabilidad institucional exigen esclarecer internamente lo ocurrido. Hasta ahora no se ha conocido públicamente la realización de una auditoría o investigación interna del Ejecutivo, dado que, solo se habría efectuado un sumario administrativo al interior del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Ordenó usted, con posterioridad al fracaso del proceso, alguna investigación interna o auditoría para determinar responsabilidades específicas en este caso?

10. Según hemos tomado conocimiento, desde el Ministerio de Bienes Nacionales y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se habrían hecho evidentes observaciones en relación a la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende, haciendo evidentes conflictos de interés por parte de quienes vendían la propiedad, por lo que resulta clave esclarecer si existió conocimiento previo de estas situaciones por parte del Ejecutivo. ¿Estuvo en conocimiento de posibles conflictos de interés o irregularidades en torno a la adquisición de este inmueble, antes de que se hicieran públicas?

11. La polémica administrativa generada podría implicar gastos innecesarios o un eventual perjuicio fiscal por costos asociados a la gestión fallida, más aun teniendo en cuenta que no tenemos conocimiento que el contrato de compraventa se haya rescindido. Por ello, se requiere conocer la evaluación que hace el propio Ejecutivo. ¿Considera que esta situación ha generado algún perjuicio fiscal, y en tal caso, qué acciones está tomando su gobierno para subsanarlo?

12. Finalmente, y considerando las consecuencias políticas y administrativas que ha provocado este caso, resulta imprescindible conocer cómo el Ejecutivo evitará que situaciones similares se repitan en el futuro. ¿Cómo garantizará su gobierno que situaciones similares no se repitan, tomando en cuenta las fallas detectadas en este proceso administrativo?

13. ¿En cuantas reuniones de coordinación, reuniones de trabajo o similares participó, para la compra de la casa de Allende y si pudiera detallar la fecha e integrantes de las mismas?

14. ¿La expresión “instruido desde Presidencia de la República” contenida en el oficio Nº 429, de 5 de septiembre del 2024, enviado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural a la Dirección de Presupuestos para reasignar los recursos al Ministerio de Bienes Nacionales, hace referencia puntualmente a su persona?

15. ¿Esperaba que el fallo del Tribunal Constitucional fuera favorable para la senadora Allende, razón por la cual desestimó el pedido del Partido Socialista de sacarla del cargo y nombrarla en otra función del Estado?

16. ¿Fue usted quien dispuso que la operación para adquirir esta propiedad fuera presentada al Congreso , en la discusión de la ley de presupuesto 2024, por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, en lugar de realizarse a través de Bienes Nacionales? ¿Por qué?

17. ¿Cuándo tomó la decisión de comprar la casa del expresidente Aylwin? ¿Fue una decisión tomada en conjunto con la de Salvador Allende o posterior?

18. ¿Por qué se decidió comunicar el 30 de diciembre la adquisición de estas propiedades en circunstancias que se venía trabajando en la idea desde mucho antes?