Calculadora ayuda a La Moneda: la ventaja constitucional que tienen Tohá y Elizalde para salvar gran parte del veto por usurpaciones

Un estrecho margen para navegar en el Congreso tendrán en las próximas semanas la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quienes el viernes pasado, casi al filo de la hora, ingresaron las observaciones (vetos, en la jerga legislativa) que hizo el Presidente Gabriel Boric al proyecto de ley que endurece medidas en contra de la usurpación de propiedades.

Hasta ahora, las declaraciones de la oposición son críticas al veto enviado por el Mandatario, que en realidad está fraccionado en 14 vetos que buscan corregir el texto despachado el 30 de agosto por el Senado y la Cámara de Diputados.

No obstante, el rechazo de las fuerzas opositoras inicialmente no sería problema para los aspectos que el gobierno pretende eliminar de la iniciativa, como las usurpaciones “transitorias” (por ejemplo, por una protesta) y la figura de “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un propietario poder recurrir a la fuerza por medios propios para recuperar un terreno. A juicio del Ejecutivo, ello generaba un mecanismo de “autotutela” o de “justicia por mano propia”.

Para suprimir esos capítulos, La Moneda sólo necesita reunir un poco más de un tercio del Senado, es decir, 18 senadores (si es que hay asistencia completa), justo la cantidad que suman las bancadas oficialistas. ¿La razón? La Constitución le otorga poderosas facultades al Presidente de la República para imponer su voluntad, pues se borra igualmente la parte objetada si es que se rechaza el veto. Por el contrario, si el Congreso quisiera insistir con su texto debe reunir dos tercios de los senadores y de los diputados.

De hecho, la ventaja que le otorga la Carta Fundamental les permite a los ministros Tohá y Elizalde no depender ni siquiera de la DC ni de los senadores independientes Fabiola Campillai y Karim Bianchi.

En el caso de las ocupaciones con violencia o intimidaciones contra personas, el Ejecutivo mantiene la misma pena de presidio (541 días a 5 años) que redactó el Parlamento, por lo tanto, ello ni siquiera fue parte de las observaciones. Únicamente La Moneda propone suprimir que no se aplique ese mismo castigo de cárcel a quienes protagonicen ocupaciones con fuerza en objetos (una puerta o un cerco). Para eliminar sólo ese punto, el Ejecutivo también necesita 18 senadores (que podrían ser incluso menos si hay pocos presentes en la Sala).

En subsidio para aquellas tomas con fuerza sobre cosas, el gobierno propone una escala de presidio inferior, de 61 días a 541 días. En ese punto, la derecha sí tendría una ventaja para rechazar la propuesta gubernamental, pues se trata de un veto aditivo (que añade un artículo nuevo). No obstante, los legisladores de derecha se arriesgan a que en este tipo de usurpaciones no haya pena.

La discusión del veto se complica, sin embargo, en el catálogo de penas que propone el Ejecutivo para las tomas de inmuebles en las que no se haya registrado violencia contra personas y ni fuerza contra objetos. En este punto, el gobierno plantea que el juez decida si aplica una multa o presidio.

La derecha -que exigía que el delito de usurpación partiera con penas de cárcel-, ya advirtió que rechazará ese aspecto, mientras que en las bancadas de izquierda -que se oponían a la privación de libertad para perseguir lo que llamaban “tomas pacíficas”- también hay reparos.

Si bien, hoy en Radio ADN, el Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró que el veto elimine la figura que permitía una “justicia por mano propia”, dejó en suspenso el eventual apoyo del PC a la nueva propuesta de penas para aquellos casos en los que no hubo violencia. “Puede haber alguna excepción”, advirtió el timonel comunista, quien agregó que prefería dejar un “espacio” de análisis a sus bancadas para fijar una postura.

Que se caiga esa parte del proyecto ley, en ningún caso, es negativo para la izquierda, pues siempre hubo resistencia a penalizar aquellas tomas sin violencia.

La alternativa que tiene la oposición es tratar de recalificar el veto, al menos en esa parte, para tratar de que se caiga la propuesta de La Moneda y buscar alguna fórmula que haga prevalecer el texto del Congreso.

Sin embargo, una maniobra de cirugía legislativa este plano no es clara y puede ser impugnada por el gobierno ante el Tribunal Constitucional, donde el oficialismo cuenta con el voto de dirimente de su presidenta, Nancy Yáñez.

Sobre los próximos pasos tras el ingreso de las observaciones del Ejecutivo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, detalló que el veto se enviará a la Comisión de Seguridad. “Es la Comisión de Seguridad, el presidente (el senador Evópoli Felipe Kast), que califica. En primera instancia califica dos cosas: la admisibilidad del veto y la categoría del veto, que pueden ser tres distintos (supresivo, sustitutivo y aditivo) y eso lo hace el presidente de la Comisión de Seguridad”.

Posteriormente, explicó que “se evalúa, se estudia en la comisión y cuando se vota, posteriormente va a la Sala. Ahí a su vez yo tengo la opción de calificar lo que la comisión ha planteado, teniendo que ver la admisibilidad con las ideas matrices y efectivamente el carácter que tiene. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo votos admisibles que no, vetos admisibles que no, y no es lo mismo la calidad en que esto se plantea, si es sustitutivo, aditivo o supresivo, porque obviamente que la naturaleza es diferente”.