Congreso aprueba extender por 15 días el Estado de Excepción en la Macrozona Sur con desmarques del oficialismo y rechazos de la oposición

El Congreso aprobó y despachó este miércoles la solicitud del Presidente Gabriel Boric para prorrogar por 15 días más el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur, que entró en vigencia el 17 de mayo.

Esto luego de que el Senado visara la petición por 31 votos a favor, uno en contra -de Fabiola Campillai- y dos abstenciones, de los UDI José Durana e Iván Moreira.

Más temprano, durante la mañana, la petición fue respaldada por la Cámara con un resultado menos amplio del que se esperaba, con 19 votos en contra -principalmente de la derecha-, 13 abstenciones y 100 a favor.

Para la votación de la primera extensión requerida por el Presidente -el 14 de junio-, la medida fue respaldada 126 votos diputados. En esta segunda oportunidad el gobierno tuvo más resistencia por parte de las bancadas de oposición, lo que quedó de manifiesto con los 26 votos menos que obtuvo. De hecho, 12 legisladores de Chile Vamos y Republicanos rechazaron, pidiéndole al gobierno dejar el carácter de “acotado” del estado de excepción, que está limitado a caminos y rutas de la Macrozona Sur.

Así, de la oposición dieron su voto en contra los diputados Gustavo Benavente, Álvaro Carter, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Cristóbal Martínez, Marco Antonio Sulantay, del comité UDI; Paula Labra del comité RN y Christian Matheson y Francisco Undurraga, de Evópoli. A ellos se sumaron los legisladores de la Macrozona Sur Sergio Bobadilla (UDI, Biobío), Miguel Mellado (RN) y Gloria Naveillan (Partido Republicano) de La Araucanía.

Además, en la bancada UDI-Ind. se abstuvieron Jorge Alessandri, Fernando Bórquez, Joaquín Lavín, Daniel Lilayu, Marlene Pérez y Natalia Romero.

En el Senado ocurrió una situación similar, donde algunos de los legisladores gremialistas se abstuvieron o rechazaron la petición presidencial.

En la vereda contraria, entre quienes no adhirieron a la postura oficialista estuvieron las diputadas María Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro (ambas independientes-PC); Emilia Nuyado, del Partido Socialista; Ericka Ñanco, Clara Sagardia, del comité Frente Amplio; además de los legisladores Félix González (PEV) y Pamela Jiles (PH).

Las abstenciones oficialistas fueron de Viviana Delgado (independiente-PEV); Ana María Gazmuri, Carmen Hertz, Camila Musante, Hernán Palma y Tomás Hirsch de la bancada PC, FRVS e Independientes; y del diputado independiente-PPD, Carlos Bianchi.

En tanto, contrario a la primera prórroga, cuando solo la mitad de la bancada del Frente Amplio (10 de 20 diputados) apoyó la medida, en esa ocasión quienes se habían abstenido votaron a favor. Esto, a diferencia del caso del comité PC-Frevs-Independientes, donde ahora hubo seis legisladores que no respaldaron la solicitud.

Tras la votación, la ministra del Interior, Izkia Siches, valoró el respaldo recibido por la medida en el Senado, “tanto del oficialismo como de la oposición”.

“Este es un problema centenario, no fácil de resolver, no hay soluciones rápidas ni sencillas en esta línea, pero estamos trabajando día a día en conjunto con la ministra de Defensa (Maya Fernández), en conjunto con nuestras policías, con las FF.AA., para llevar paz y tranquilidad a la zona, como también hacernos cargo de los temas de fondo”, destacó la secretaria de Estado.

Consultada por una posible nueva extensión en 15 días más, y el apoyo que pueda recibir del oficialismo, la titular de Interior indicó que “me quedo con el tenor de la discusión que dimos justamente en el Senado: hay una perspectiva de que hay problemas complejos, de que hasta no logremos resolver parte de los temas estructurales que hay en torno a este conflicto, sin duda vamos a necesitar de algunas soluciones que, sin duda, son parches, pero necesarias”

En este sentido, Siches sostuvo que el gobierno junto a las policías evalúa de manera semanal la situación en la Macrozona Sur, y que en la medida de que se vayan resolviendo los problemas de seguridad, “esperamos requerir esta medida lo menos posible”.

Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que la votación en la Cámara Alta “da cuenta de que existe un amplio consenso de que la medida que ha invocado el Presidente de la República es necesaria, toda vez que se han producido hechos de violencia que son inaceptables y se debe garantizar la seguridad de las personas”.

“De todas maneras, hemos insistido en la necesidad de una política integral: por una parte, la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad de las personas; en segundo lugar, la persecución legal de quienes delinquen, pero al mismo tiempo el diálogo que permita hacerse cargo de una deuda histórica que se ha postergado por mucho tiempo y que es necesario abordar”, agregó.

El titular de la Cámara Alta cerró señalando que “en su momento, el Senado tendrá que pronunciarse nuevamente si el gobierno decide mantener esta medida”.

La postura contraria de sectores de Chile Vamos y Republicanos fue advertida al comienzo de la jornada. “La inmensa mayoría de los diputados de la coalición vamos a rechazar este estado de excepción”, señaló temprano Francisco Undurraga.

Ante las advertencias -y durante su gira a la región de Arica y Parinacota- el Presidente Boric llamó a los legisladores de derecha y de su propio sector a apoyar la solicitud del gobierno.

“Esperaría que los parlamentarios de cualquier sector no tratemos de hacer gallitos entre gobierno u oposición o identidades unas u otras cuando se trata de la seguridad de la gente. Acá nosotros estamos actuando y utilizando las herramientas que nos da el estado de derecho para garantizar la seguridad de los habitantes de la provincia de Arauco y la región de La Araucanía, y por lo tanto, yo espero que el parlamento colabore con esto y que no entremos en discusiones semánticas que al final de día entre estos gallitos de la política pueden terminar perjudicando a la misma población que representan”, señaló.

Quien también hizo un llamado al Congreso fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo quien planteó que “cuando las herramientas que usamos como gobierno para enfrentar los hechos de violencia funcionan y tienen resultado, esperamos que sean acogidas por parte de los parlamentarios y parlamentarias, sea cual sea el sector”.

Por su parte, y desde el hemiciclo, la ministra del Interior, Izkia Siches, defendió la prórroga solicitada asegurando que “nuestro gobierno sí tiene un plan y más allá de nuestras diferencias creo que todos debemos admitir que hemos estado desde el primer día abocados y preocupados por lo que ocurre en nuestro sur para enfrentar tanto estos hechos de violencia como contribuir al buen entendimiento y al buen vivir de quienes habitan este territorio, mapuches y no mapuches”.

Y aunque la aprobación de logró, el paso de la prórroga por la Cámara estuvo marcado por los votos en contra, por primera vez, de parlamentarios opositores.

Manifestando lo anterior, la diputada Naveillán (Ind-Republicanos), sostuvo en su intervención: “Le digo al Presidente, hágase responsable, porque cada muerte que venga será su responsabilidad, por no cumplir con el mandato de la ciudadanía de resguardar el orden público. Mientras no se haga esto votaré en contra de la medida hasta que el gobierno deje de bailar al compás del PC, decrete el Estado de Excepción que se requiere y comience, de una vez por todas, a gobernar en favor de las personas”.

Bobadilla, por su parte, apuntó sus dardos al titular de la Segpres: “El ministro (Giorgio) Jackson no viene, o viene y se va rápidamente. No habla, es un ministro fantasma que demuestra su más absoluto desprecio... Cómo no va a ser un ministro fantasma si desprecia totalmente a esta corporación. Esto es un hecho cierto y está a la vista. Es más, senadores del PS lo califican de pusilánime o que solo está preocupado de la destrucción de instituciones democráticas. No lo digo yo, lo dicen los socialistas”.

Desde el oficialismo, la diputada Nuyado -que tampoco aprobó la primera solicitud- reafirmó que seguirá “votando en contra del Estado de Excepción”, mientras que Ñanco aseguró que “el peor error sería celebrar una baja de atentados, entre comillas, como un triunfo de las armas. Con esto abrimos la peligrosa puerta de normalización la intervención cotidiana de militares en funciones policiales y eso es precisamente lo que no queremos”.

En la solicitud realizada al Parlamento, el gobierno entregó un resumen de la efectividad de la medida en la Macrozona Sur, que entró en vigencia el 17 de mayo a raíz del aumento de los hechos de violencia en la Región de La Araucanía y en la provincia de Arauco, en la Región del Biobío y que incluye el despliegue de Fuerzas Armadas.

Según detallaron, en los primeros 33 días del Estado de Excepción -entre el 18 de mayo al 21 de junio- los “eventos denominados de violencia rural han disminuido un 30,7% respecto del periodo inmediatamente anterior dentro de la Macrozona Sur (regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos). Más aún, dentro de las provincias donde se implementó el Estado de emergencia se ha observado una disminución del 29,4% de los casos de violencia rural una vez entrada en vigencia la medida constitucional”.

El documento del gobierno agrega que “se ha observado una disminución en la cantidad y gravedad de los eventos. Lo anterior se ha traducido en el descenso de los camiones incendiados, la desaparición de las usurpaciones violentas, la reducción en más de la mitad de los eventos con armas de fuego y la baja en la cantidad total de comunas afectadas. Esta disminución se visto especialmente expresada en las comunas de Tirúa y Traiguén, con disminuciones de 75% y 85% en los casos, respectivamente”.

Por lo mismo, justifican la mantención de la medida ya que “no todas las comunas de las provincias afectadas por el Estado de Excepción Constitucional, han mostrado estas auspiciosas cifras”.

Sobre el despliegue de efectivos, se informó que “Carabineros ha puesto a disposición a alrededor de 300 efectivos diarios, en promedio” y que diariamente las FF.AA. despliegan, en promedio, “en torno a 1.300 efectivos”,

“Finalmente, se han efectuado 20.917 controles preventivos, 13.760 de carácter vehicular y 7.157 controles de identidad. El 73% de los controles los realiza solamente Carabineros de Chile y el resto en conjunto con las FF.AA. (operativos mixtos)”.