Boric promulga Ley Antiterrorista: TC visó uso amplio de medidas intrusivas

A partir del mediodía están convocadas autoridades y parlamentarios para participar en la ceremonia de promulgación de la nueva Ley Antiterrorista, que encabezará el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

Si bien la iniciativa había completado su tramitación legislativa a inicios de diciembre pasado, aún faltaba una última etapa de control preventivo en manos del Tribunal Constitucional (TC), que visó completamente el texto despachado por el Congreso.

La sentencia del TC omitió y pasó por alto, incluso, las quejas de parlamentarios oficialistas que estimaban que algunas normas de la nueva ley eran inconstitucionales, ya que supuestamente vulneraban garantías fundamentales

En particular, los diputados del PC y Frente Amplio, con el aval de algunos socialistas, pretendían impugnar un artículo de la reforma, que autoriza el uso de dispositivos electrónicos, denominados IMSI catcher.

Estos aparatos permiten rastrear metadatos y comunicaciones de teléfonos celulares en un radio de kilómetros con el fin de detectar individuos sospechosos y neutralizar amenazas, lo que -a juicio de legisladores de izquierda- vulnera derechos y es invasivo de la vida privada, ya que el uso de esta herramienta no discrimina a las personas a su alrededor.

Los senadores PC (Daniel Núñez y Claudia Pascual) y dos de la DC (Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste), por su parte, hicieron un téngase presente (una mera notificación que no obliga al TC a pronunciarse) para advertir los supuestos problemas de constitucionalidad de esta norma.

Sin embargo, el tribunal, en una sentencia del 23 de enero, pasó por alto estas advertencias y ni siquiera se pronunció respecto del artículo en cuestión por considerar que no era parte de este control preventivo.

Con aquella decisión, el Presidente Boric quedó en condiciones de promulgar la reforma, salvo que hubiera enviado un veto para corregir el punto en cuestión, medida que ya fue desechada.

Inicialmente, el gobierno también tenía dudas de la constitucionalidad del IMSI catcher, medida que fue promovida por senadores y diputados de distinto color político. Incluso, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue una de las promotoras de estos dispositivos, que hoy ya tienen uso en Chile más bien con fines comerciales o privados, pero no del punto de vista penal.

La principal duda del Ejecutivo era de carácter formal y se sustentaba en que la autorización de estos mecanismos de rastreo -que siempre deben ser solicitados por la Fiscalía a los tribunales- no solo quedó para perseguir delitos terroristas. La norma está redactada en términos amplios y una vez que Boric promulgue y publique la nueva ley, el IMSI catcher u otro dispositivo de intervención también se puede emplear para casos de drogas, de control de armas o de crimen organizado.

“En la investigación de hechos constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la presente ley (conductas terroristas), en el artículo 293 del Código Penal (crimen organizado), en los delitos establecidos en la Ley Nº 20.000, que sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y en la Ley Nº 17.798, sobre control de armas..., que tengan pena de crimen, el juez, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, mediante tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares, con el objeto de determinar, registrar y monitorear”, dice el artículo en cuestión.

El articulado detalla que se puede rastrear “la dirección IP; los identificadores MSISDN, SIM, IMEI IMSI; u otros metadatos que permitan singularizar o identificar uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones o sus componentes o aplicaciones en uso”.

Además, la nueva ley señala que se puede proceder a “la georreferenciación o localización de uno o más dispositivos, sistemas informáticos o de telecomunicaciones”.

La norma, que también castiga el mal uso de estas herramientas y ordena eliminar información irrelevante, precisa que “la orden (del juez) sólo podrá concederse cuando existan sospechas fundadas y basadas en hechos determinados de que una o más personas han perpetrado o participado en la preparación” de algunos de los delitos mencionados.

Esta reforma surgió de la fusión de mociones de senadores y de una proyecto del gobierno. Sin embargo, su tramitación solo se agilizó tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, cuyo vehículo también fue quemado con sus cuerpos, en abril del año pasado.

El impacto que provocó el hecho llevó a las autoridades del Congreso a suspender la semana de trabajo en terreno para sacar la reforma a la Ley Antiterrorista, ya que su antigua versión había caído en la obsolescencia. De hecho, la Fiscalía ya no la invocaba debido que resultaba poco práctica para perseguir crímenes, aunque fueran de gravedad evidente.

Sobre ese diagnóstico, el Congreso introdujo cambios para actualizar los tipos penales y darle un nuevo marco a la ley.

Por ejemplo, ahora se tipifica pertenecer o financiar una asociación terrorista, se amplía el catálogo de delitos terroristas y se incluye la figura de terrorista individual conexo e inconexo, el llamado lobo solitario.