Por 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que buscaba terminar con las llamadas telefónicas indeseadas que realizan empresas. La iniciativa, que llevaba siete años de tramitación, tenía su origen en la fusión de un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet y un par de mociones de autoría de los senadores Alfonso de Urresti y Pedro Araya, y de los exsenadores Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín.

Los diputados llegaron a la sala del Cámara para votar el informe de la comisión mixta -conformada por diputados y senadores- que abordaba 22 nudos que surgieron a lo largo de la tramitación.

Inscritos para debatir estuvieron, en mayor medida, parlamentarios de oposición, quienes plantearon sus dudas.

Quien abrió los fuegos fue el representante de RN, Andrés Longton, quien señaló que en la norma que votaron “se establecen sanciones que son absolutamente desproporcionadas en razón de la infracción cometida”.

Longton, además, anunció que su bancada se va a decantar por la abstención o el rechazo a la iniciativa.

Quien secundó esa idea fue su correligionario Diego Schalper, quien manifestó que “si hay pequeños y medianos emprendedores que quieren emprender en cuestiones tecnológicas que puedan tener que ver con datos personales, se ven enfrentados a una sanción administrativa y terminan con una multa que los revienta”.

Desde el oficialismo, el diputado Leonardo Soto (PS), llamó a aprobar el informe de la comisión mixta, indicando que “fue aprobado por el 90% de los senadores presentes”, criticando, a su vez, a los RN por el rechazo a la iniciativa, “cuando el presidente de su partido, el senador Galilea, aprobó y respaldó este sistema de multa”.

Posteriormente, el subjefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, sostuvo que aprobar la ley con las multas establecidas “es una cachetada de payaso, no se va a poder implementar, no se va a poder sancionar a nadie, todo va a caer en recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el TC”.

El último diputado en intervenir fue Vlado Mirosevic (PL), quien recogió los planteamientos de los representantes de la oposición. “Creo que el Ejecutivo nos tiene que aclarar de manera muy precisa si lo que han dicho algunos de mis colegas aquí es cierto o no, respecto de las multas de las infracciones, de aquellas que son leves, graves y gravísimas”.

“Me parece importante que el Ejecutivo aclare cuál es el rol que va a tener el dolo, la reiteración respecto de estas multas”, insistió el diputado liberal.

Para responder las dudas, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, señaló que “el sistema sancionatorio es los montos que se han establecido en caso de reincidencia, es decir, cuando una conducta grave que ha actuado con dolo las empresas, se repite la misma conducta en 30 meses”.

“La posibilidad de los topes son solo para las grandes empresas en casos de infracciones graves y gravísimas, las pequeñas empresas están eximidas de este régimen sancionatorio”, explicó la subsecretaria.

Respectos a las multas, Lobos detalló que “son disuasivas, en ningún caso son desproporcionadas, van en la línea de lo que es el derecho comparado, hemos aplicado en este proyecto anclarnos al reglamento de la Unión Europea en tratamientos de datos para facilitar el tráfico de datos internacionales”.

Finalmente, el proyecto se cayó por la falta de 12 votos, pues requería un total de 78 al tratarse de una ley orgánica constitucional.

Los votos favorables estuvieron en el oficialismo, además de personeros de fuerzas de centro como Eric Aedo (DC) y Miguel Ángel Calisto (Demócratas); mientras que las abstenciones y los votos en contra radicaron en parlamentarios de oposición.

Entre las actividades comerciales que se restringirán de forma importante son las llamadas indeseadas de las empresas, mediante las cuales se ofrecen diferentes productos y servicios, el conocido spam telefónico.

Al ser el número telefónico uno de los datos protegidos por la ley, el ciudadano podrá invocar su “derecho de oposición”, es decir, podrá plantearle a la compañía su negativa a que se siga usando su información personal “con fines de mercadotecnia o marketing directo de bienes, productos o servicios”.

El abogado Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), desde donde promovió la discusión de esta iniciativa, dijo que “uno de los ámbitos en los que más se va a notar el funcionamiento de la nueva Ley de Protección de Datos, debería ser el de las llamadas telefónicas indeseadas, o sin previo consentimiento, cuando sean de marketing”.

“En el caso de las llamadas se van a activar los nuevos derechos llamados ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)”, comentó.

Las sanciones económicas a las empresas podrían fluctuar, inicialmente, entre $ 330 millones a $ 1.320 millones. Incluso esos valores podrían triplicarse o llegar a ser el 4% de los ingresos anuales de una firma si la Agencia de Protección de Datos Personales detecta conductas reincidentes y agravantes.

Junto con ello, el proyecto crea una agencia estatal de protección a los datos personales.