Bancada del Partido Republicano presentará acusación constitucional en contra de la ministra Ximena Aguilera

La bancada de diputados del Partido Republicano emitió una declaración el domingo exigiendo la remoción del subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos en un plazo de 24 horas.

“De no realizarse, presentaremos una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera”, advirtieron.

Al no haberse producido la salida de la autoridad de gobierno, esta tarde en el Congreso los diputados de la tienda opositora anunciaron que presentarán la acusación en contra de Aguilera.

El diputado Benjamín Moreno sostuvo que la actual administración del Minsal evidencia “en general una incapacidad y una incompetencia total para brindarle a la ciudadanía la atención de salud que necesitan y merecen”.

El legislador acusó “desidia, falta de gestión y falta de capacidad de la ministra y sus equipos” y una “falta de anticipación” de las medidas para enfrentar el alza en la circulación de los virus respiratorios de invierno.

Moreno afirmó que tienen la responsabilidad de hacer la ‘pega’ que el gobierno de Gabriel Boric “no ha sido capaz de hacer, que es remover a estos equipos que hoy en día más que brindarle salud y seguridad a las personas se están convirtiendo en un verdadero peligro para la salud de los chilenos”.

“La responsabilidad primera recae sobre la ministra de Salud que no ha querido tomar las acciones necesarias para modificar a sus equipos”, sostuvo el diputado de oposición.

El Partido Republicano cuenta con una bancada de 12 legisladores en la Cámara Baja y una acusación constitucional debe ser presentada con la firma de al menos 10 diputados para ser admitida.

El documento respectivo está siendo redactado para presentarse esta semana.

El juicio político puede terminar con la destitución de la secretaria de Estado, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años.

Los ministros pueden enfrentar este tipo de juicios “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”.