La noche de este lunes, en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer el proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) -una de sus principales promesas de campaña- y fijar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

En su alocución, el mandatario destacó lo que ya había sido adelantado por La Tercera: la iniciativa deja atrás el CAE, establece los lineamientos para condonar a todos los deudores -aunque no a todos por igual-, se aparta a la banca de la ecuación y se da paso a un sistema de contribución por parte de los beneficiarios contingente a los ingresos de las personas.

Así, desde La Moneda el jefe de Estado sostuvo que este martes ingresará ingresará el proyecto a primera hora al Congreso.

“El objetivo esencial de esta ley es ofrecer una solución a los miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el CAE. Y es que hoy el CAE es un problema para todo Chile: para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo, para aquellos que ni siquiera pudieron terminar sus estudios y aún así están endeudados y también lo es para las arcas fiscales”, destacó el mandatario.

Agregó que entiende que este proyecto de ley ingresa en un momento complejo, “donde las instituciones y la política enfrentan un enorme cuestionamiento. Como Presidente de la República tengo claro que mi tarea y la de todos mis equipos es mejorar la vida de las personas y sus familias”.

En este marco, recordó que una parte importante del acceso a la educación superior continúa dándose a costa del endeudamiento. “Son más de un millón y medio de personas las que tienen deudad por estudiar: Fondo Solidario, Crédito Corfo o CAE. Y de ellas, el CAE es el instrumento más significativo, con un millón doscientos mil deudores y deudoras”, destacó Boric.

Agregó que el Estado de Chile ha debido desembolsar hasta la fecha más de US$ 9 mil millones para poder financiar el CAE.

Es por esto que, afirmó, poner fin al CAE y ofrecer una alternativa de financiamiento para la educación superior “es una tarea urgente y necesaria”.

En su discurso, el Presidente Boric indicó que la iniciativa tiene tres objetivos: “condonar en base a criterio de justicia y mérito parte de las deudas educativas; reorganizar la deuda, que quede en términos razonables para aquellos que aún deban, y terminar con el CAE, reemplazándolo con un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior”.

Afirmó que sobre la condonación inicial “todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda”. En este sentido, el mandatario explicó que “este porcentaje se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha”.

Destacó que así se ayudará a los deudores de menores recursos, se reconocerá a quienes han pagado responsablemente sus cuotas y se incentivará la regularización a aquellos que aún adeudan pagos.

En tanto, indicó que en relación con la reorganización de la deuda restante, si tras la condonación inicial aún queda parte de esta por cubrir, el plan ofrecerá dos alternativas: quienes puedan pagar el 75% de su saldo pondrán fin a su crédito; y de no poder realizar este prepago, se reprogramará con cuotas proporcionales a sus ingresos, con un tramo exento de pago y cuotas más bajas que las que actualmente pagan.

“Adicionalmente, quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. De esta manera, reconocemos explícitamente el esfuerzo de quienes con sacrificio han cumplido con sus obligaciones”, agregó.

El mandatario destacó que, en caso de transformarse en ley este proyecto de ley, “solo como punto de partida más de 75 mil personas quedarán con su deuda totalmente saldada” y “miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago”. Asimismo, sostuvo que aquellas personas con ingresos menores al salario mínimo no tendrán obligación de retribuir en el futuro.

En este sentido, relevó que será el Ministerio de Educación el que se encarcará de dar a conocer los detalles de esta propuesta y la situación específica de cada persona que necesite acceder a esta.

Tras esto, el mandatario explicó los alcances del nuevo instrumento que reemplazará al CAE: el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

“Este consiste, básicamente, en que quienes estudien con este nuevo sistema cursarán su carrera sin pagar aranceles, sólo pudiendo existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos”, destacó.

“La gran mayoría de los beneficiarios del FES no deberán desembolsar recursos ni endeudarse, como ocurre hoy con el sistema de créditos universitarios, eliminando de esta manera el estrés asociado al pago o la adquisición de deudas durante esta etapa importantísima de la vida”, indicó el jefe de Estado.

¿Cómo se pagará? El mandatario explicó que “un año después de incorporados al mundo laboral, la o el beneficiario comenzará a realizar una retribución que permitirá a otros estudiar en el futuro, que no podrá ser en ningún caso superior a un 8% de sus ingresos y por un período proporcional al tiempo de su estudio. En régimen, este sistema implicará un gasto fiscal significativamente inferior al que actualmente el Estado desembolsa por CAE”.

Agregó que “los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida. Al mismo tiempo, aumentaremos los estándares de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía sepa cómo se gastan los recursos de todos los chilenos y chilenas”, añadió.

Concluyó señalando que el proyecto queda ahora en manos del Congreso Nacional, tras lo cual destacó que “en tiempos de desconfianza ciudadana con las instituciones y la política, debemos demostrar que somos capaces de hacernos cargo de los problemas concretos que más golpean a las familias chilenas, en este caso el endeudamiento. Y que somos capaces de ponernos de acuerdo en función de un bien común, mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas. Sólo así nuestras instituciones recuperarán el respeto y aprecio de la ciudadanía”.