Cámara aprueba test de drogas a diputados: iniciativa incluye que resultados sean públicos y elimina inhabilidades directas
Respecto a las normas transitorias, se aprobó que “todos los diputados en ejercicio deberán someterse a un control de drogas dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de aprobación del presente reglamento”. Es decir, todos los legisladores de la Cámara Baja deberán realizar ese trámite en los días posteriores a la publicación en el Diario Oficial.
El martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a Sala el reglamento para aplica un test de drogas a los legisladores, tras revisar las indicaciones en particular.
Es así que este miércoles la Sala de la Cámara Baja sesionó para examinar en general las nuevas indicaciones presentadas el martes por la Comisión.
El examen se transformó en norma legal al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Pero, para su implementación, requería de un reglamento específico que la propia Cámara debía establecer.
En detalle, la normativa busca elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, además de evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo con los parlamentarios.
Una de las dificultades que tuvo el proyecto para avanzar en la Cámara se dio el pasado 13 de junio, cuando el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), al comienzo de la sesión, solicitó votar el miércoles 15 del mismo mes, en primer lugar de la tabla, el reglamento. En la ocasión, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, no dio la unanimidad para que el tema pasara del tercer al primer puesto de la tabla.
Fue así que recién el 28 de junio se votó en general en la Sala de la Cámara de Diputados presentando las indicaciones del reglamento que el martes fueron revisadas por la Comisión.
En tanto, en la comisión se dilató la discusión el pasado 5 de julio cuando los parlamentarios no alcanzaron a discutir las indicaciones por falta de tiempo. Lo mismo ocurrió al día siguiente cuando tampoco hubo unanimidad para ponerlo en tabla.
Indicaciones presentadas por la Comisión de Constitución
Entre las nuevas indicaciones aprobadas al reglamento por la Comisión y que fueron ratificadas por la Sala, se acordó suprimir los incisos primero y segundo del artículo 11 por “inconstitucional”. Estos establecían que “el diputado cuyo examen arroje un resultado positivo deberá inhabilitarse de todas las votaciones relacionadas con la prevención y control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización, contempladas en la ley N° 20.000″ y que “el diputado que se niegue injustificadamente a realizarse el control, tendrá como sanción adicional la establecida en el inciso precedente”, es decir, la inhabilitación.
Respecto al secreto bancario, se aprobó el reemplazo el artículo 7 por los siguientes puntos: “Todos los diputados de esta Cámara, independiente de la realización del test de drogas, deberán presentar una autorización de levantamiento de secreto bancario, la que será enviada por escrito dentro de los 15 días siguientes al inicio de periodo legislativo, por el funcionario nombrado en virtud del artículo 6°, con el fin de transparentar sus fuentes de ingresos y gastos y así evitar la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico, además de cualquier vínculo entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país”.
“Si el funcionario detectare movimientos que superen las 800 unidades de fomento, individualmente considerados o en su conjunto, durante el lapso de un mes, derivará los antecedentes a la comisión de Ética y Transparencia de esta Cámara, la cual solicitará al diputado en cuestión la justificación del movimiento financiero”.
El levantamiento del secreto bancario se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de los titulares, observando las prescripciones de la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal, o el texto que la reemplace.
También se estableció que “si la persona sorteada se negare injustificadamente a entregar la información requerida a la que hace referencia este artículo, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, con las medidas que señala el artículo 347 del Reglamento de la Corporación y las accesorias que indica el artículo 348 del mismo estatuto interno”.
Uno de los puntos que generó debate tiene relación con una indicación del diputado Coloma (UDI), quien propuso intercalar en el artículo 1°, entre el vocablo “aleatorios” y la palabra “mediante”, la frase “cuyos resultados serán públicos”. Este fue rechazado el martes por la Comisión, sin embargo, este miércoles se aprobó con 86 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones. Por lo tanto, los resultados del test serán de carácter público.
Otro tema relevante fue que, dentro de las normas transitorias, se aprobó la propuesta del diputado Coloma y de la diputada Pamela Jiles, quienes plantearon lo siguiente: “Todos los diputados en ejercicio deberán someterse a un control de drogas dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de aprobación del presente reglamento”. Es decir, todos los legisladores de la Cámara Baja deberán realizar ese trámite en los días posteriores a la publicación en el Diario Oficial,
Lo anterior, según fuentes parlamentarias, podría generar controversia, abriendo la posibilidad a que diputados puedan recurrir a acciones legales.
Indicaciones del proyecto sin modificaciones
En detalle, entre las indicaciones aprobadas el 28 de junio en la Sala y que no tuvieron modificaciones ni en la Comisión ni en la Sala este miércoles se encuentra aquella que plantea que semestralmente los diputados se someterán a un control obligatorio de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. El procedimiento de control comprenderá a todos los diputados, sin excepción, de manera aleatoria y semestral.
Se establece, además, que cada legislador se deberá hacer el control, al menos, dos veces durante el periodo legislativo.
El test se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de las y los diputados, de acuerdo a la normativa sobre protección de los datos de carácter personal.
La técnica a aplicar será el examen de pelo. Se utilizará un laboratorio autorizado por la autoridad sanitaria y que se adjudicará cada cuatro años mediante licitación pública.
Debate parlamentario
Durante la sesión, desde la oposición se manifestaron en contra a que los resultados de los exámenes no fueran de conocimiento público, modificación que ayer había sido rechazada, en ese sentido, el diputado Felipe Donoso (UDI), señaló que “debemos ser capaces de darle publicidad, de ser transparentes (...) ¿Por qué los diputados vamos a tener el privilegio de hacernos un examen de droga salir positivo y ocultarlo y que nadie sepa? eso no corresponde”, reparó.
Misma línea sostuvo el diputado republicano, Luis Sánchez, quien recriminó que ayer durante la votación en particular en la Comisión de Constitución se aprobaron, a su juicio, “indicaciones que nada tienen que ver con lo buscado que es transparentar la eventual dependencia de algunos miembros del congreso con drogas y el evidente financiamiento del narcotráfico”, y emplazó a sectores de “la izquierda”, que a su juicio, “quiere enredar el debate (....) eliminaron la publicidad del resultado y trataron de cambiar el test de pelo por uno de orina que significaría que el resultado mediría unos pocos días”.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) resaltó que “cuando decidimos hacernos el test de drogas lo hacemos para algo, para que la gente sepa si su parlamentario por el que voto es o no es consumidor de drogas”.
Desde el Partido Comunista (PD), la diputada y presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, Karol Cariola, celebró la medida y explicó que hoy “se aprobó una indicación que establece que se puede hacer un test a todos los parlamentarios dentro de los próximos 30 días, pero además yo quiero decir nosotros incorporamos una indicación que me parece la más importante, que es la que permite abrir el secreto bancario a todos los parlamentarios”.
En tanto, la diputada Ana María Gazmuri criticó el reglamento argumentando que le “parece un proyecto errado, populista que va en la dirección contraria por donde camina el mundo que es justamente desde una perspectiva de derechos humanos, del cuidado, la no estigmatización y no criminalización de los usuarios”.
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