Bettina Horst, consejera del CADP: “Hoy día la deslegitimidad del Congreso no pasa por sus rentas”

La consejera del CADP Bettina Horst admite que decidir el porcentaje de rebaja de las remuneraciones de parlamentarios y otras de autoridades, no fue una tarea fácil. La ingeniera asegura que es relevante “entender que para tener un buen Estado, también se necesita tener sueldos competitivos” y subraya que “no se puede debilitar” su funcionamiento “a partir de ciertas demandas, que pueden ser legítimas”. Asimismo, desestima que con esta disminución se resuelva la crisis de confianza que atraviesa la clase política y cuestiona que el Congreso no tuviera “en cuenta riesgos que apuntan a empeorar la calidad de la política” al legislar sobre esta materia.

Por otro lado, insiste en la necesidad de desvincular el monto de las remuneraciones entre parlamentarios y ministros de Estado, lo que permitirá que, por ejemplo, un subsecretario gane más que el titular de su cartera. “Me parece que por las restricciones que había en la determinación de las remuneraciones de las altas autoridades, era un mal menor”, dice.

-¿Por qué no se logró un acuerdo unánime?

La reforma que se nos encomendó venía con ciertas limitaciones en cuanto a que el sueldo y las rentas de los ministros y de los parlamentarios tenía que ser la misma, lo cual es una rareza de acuerdo al contexto internacional. En ese escenario, cuatro de los consejeros de alguna forma conciliamos la baja que nos parecía responsable y razonable para los ministros con la rebaja para los legisladores. Y ahí, simplemente, el consejero Abarzúa tenía que ser una disminución más alta principalmente a los parlamentarios.

-¿Compartía la visión de que uno debía ganar más que otro? El informe recomienda desvincular ambas rentas...

La visión que compartíamos era que una rebaja de un 25% a los ministros es altísima y básicamente se da porque están encadenadas con la de senadores y diputados. Ahí cuánto por separado se podría haber aplicado a cada uno, no dimos posiciones puntuales. Pero respecto del resto de las autoridades; Presidente, subsecretarios, entre otros, ahí propusimos una rebaja unánime del 10%, lo cual probablemente hubiese sido similar para los ministros en caso de no haber estado eso vinculado.

-¿Quedó conforme con la decisión?

Sí, fue una decisión difícil, arduamente trabajada, fue una decisión que tomó en consideración los distintos elementos que la reforma nos obligó a tener a la vista, pero en un contexto de una ley que tenía ciertas falencias. Por ejemplo, el hecho de que esto se aborde desde una óptica no sistemática del Estado en su conjunto, porque hay muchos otros cargos, que también son relevantes y que no son parte de la revisión como lo es del contralor, alcaldes o jueces de la Corte Suprema. Entonces, si bien lo encomendado era para ciertos cargos, uno tenía que mantener una cierta consistencia y coherencia con la estructura del Estado.

-¿Le parece adecuado que por esa norma, por ejemplo, un subsecretario pueda terminar ganando más que un ministro?

Me parece que por las restricciones que había en la determinación de las remuneraciones de las altas autoridades, era un mal menor. Se debe desvincular la renta de los ministros de la de los parlamentarios y con ello definir las rentas de acuerdo a las complejidades de cada uno de los cargos. Cuando ello sea así, el ministro debiera ganar mas que el subsecretario. Pero ello no era posible en esta rebaja transitoria encargada al consejo.

-El debate no estuvo exento de dilemas. En varias de las actas se ve cómo la discusión política permeó la deliberación del consejo. Mientras algunos apuntaban a que se debía dar una “señal” de austeridad ante una clase política deslegitimada, otros llamaron a tomar una decisión responsable fundada en criterios técnicos. ¿Cuánto cree que afectó ese debate la decisión del CADP?

Es importante tener a la vista que esta reforma constitucional surge a partir de mociones parlamentarias que se instalan mucho antes de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que se está desatando. Por lo tanto, el foco de la discusión surge en torno a un contexto de deslegitimidad del Congreso y de los políticos y no es una reforma que tenía en el ojo, la austeridad fiscal. De hecho, el total del gasto en remuneraciones que nosotros afectamos, representa del orden del 0,3% del gasto en personal del presupuesto de este año. Entonces, no podemos decir que esto se aborda desde la austeridad fiscal.

-Pero respecto del debate político, los parlamentarios admitían abiertamente que con esto se buscaba dar una señal post estallido social. ¿Cree que eso permeó finalmente en la decisión del CADP?

Acá hablo a título personal. Lo que pasa es que cada instancia deliberativa, tiene el foco puesto en elementos distintos. Este debate se instala desde el mundo político, en el Congreso, desde el rol que a ellos les toca jugar. Yo como miembro del CADP tengo una mirada más amplia y sistémica de lo que es la administración del Estado. Entonces, no se puede debilitar el funcionamiento del Estado a partir de ciertas demandas, que pueden ser legítimas, pero que al final del día atentan contra de un mejor Estado. Por eso hay que ser responsables y entender que para tener un buen Estado, también se necesita tener sueldos competitivos y poder traer profesionales talentosos. Yo en lo personal prefiero pagar de más que pagar de menos.

-¿Cree que esta reforma se legisló soslayando eso?

Absolutamente. Cuando uno observa la discusión política, creo que no tuvo en cuenta riesgos que, precisamente, apuntan a empeorar la calidad de la política y de la administración del Estado. Y en eso, uno tiene que ser impopular a veces, cuando cree que ciertas reformas pudieran perjudicar. Hoy día la deslegitimidad del Congreso no pasa por sus rentas. Porque vemos que es un problema a nivel mundial. Distintos países han tenido crisis de confianza en sus instituciones, en sus actores políticos, lo cual no tiene que ver con la desigualdad de ingresos, ni con los sueldos que se están pagando a los funcionarios, sino con la respuesta que entrega a la ciudadanía los distintos estamentos.

-¿El CADP cedió a esa misma presión ciudadana?

No, en ningún caso. Si uno revisa el informe, efectivamente, los distintos antecedentes como cuáles son las rentas de otros sectores, cuáles son las rentas en el marco internacional, cuáles son las que tienen mayor similitud en el sector privado, yo diría que primaron todos esos criterios. Y, precisamente, de lo que más nos preocupamos, fue ser responsables y ver cómo evitamos perjudicar la atracción del talento al Estado.

-¿No contribuye esta decisión a mejorar la imagen parlamentaria entonces?

Frente a esto siempre van a haber sectores que critican y siempre es impopular defender a un Parlamento. Uno puede tener múltiples reparos, pero uno no puede sumarse al descrédito generalizado e irresponsablemente debilitar una institución que es tan relevante como el Congreso, más bien hay que ver cómo se mejora la legitimidad, pero eso no pasa por retirarle una parte importante de su dieta. Eso va provocar que solo se puedan dedicar a la política, aquellos que no tienen mayor preparación o aquellos que tienen fortunas personales y que no necesitan trabajar para llegar a fin de mes.

-¿Le parece que el Congreso dejó al CADP en una posición incómoda? Se demoraron seis años en legislar para dejarle a otros la decisión del porcentaje de reducción…

Me parece razonable que se cree una instancia fuera del Congreso que defina las rentas. Uno hubiese querido que este consejo permanente se instalara desde el primer día. Sin esta figura transitoria. Hubiese sido más aconsejable.

-Usted manifestó una postura más conservadora respecto de la necesidad de una rebaja significativa ¿Qué porcentaje le parecía adecuado?

Sí, la postura que yo planteaba era precisamente que no se viera afectada la atracción de talentos a posiciones claves en el Ejecutivo. No quiero entrar en números específicos, porque lo importante fue construir una mayoría.

-¿Cree que la rebaja de un 25% podría implicar, como dijeron algunos en las audiencias públicas, visos de corrupción o un desincentivo para el ejercicio de los cargos?

La última reforma importante en materia de remuneraciones de los altos cargos, precisamente, se dio como respuesta a un caso de corrupción, que fue el MOP GATE. Sin duda siempre es un riesgo, pero también creo que la corrupción también va más allá de un buen sueldo. Por eso una remuneración que retribuya la preparación que se requiere para distintos cargos, me parece lo correcto. Ahora, una persona puede ser corrupta ganando 100 mil pesos o un millón de dólares.

-¿Esperaría que el organismo permanente siga la misma línea del CADP?

Lo más importante es que se legisle en cuanto a desacoplar las rentas de los ministros con los parlamentarios, de forma tal que este consejo permanente no esté en este zapato chino en el que estuvimos nosotros. Es de esperar que ojalá se instale antes del 11 de septiembre de este año. Y creo que con independiencia de lo que nosotros hicimos, ese ente debe abordar esto con una mirada más sistémica del Estado.