Cámara de Diputados aprueba indicación que prohíbe gratuidad en primer año universitario a alumnos sancionados por hechos violentos
La propuesta fue rechazada por la mayoría de los parlamentarios oficialistas, a excepción de los diputados del Partido Liberal Vlado Mirosevic, Sebastián Videla y Alejandro Bernales, y el diputado radical Alexis Sepúlveda.
En la tarde de este miércoles y en medio del debate presupuestario, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 76 votos a favor, 56 en contra y tres abstenciones, una indicación que impide que los estudiantes de 3° y 4° medio sancionados por hechos violentos accedan a la gratuidad en su primer año universitario.
La iniciativa -ingresada por la bancada UDI- contó con la aprobación de la oposición, la Democracia Cristiana y de algunos legisladores oficialistas los diputados del Partido Liberal Vlado Mirosevic, Sebastián Videla y Alejandro Bernales, y el diputado radical Alexis Sepúlveda.
“Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso”, establece la normativa aprobada.
De esta manera, la propuesta fue visada para avanzar a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Al respecto, los diputados UDI e integrantes de la Comisión de Educación de la corporación, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo aseveraron que “una persona que en vez de ir a estudiar se dedica a participar en este tipo de actos, privando a miles de alumnos de su derecho a la educación, no es merecedor de ningún otro beneficio estatal”.
“Por eso es que presentamos esta indicación, para prohibir que todos los estudiantes sancionados por Aula Segura, los famosos ‘overoles blancos’ y los encapuchados sigan dañando el sistema”, cerraron.
La diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) enfatizó que “los delincuentes y violentistas que se dedican a dañar la educación pública y a prohibir que miles de alumnos no accedan a su derecho a la educación, no merecen que con los impuestos de todos los chilenos se les financie la educación superior. Nuestra obligación es erradicar cualquier tipo de violencia del sistema escolar y no extenderla a otra área de la educación”.
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