Boric invoca inédita facultad constitucional para sacar reforma de pensiones y sortear veto de republicanos

Al menos desde que existe la norma, incluida en las reformas constitucionales de 2005, las autoridades parlamentarias no tienen recuerdo de que alguna vez haya sido necesario que un Presidente de la República obligue al Congreso a sesionar.

Si bien de vez en cuando los gobiernos hacían advertencias, en términos populares, la “sangre nunca había llegado al río”, ya que las mismas bancadas parlamentarias siempre se allanaban a sesionar voluntariamente, a veces a regañadientes, ante algún requerimiento extraordinario de La Moneda.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los comités de la Cámara de Diputados estaban dispuestos a sesionar la última semana de enero, que según calendario estaba destinada al trabajo en terreno (semana distrital), la bancada del Partido Republicano, representada por los diputados Luis Sánchez y Cristián Araya, no dieron la unanimidad para que en esos días se votara en último trámite la reforma de pensiones.

Ante ese escenario, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), anunció que el Presidente Gabriel Boric recurrirá a la potestad establecida en el artículo 32, número dos de la Carta Fundamental, que señala que el Mandatario puede “pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible”.

“El Presidente va a hacer uso de la atribución que le confiere la Constitución para solicitar que se convoque a una sesión de la Cámara de Diputados para que se vote la reforma previsional”, dijo Elizalde este jueves, ratificando el interés de que la iniciativa sea a despachada a ley durante enero. En caso contrario, el proyecto podría quedar postergado para marzo, en vista de que el Congreso entra en receso durante febrero.

La traba originada en la Cámara se suscitaba porque el reglamento de los diputados exige el acuerdo de todos los comités para suspender la llamada semana distrital. Ello daba a los republicanos -que no tienen votos suficientes para rechazar el acuerdo previsional alcanzado en el Senado- un poder de veto para postergar hasta marzo la discusión de esta reforma, que, a juicio de ellos, es perjudicial para el país.

En subsidio, el plan inicial de la mesa de la Cámara, encabezada por la diputada Karol Cariola (PC), era sesionar este viernes y este sábado, en uso de sus facultades reglamentarias, ya que la presidenta de la corporación puede citar a sesiones mientras no sea en semana de trabajo en el territorio.

No obstante, el retraso del Senado para despachar la misma reforma, echó por tierra esos planes. La Cámara Alta acordó tentativamente votar el proyecto de pensiones entre lunes o martes de la próxima semana para darle tiempo a la Comisión de Hacienda, que ha discutido minuciosamente las implicancias fiscales de la iniciativa.

A diferencia de los diputados, los senadores no tenían inconvenientes para sesionar en los últimos días de enero. De hecho, los comités del Senado habían acordado con anticipación, en forma unánime, suspender el trabajo territorial (semana regional).

Por lo tanto, esta facultad constitucional inédita que usará Boric solo se aplicará para la Cámara.

Sin embargo, el mero anuncio de que el Mandatario usará esta atribución especial fue criticado por el candidato presidencial de los republicanos, José Antonio Kast.

En diálogo con CNN Chile, el presidenciable republicano dijo que “como los tiempos políticos para el Presidente Boric no son los tiempos de Chile y él quiere acelerar una reforma que le puede traer algún dividendo político electoral a él y a su conglomerado. Va a ejercer una facultad que le corresponde, pero es una facultad extraordinaria para casos excepcionales, como guerra, en temas de inmigración ilegal, seguridad, tantos temas que hoy día de verdad afligen a todos los chilenos”.

Kast agregó que el Jefe de Estado “de una mala manera, desde el punto de vista político, ético, decide ocupar esta facultad, que es como ocupar un resquicio legal”.

Si bien la norma en cuestión surgió del proceso de reformas de 2005, la potestad del Mandatario para obligar al Congreso existía desde las cartas fundamentales del Siglo XIX, pero estaba redactada de una forma distinta, ya que antiguamente los recesos legislativos eran mucho más extensos.

Hasta las reformas instauradas en el gobierno de Ricardo Lagos, existía lo que se llamaba la legislatura ordinaria, que iba del 21 de mayo al 18 de septiembre. Fuera de ese plazo, el Presidente de la República o el presidente del Senado, con el acuerdo de más legisladores, podían citar a una legislatura extraordinaria para discutir una lista acotada de temas, algunos de los cuales eran puestos forzadamente en la tabla de discusión del Congreso.

Por ejemplo, la acción constitucional de Boric tiene un precedente más o menos parecido. En 1999, el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en medio de estrecha competencia electoral entre Lagos y el candidato de derecha, Joaquín Lavín, puso dentro de la lista de proyectos de “convocatoria extraordinaria”, la reforma laboral que fortalecía el poder de sindicatos y la negociación colectiva.

Entonces, el ministro secretario general de la Presidencia, José Miguel Insulza (PS), le puso discusión inmediata para que el proyecto se votara en el Senado el 1° de diciembre de 1999, a días de los comicios presidenciales, convirtiendo la reforma en tema central del debate electoral.

Si bien los senadores de oposición rechazaron el proyecto, aquella votación fue considerada durante años, por el expresidente de la UDI, Pablo Longueira, como uno de los factores que incidió en la derrota de Lavín.