Eran las 19 horas del jueves 2 de enero cuando sonó el celular del exasesor del Segundo Piso Leonardo Moreno. Del otro lado estaba la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya (FA), quien -molesta- repitió las llamadas hasta que Moreno le contestó. Moya desató su furia.

“Me informó que había un problema en la compraventa de la propiedad de Allende, por la existencia de una eventual inhabilidad por parte de las vendedoras, en específico la senadora y ministra”, declaró Moreno ante la Fiscalía. Ese momento también quedó constatado en el testimonio de Moya ante el Ministerio Público.

El exencargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales, cuentan fuentes del Segundo Piso, quedó helado. Era la primera vez en que -durante el año que había durado el proceso de compra- hablaba de este tema con Moya. La alerta -que se desencadenó dos días después de que el gobierno anunciara que tanto la casa de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin serían adquiridas- cayó como una bomba en el corazón de La Moneda.

La molestia de Moya apuntaba a que de inmediato reconoció la gravedad del error y una falla de diseño en el proceso, ya que su división solo se involucró al final de la revisión de la compra, en el último trámite. Previamente todo estuvo en manos de equipos jurídicos más pequeños, como Culturas y Bienes Nacionales.

Explotado el bochorno de la fallida compra de la casa de Allende, en el gobierno se desató una cacería de brujas. Nadie podía entender cómo un proyecto de esa magnitud podía haberse convertido en un autogol.

Menos aún tras haber pasado por más de una docena de abogados, ninguno de los cuales levantó la mano para recordar que el artículo 37 bis de la Constitución le prohibía a la exministra Maya Fernández (PS) celebrar contratos con el Estado. O, peor aún, que el inciso segundo del artículo 60 plantea una inhabilidad para parlamentarios. Es decir, si Isabel Allende (PS) celebraba un contrato con el Estado, corría el riesgo de que el Tribunal Constitucional (TC) la cesara de su cargo, tal como pasó esta semana con una contundente sentencia de ocho votos contra dos.

Por muy increíble o inverosímil que pueda sonar esta historia, la verdad es esa: nadie lo advirtió.

Que lo arregle la Secom

A pesar de que los involucrados han deslizado que hubo banderas rojas, todo indica que las pocas que hubo no estuvieron ni cerca de haber representado la existencia de una inhabilidad constitucional por parte de Allende. Los hechos más evidentes que así lo confirman están en la carpeta investigativa de la causa penal.

La exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (FA) declaró que por vía telefónica le manifestó a Moreno que “era complejo” que la exministra Fernández fuera parte de los vendedores. “A lo cual Moreno me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional”, se lee en su testimonio. Nada dijo sobre la senadora. Pese a las palabras de Sandoval, fuentes del caso comentan que Moreno nunca recibió dicha llamada.

En las declaraciones de la carpeta se recoge otro momento clave. El miércoles 9 de octubre, a las 15 horas hubo una reunión en Presidencia a la cual asistieron la exsectorialista del Segundo Piso encargada de la compra, Bernardita Nazar; la exjefa de gabinete de Bienes Nacionales Denisse Hernández; la exjefa jurídica de Bienes Nacionales Macarena Diez; y Moreno. Cinco abogados de profesión.

Según la declaración de Diez, la abogada expuso una minuta “de uso personal”, pero que conocedores de la causa dicen que nunca fue entregada. Los reparos de Diez apuntaron a dos grandes ámbitos. El primero era formal. Diez se quejó diciendo que “faltaban varios documentos” y reforzó que había que fundamentar “la motivación de este acto y su justificación”.

Luego expuso su segunda aprensión: “Señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una senadora y una ministra de Estado”. Nada se dijo sobre una prohibición o inhabilidad constitucional.

En la declaración de Moreno se constata cuál fue su respuesta. “Les planteamos que el fundamento debían plantearlo en el Servicio Nacional del Patrimonio, por ser tema patrimonial, ya que no era nuestra tarea. Lo segundo, respecto del tema comunicacional, debían verlo con la Secretaría de Comunicaciones (Secom)”, declaró el exasesor presidencial.

Fuentes del caso cuentan que la única minuta que existe la envió el 24 de abril la jefa de gabinete del Servicio Nacional del Patrimonio, Paz Carmona, al exjefe de gabinete de Culturas Gonzalo Pinto (PPD). En sus tres páginas, no mencionó problemas constitucionales: “Se debe tener presente que en la sucesión existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades: Isabel Allende y Maya Fernández. Ello para efectos jurídicos y comunicacionales”, dice el documento.

Esa aprensión política sobre la exministra y exsenadora no era nueva, pero siempre se conversó como algo más estético que de fondo. Fuentes de gobierno comentan que el punto se le transmitió al jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán (FA). Y lo mismo se hizo con el representante de la familia Allende, el abogado Felipe Vio. El yerno de la exsenadora transmitió al gobierno que el tema había sido sondeado, de manera informal, con un experimentado abogado externo al Ejecutivo, pero que no había reparos graves al respecto.

Según cuatro fuentes, el consultor, cuyo nombre se guardaba bajo siete llaves, es el consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rodrigo Quintana. El abogado, quien integra el comité contencioso administrativo del CDE, es un viejo conocido en el PS. E incluso, al menos hasta 2017, era parte del directorio de Imaginacción, la empresa de comunicación estratégica de Enrique Correa, el exministro concertacionista que históricamente ha mantenido lazos con la Fundación Salvador Allende.

En el ejercicio privado de su profesión -en paralelo al CDE- Quintana comparte estudio -QRF Abogados- con el exsupremo Pedro Pierry, el mismo abogado que escribió el informe en derecho que se adjuntó en la contestación que hizo Allende ante el TC. Contactado Quintana, dijo no tener nada que comentar sobre el tema.

¿Paga Moya?

Cuando en el gobierno se pregunta por Moya, la respuesta que se recibe es un coro de halagos por su brillante currículum. Por lo mismo, resulta más difícil de entender que la última persona encargada de revisar el decreto supremo que autorizaba la compraventa no hubiera advertido la existencia de una prohibición e inhabilidad constitucional.

La trayectoria casi perfecta de Moya tampoco calza con ese descuido. Es quizá, como ninguna otra abogada, quien más tiempo ha pasado por la División Jurídica de la Segpres: acumula casi una década en ese equipo, al sumar su paso durante los gobiernos de Bachelet I, Bachelet II y lo que lleva con el Presidente Gabriel Boric.

El camino de Moya en el derecho público tiene un claro punto de partida: el exministro del TC Carlos Carmona. Fue su ayudante en las cátedras que impartía en Pío Nono, y cuando Moya estaba en tercer año, el exministro se la llevó como procuradora a la misma división que hoy le toca dirigir.

Su primera experiencia en la Segpres fue entre 2007 y 2009. Más tarde, entre 2012 y 2014, ejerció como abogada asistente de Carmona en el TC. Entremedio, el año 2013, la memoria que escribió para egresar de Derecho -guiada por Carmona y que se tituló “El principio de precaución”- se ganó el premio que entrega todos los años el TC a los trabajos que aportan al “desarrollo de la justicia constitucional en Chile”. Moya, además, compartió trabajos académicos con otra de las eminencias en derecho administrativo: el actual presidente del CDE, Raúl Letelier.

En 2014, cuando Bachelet llegó a La Moneda por segunda vez, el abogado William García (PS) la llevó de vuelta a la División Jurídica, equipo que encabezó hasta 2018. Luego de suspender su beca de doctorado en Escocia, en 2022 Moya se vino a Chile. Ella misma explicó por qué. “Conocí al Presidente en la universidad, siendo parte de un grupo de amigos en esa época”, se lee en su declaración ante el Ministerio Público.

Este pomposo pergamino no fue suficiente para evitar que el lunes pasado, alrededor de las 12.30, Moya cayera en las garras de los diputados de una comisión investigadora ávida por cortar cabezas.

“Yo, efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como ya he explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden, en este caso particular, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”. La respuesta sólo exacerbó las críticas.

Fuentes de gobierno dicen que lo que Moya quiso explicar se vincula con el mismo análisis de legalidad que hizo el contralor (S) Víctor Merino cuando tomó razón del decreto.

Sin embargo, hay quienes comentan que pretender compararse con el análisis que hace la Contraloría es desconocer cuál es su verdadera misión. “El jefe de la División Jurídica es el abogado de confianza del Presidente. Es su asesor jurídico en todo ámbito. Además, ella omite el mandato que impone el artículo 6 de la ley que creó la Segpres y que exige revisar la ‘coherencia global de los decretos supremos’. A la Contraloría le interesa resguardar la legalidad y la eficiencia de los recursos públicos, pero a ella debería interesarle cuidar la legalidad y constitucionalidad de la firma del Presidente, y no se cuida al Presidente dándole un decreto que contiene una inhabilidad y una prohibición constitucional”, dice un exfuncionario de esa misma división.

Que Moya pretendiera limitar su trabajo a un mero análisis de legalidad no se condice con su propia declaración ante la Fiscalía. “La segunda área de trabajo es la revisión de todo lo que lleva firma del Presidente de la República. Este equipo es llamado por nosotros ‘Equipo de Potestad Reglamentaria’”, dijo ante el Ministerio Público. Lo que menciona Moya, la “potestad reglamentaria”, está regulada en el número 6 del artículo 32 de la Constitución.

No solo eso. Su división es la encargada de llevar los litigios ante el TC. Esa es la razón por la cual fue la misma Moya quien se equivocó en el requerimiento del Ejecutivo contra una docena de glosas de la Ley de Presupuesto 2025, cuando olvidó adjuntar un documento, corriendo el riesgo de que el libelo no fuera admitido a trámite.

El puesto que ocupa Moya tiene destacados antecesores. Todos partieron jóvenes. En Aylwin estuvo Pedro Correa. Con Frei hizo su debut un joven Carmona, de 33 años. Luego se repitió el plato con Lagos -ganándose el apodo de “la República”-, y lo mismo pasó con Bachelet I. Cuando se fue al TC dejó a Jorge Claissac, quien tenía 40 años. En el primer gobierno del expresidente Piñera fue Sebastián Soto, de tan solo 32 años, quien llegó a dicha jefatura. “No firmo nada que no haya visto antes Soto”, era lo que solía repetir Piñera. En Bachelet II llegó García, de 33 años. En Piñera II asumió María Fernanda Garcés, con 38 años, y finalmente Moya, quien en marzo de 2022 tenía 36 años.

El apodo de Carmona no era al azar. “Él era capaz de saltarse a cualquier ministro. Subía directamente al despacho presidencial y sin vacilar echaba para abajo asuntos si tenía algún reproche o dudas”, cuenta un exinquilino de Palacio.

En la carpeta del caso penal hay un antecedente que podría complicar aún más a Moya. Quien lo reveló fue el jefe de la División de Bienes Nacionales de esa cartera, Pablo Maino. “Recuerdo que Francisca Moya consultó si el decreto supremo que autorizaba la compra estaba sin identificar a quienes eran sus propietarios, a lo que Macarena Diez señaló que sí estaban identificados en el decreto”, declaró Maino, haciendo referencia a una reunión en La Moneda realizada el 3 de enero, cuando el caso ya había explotado y se intentaba buscar una salida. Es decir, Moya no había visto el detalle del decreto que ella misma visó.

De la cadena de errores ya han caído varios: Sandoval, Fernández, Diez, Hernández, Moreno, Nazar, Allende e indirectamente el exjefe del Segundo Piso Miguel Crispi (FA). Por eso es que en el oficialismo y en la oposición presionan para que Moya pague su responsabilidad política.

Cuando la directiva del PS se reunió el lunes con Boric, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, le dijo al Mandatario que de nada ayudaba que Moya siguiera en su cargo. Boric replicó diciendo que la abogada cuenta con toda su confianza.

La derecha ha sido aún más agresiva. Pese a que dentro del PS el más indignado con su permanencia es el senador Alfonso de Urresti, fue la oposición la que ha dicho que si La Moneda insiste en blindarla, acusarán constitucionalmente al exministro Segpres y actual titular de Interior, Álvaro Elizalde (PS). Por su parte, la diputada Paula Labra (Ind-RN) dijo que si no la sacan, no dejará entrar al subsecretario Segpres, Nicolás Facuse (PS), a la sala de la Cámara. La bancada RN además llevó a Moya hasta la Contraloría y la acusan de incumplimiento de sus obligaciones.

Por ahora, el principal apoyo de Moya en La Moneda son Elizalde y Lobos, quienes se rehúsan a dejarla caer. Pero paulatinamente en Palacio se ha ido quedando sola.

En la alianza de gobierno creen que lo que la afirma es la estrecha amistad con Boric. No por nada el Jefe de Estado, en febrero de 2019, cuando era diputado, posteó un homenaje a su amiga en Instagram. “Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo”, publicó el 7 de febrero de ese año. Un día después volvió a postear: “Francisca Moya tiene el súper poder de arreglar el mundo”.