Boric promulga Ley que regula los “narcofunerales”: ¿En qué consiste la normativa?
La ministra del Interior aseguró que esta Ley es “una restricción a los derechos que todas las personas tienen cuando fallecen (...) en beneficio del interés general”.
Hasta la comuna de San Ramón llegó la mañana de este miércoles el Presidente Gabriel Boric, acompañado de la ministra del Interior, Carolina Tohá, del titular de Justicia, Jaime Gajardo, del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y del delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, para promulgar la Ley que regula los denominados “narcofunerales”.
Tras varios meses de tramitación, el pasado 7 de noviembre el Congreso despachó el proyecto que regula los funerales de alto riesgo. De esta forma, una de las normas claves del paquete de seguridad que impulsó el Ejecutivo -conocido como el Fast Track Legislativo- se convierte en Ley.
En la promulgación, el Presidente Boric recordó que la normativa es parte de un compromiso que hizo en la Cuenta Pública 2023. “Es hora de decir cumplimos”, sostuvo.
“Esta ley, como otras que hemos tramitado en nuestro gobierno, son para personas como tú, como tus vecinos y vecinas, para todos los habitantes de San Ramón y de todo Chile que merecen vivir en paz”, afirmó el Mandatario.
Por su parte, la ministra Tohá aseguró que esta Ley es “una restricción a los derechos que todas las personas tienen cuando fallecen, para ellos, incluso para sus cercanos, en beneficio del interés general”.
“Nuestros derechos se terminan cuando empiezan a afectar los derechos de los demás”, aseguró la ministra, agregando que “en el caso de los funerales de estas personas hay ya demasiados antecedentes, que su manera de llevar adelante la despedida cuando pierden una persona es a costa de los demás, haciendo sufrir a los demás, amenazando a los demás, festinando con el miedo de los demás”.
Normas para la realización de funerales de riesgo
En detalle, desde Presidencia explicaron que el objetivo de la nueva Ley es “normar la realización de funerales en que existan circunstancias que permitan presumir fundadamente que su realización representa un riesgo para la seguridad y el orden público”.
En ese sentido, se establece un “catálogo de delitos frecuentes” en este tipo de funerales, para que quienes los cometan en dicho contexto, sean sancionados con la pena más alta: desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales, artefactos pirotécnicos y porte de armas blancas.
En cuanto a la calificación para determinar si un funeral es de riesgo, esta será realizada por el delegado o delegada presidencial, “quien debe considerar el informe técnico de Carabineros de Chile. Además, deberá solicitar información a la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile”, señalaron desde Presidencia.
Además, el proceso funerario deberá llevarse a cabo dentro de 24 horas, desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil hasta el traslado del fallecido al lugar de sepultación o cremación. “Para ello, el Registro Civil y el Servicio Médico Legal deberán dar prioridad a los trámites de este tipo de funerales”, precisaron.
La ministra Tohá, señaló que desde el SML “el féretro se va a ir directo al cementerio. No va a haber una sede social ni ningún lugar donde haya un velorio. El recorrido que ese féretro va a hacer no lo va a decidir la banda del narco que murió, lo va a decidir Carabineros. Solamente por ahí va a poder circular”, aseveró.
En definitiva, Carabineros determinará el trayecto desde el lugar del deceso o Servicio Médico Legal hasta el lugar de sepultura o cremación, asimismo, controlará la identidad de los asistentes e impedirá el ingreso de personas bajo la influencia del alcohol o drogas.
“Si en el camino alguien osa hacer balaceras, fuegos artificiales, hacer desórdenes, cortes de tránsito, hacer irrupciones violentas como son habituales en estos casos, o saqueos como también han sucedido, las penas van a ser agravadas para quienes participen de cualquiera de esos delitos”, sostuvo la ministra.
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