Boric promulga Ley que castiga la reincidencia: “Es la reforma al Código Procesal Penal más importante que se ha hecho”

Hasta el gimnasio Manuel Rodríguez, ubicado en la comuna de La Cisterna, llegó el Presidente Gabriel Boric, acompañando de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, entre otras autoridades, para encabezar la promulgación de la Reforma al Código Penal y el Código Procesal Penal, que busca reducir la reincidencia y mejorar la persecución de los delitos de mayor connotación social.

El ministro de Justicia, explicó que esta Ley tiene por propósito central “aumentar las penas en el caso de aquellas personas que reinciden por primera vez y, en segundo lugar, aquellas que tienen reincidencias recurrentes”.

El secretario de Estado, además, destacó que “quizás uno de los aspectos más relevantes de la promulgación de la ley es la reforma al Código Procesal Penal”. “Es la reforma al Código Procesal Penal más importante que se ha hecho en la legislación chilena desde que se dictó el Código”, aseguró Cordero.

Por su parte, la ministra del Interior, precisó que esta Ley forma parte del fast track legislativo acordado en 2023, afirmando que con esta promulgación ya son 23 proyectos despachados en esa agenda y 59 leyes aprobadas en el mandato del Presidente Boric.

Tohá, aseguró que esta ley “va a ser fundamental en el combate contra la delincuencia y, especialmente, en el logro de una justicia que sientan las personas funciona mejor”.

En detalle, desde Presidencia especificaron que el proyecto modifica el Código Penal e introduce modificaciones al Código Procesal Penal con el objeto de obtener “una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado”.

Junto con ello, se incluyen cambios en la Ley de Drogas, añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados.

Además, la iniciativa introduce “normas que consagran medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales”.

Junto con ello, se perfeccionan las reglas sobre producción de prueba para juicios orales complejos, “con la finalidad de terminar con la dilación de la impartición de justicia en este tipo de causas”, según detalla Presidencia.

Asimismo, se incorporan reglas para la agilización de los juicios orales, se amplía la detención en casos de extranjeros y en casos de crimen organizado. Se agrega un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales.

Además, se incorporan normas que regulan “expresamente los tribunales de tratamiento de drogas”. También, “se limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio Público”.