Blackout de encuestas: ¿Una ley vacía?

Con la palabra “Confidencial” escrita en rojo en cada una de las diapositivas, circuló ayer en redes sociales el estudio de opinión de Activa Research sobre preferencias presidenciales que realizaron a una semana de los comicios del 21 de noviembre.

Pese a que la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios establece en su artículo 37 que solo se podrán publicar encuestas hasta el “décimo quinto día anterior al de la elección”, el sondeo fue compartido por usuarios en Twitter. Y no sólo esa: también se dio a conocer un sondeo de Cadem y sobre la elección del próximo fin de semana.

Divulgarlas de forma privada, dicen expertos electorales y en transparencia, no está impedido por ley, y que lo haga la persona a la que le llegue la encuesta de forma particular no es responsabilidad de las encuestadoras. De hecho, en su primera página, el documento de Activa que se difundió ayer traía el disclaimer: “No podrá ser difundido públicamente en medios y redes sociales”.

Durante los últimos días -y estando ad portas de la primera vuelta presidencial- se ha reavivado el debate entre quienes promueven que se termine la prohibición de publicar encuestas -llamada “blackout”- para que la ciudadanía pueda votar mejor informada, y entre los que no están de acuerdo con que se divulguen, pues afirman que los sondeos pueden inclinar la balanza electoralmente a favor de quien marque el primer lugar.

Lo cierto es que, como se lleva a la práctica hoy, la norma actual entró en una suerte de vacío.

La experta en transparencia y oficial del Programa para Chile y el Cono Sur de IDEA Internacional, María Jaraquemada, dice que “hoy con las redes sociales es difícil de cumplir con esa obligación, también se puede evadir publicando en medios internacionales (...) Habría que ver si el Servel interpreta que puede sancionar igual, pero a mí no me queda claro y si no puede, entonces claro que es un vacío legal”.

Añade que “en los estándares internacionales estas prohibiciones son con plazos más acotados en general y se ha estado extendiendo el hecho de que se exija publicar y transparentar información, como quién hace la encuesta, quién la paga, la muestra”.

De hecho, a finales de octubre la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados reactivó la tramitación de una moción de 2020 presentada por un grupo de diez parlamentarios de oposición que, entre otras materias, propone reducir de 15 a 4 días la veda de la publicación de sondeos.

El blackout de las encuestas comenzó a regir desde abril del 2016 con la publicación de la ley 20.900 sobre el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, la cual introdujo el artículo con la fecha de prohibición. Y si bien en mayo del 2015, cuando ésta se discutía, el Ejecutivo -en ese entonces, el segundo gobierno de Michelle Bachelet- impulsó una indicación que establecía la prohibición de publicar por cuatro días antes de la elección, la fecha fue cambiada a 15 días por el Senado. Uno de los promotores de ese límite fue Andrés Zaldívar (DC), quien impulsó indicaciones al respecto.

En esa oportunidad, el tema generó oposición dentro de la derecha, lo que quedó reflejado en las actas de sesiones de la discusión en la sala del Senado, durante el segundo trámite constitucional del proyecto. Por esa época, Andrés Allamand (RN) criticaba que “este tipo de preceptos se han abandonado en todos los países”, mientras que Ena von Baer (UDI) comentó que una medida como esta provocaría que “aparecerán un montón de encuestas respecto de las cuales nadie sabrá quiénes son sus autores. ¿Y saben dónde se van a publicar? En las redes sociales (...) ¡Se publicarán igual!”.

Otro que se anticipó al debate fue Hernán Larraín (UDI), quien comentaba por ese entonces: “Me parece que la expresión ‘divulgar’ es demasiado vaga. Porque qué se prohíbe. ¿Que la encuesta salga en las redes sociales? Porque este es un modo de divulgar. ¡Resulta imposible controlar eso! Uno quisiera entender que la referencia es a la publicación en los medios de comunicación. Pero va a haber mil otras formas, precisamente a través de las redes sociales”.

Una de las que estuvo a favor, respaldando a Zaldívar, fue Lily Pérez, quien comentó que “estamos haciendo una regulación para impactar precisamente en las instituciones serias, las cuales deben entender que con una norma de esta naturaleza no podrán prestarse para manipulaciones políticas”.

Actualmente, cinco años después, la disminución del blackout viene de un grupo transversal de parlamentarios de oposición que busca “corregir” el asunto: los DC Iván Flores, Víctor Torres y Joanna Pérez, los PPD Andrea Parra y Rodrigo González, los radicales Marcela Hernando y Alexis Sepúlveda, el exdiputado Renato Garín (Ind.), el independiente Karim Bianchi y el socialista Leonardo Soto.

Este último cuenta que “presentamos este proyecto de ley después de casi cinco años de la anterior reforma, reconociendo que existía interés en las encuestadoras serias y responsables de hacer sondeos de opinión con la finalidad de entregar más información a los votantes”, añadiendo que la iniciativa “tiene que ver con que existe mucha desconfianza en algunos parlamentarios respecto a la voluntad real que puedan tener algunas encuestadoras para someterse a exigencias más estrictas”.

El proyecto no solo contempla la disminución de 15 a 4 días. También algunos criterios de transparencia para las encuestadoras como la obligación de acompañar un documento en cada sondeo en el que se indique los patrocinadores del mismo, si los hubiera; los encargados de su realización; la nómina de sus supervisores, y datos técnicos como el fraseo exacto de las preguntas, el marco muestral y la tasa de rechazo de las entrevistas, entre otras.

“Dado el desarrollo de las plataformas digitales hoy es muy difícil controlar lo que se publica”, dice Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research sobre el tema. “Las empresas que han realizado estudios, después del blackout lo hacen de forma privada y confidencial. Circulan el estudio confidencialmente, indicando que no se puede divulgar. A una empresa de opinión no se le puede prohibir hacer estudios y sus resultados los comparte privadamente con quien quiera”, advierte.

A juicio de Cavieres, “si hay vacío legal, creo que no hay precisión en qué tipo de medios no se puede difundir. ¿A qué medios específicos se refiere la prohibición? ¿Solo masivos? ¿Las redes sociales cuentan? ¿Y WhatsApp? Este último es una comunicación privada. Si yo comparto un informe confidencial contigo y te indico que es privado y confidencial y que no lo puedes difundir en medios masivos y redes sociales, eso es una comunicación privada. No es responsabilidad nuestra la circulación en redes sociales”.

“Cadem no tiene control de cuentas de Twitter individuales de personas”, dice Roberto Izikson, de la encuestadora Cadem consultado por la publicación que se realizó en las redes de su última entrega semanal.

En privado, en las encuestadoras reconocen que ellos comparten por WhatsApp los sondeos de opinión a sus clientes, a periodistas de medios de comunicación y también a gente cercana.

Otra encuestadora, que prefirió no revelar su nombre, dice que le han ofrecido publicar su encuesta en Argentina y que lo están evaluando en caso de que se cambie radicalmente el escenario electoral y amerite dar a conocer el cambio.

En opinión de las encuestadoras, sí deberían darse a conocer sondeos de opinión durante los últimos días. “Parece ser que a nadie le hace sentido esa ley. Y cuando eso sucede, pasa a ser letra muerta. La pregunta entonces es: ¿tomará acciones legales el Servel? Si no lo hace, o quien corresponda, confirma que es letra muerta. Ya se hicieron los lesos para las elecciones del plebiscito en adelante. Circularon por WhatsApp encuestas como locas”, dice Cristián Valdivieso de Criteria Research.

Mientras que Izikson dice: “A mí me gustaría que no existiera la ley que prohíbe su difusión. Me parece antidemocrático, atenta contra la libertad de informar y nos pone entre los países más restrictivos del mundo. Pero la ley existe, y no hay más que hacer”.

Al cierre de esta edición, el Servicio Electoral (Servel) no se había pronunciado por el tema consultado por La Tercera PM, pero en privado decían que se resolverá la aplicación de la ley en su momento, ya que ahora el foco son las elecciones del fin de semana.