No solo pidió tolerancia cero en este tipo de casos y removió a Tatiana Rojas de la Subsecretaría de Vivienda. El Presidente Gabriel Boric ha intentado dar señales de dureza para enfrentar el escándalo que salpica a su gobierno por los convenios que firmó el Ministerio de Vivienda con la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), y que ahora está siendo investigada por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

El Jefe de Estado -quien está preocupado porque el caso pone en entredicho la promesa de probidad y transparencia con la que irrumpió el Frente Amplio a la política, su coalición base- también pidió revisar todos los convenios suscritos durante su administración, una instrucción que, según explican en La Moneda, se hizo extensiva a todas las carteras.

“Es importante que hablemos despercudidamente de esto y que acá no haya nada que se esconda. Toda irregularidad tiene que salir a la luz y les he instruido a nuestros colaboradores de gobierno, en particular a los ministerios, que acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el gobierno hubiera reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz”, expresó ayer el Mandatario en su visita al Alto Biobío, zona afectada por el frente de mal tiempo.

Y agregó: “A la gente que hace bien la pega, qué bueno, que se mantengan, subamos los estándares y por eso yo efectivamente he instruido que se revisen los diferentes convenios para que el caso de Democracia Viva... En donde yo concuerdo en que es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia, yo creo que por ahí no hay por dónde que eso siga pasando”.

Junto con las señales de Boric, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha intentado hacer lo propio y continuó con su anunciada agenda. Este martes tomó un avión hasta la Región de Antofagasta, zona a la que llegó con carpetas en mano para reunirse este miércoles -a las 9.30- con representantes del Ministerio Público. ¿El objetivo? Entregar antecedentes levantados por sus equipos en torno al caso al fiscal subrogante, Cristián Aliaga.

El viaje del ministro ocurrió a solo horas de que el caso cobrara la renuncia de Rojas, quien fue alertada de los polémicos convenios suscritos por la fundación y el Serviu, información que -según reconoció el sábado- no entregó oportunamente al secretario de Estado. Los contratos fueron firmados por el ahora exseremi Carlos Contreras y la expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade. Todos ellos, militantes de Revolución Democrática.

El ministro Montes sostuvo una reunión clave previo a su viaje al norte. La mañana de este martes llegó a La Moneda para analizar algunos aspectos legislativos sobre la crisis con la Segpres, liderada por Álvaro Elizalde. A la cita también se sumaron otras autoridades, como la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

Antes de ingresar al encuentro, el socialista explicó parte de los antecedentes que entregará al fiscal y aclaró que no había contratos dobles, como habría trascendido previamente, asegurando que lo que ocurría es que la fundación pagaba a funcionarios que, a la vez, trabajaban en el Serviu, generando una situación de “autofiscalización”.

“Yo no conozco ningún caso de una persona que trabajara en el Minvu que recibiera plata de las fundaciones, hay una mala interpretación de una periodista. Lo que ocurre aquí es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al ministerio para hacerles seguimiento a los proyectos”, dijo.

Y agregó: “Es totalmente distinto. Un funcionario, cualquier de acá, que recibe un sueldo de afuera es un delito muy fuerte. Una persona que es contratada por una institución y que se va a trabajar para complementar el equipo, también es un delito que tendrá que el fiscal determinar cuál es, pero es distinto. Hay contratos de personas, con ONG, varias..., en un tiempo fue más, después se achicó, nosotros creemos que son unas seis personas no más por los datos que tenemos, el día de mañana pueden aparecer otros datos. Y esas personas fueron contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en la Seremi o Serviu”.

El ministro también aseguró que lo “más probable” es que el gobierno se querelle en este caso y que en el informe que entregará al Ministerio Público se acompañará de antecedentes de otras fundaciones. “El Presidente ha planteado que se investiguen todas y en eso estamos (...), hay algunos antecedentes (de otras fundaciones) que están en el informe que le vamos a entregar al fiscal”, afirmó el ministro.

En el gobierno si bien señalan que la subsecretaria Rojas actuó de fusible, dando aire a la gestión de Montes, también reconocen que el secretario de Estado está en el centro de la polémica y que cada paso que dé será crucial para evitar que escalen más responsabilidades políticas. En la oposición, por ejemplo, algunos han advertido que el ministro no cumplió con denunciar inmediatamente una situación constitutiva de delito. Pero en el Minvu aseguran que una vez que la fiscalía abrió investigación de oficio, el ministro ha manifestado su total disposición para colaborar en la indagatoria.

Más allá de su agenda con el fiscal, Montes también tendrá otras actividades en la Región de Antofagasta. En su paso por la zona tiene previsto visitar los campamentos en que Democracia Viva desplegó los convenios que le fueron adjudicados -que ascienden a más de 400 millones de pesos-, además de sostener reuniones con parlamentarios y otras autoridades de la zona, como el gobernador Ricardo Díaz, y la delegada Karen Behrens.

“Voy a ir a los campamentos para ver realmente lo que se ha hecho, porque se dicen cosas por aquí y por allá; en segundo lugar, voy a conversar con las autoridades y los dirigentes y, en tercer lugar, voy a reunirme con el fiscal para entregarle todos los materiales que tengo”, dijo Montes ayer por la mañana, a la vez que recalcó que “frente al aumento de los campamentos y este hecho tenemos que modificar el sistema”.

Según indicó el Minvu en un comunicado, además, el informe contendrá todos los convenios suscritos por la cartera desde 2019, año en que se comenzó a implementar el sistema de asignaciones directas. Con todo, los antecedentes también incluirán contratos firmados durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

En la cita con Segpres, según distintas fuentes, se analizaron vías legislativas para modificar el sistema de asignación de recursos vía convenios, el que quedó cuestionado a propósito de este caso. De hecho, el ministro aseguró esta mañana que “el sistema hay que cambiarlo” y es un elemento que también abordará mañana con 23 organizaciones de la sociedad civil que han suscrito convenios con el Minvu y a quienes convocó a una cita extraordinaria.

En La Moneda aseguran que la subsecretaria Rojas tenía sus días contados en el gobierno, pero varios en el comité político eran partidarios de no removerla aún. La idea, según esas fuentes, era administrar la crisis día a día y evitar quemar fusibles antes de tiempo.

Sin embargo, las declaraciones que hizo el sábado la otrora autoridad precipitaron la determinación que ya evaluaba el Presidente Boric. Su situación ya se había complicado en los días previos por los dichos del presidente de su partido, Juan Ignacio Latorre, quien señaló que ella sí había informado al ministro al ser alertada de los polémicos convenios.

Esa acusación fue desmentida por Montes y, de hecho, según fuentes del Minvu, la propia subsecretaria y el ministro le pidieron a Latorre aclarar sus dichos. Ese hecho político terminó tensionando las cosas y dejó al Presidente ante una ecuación compleja: Montes o Rojas. La subsecretaria terminaría reconociendo públicamente que no informó oportunamente al ministro de hechos que podrían ser constitutivos de delitos y a las pocas horas el Mandatario le solicitó la renuncia.

En el gobierno aseguran que aquello descomprime -en parte- la crisis para el Ejecutivo, sin embargo, reconocen que si se tienen que asumir más responsabilidades políticas dependerá de los antecedentes que se sigan conociendo en el transcurso de la investigación del Ministerio Público.