El debate en la Cámara de Diputadas y Diputados por la llamada ley Naín-Retamal, que comenzó a las 15 horas, ya llevaba cerca de cincuenta minutos y todavía no se hacía presente en la sala ningún representante del gobierno.

El hecho motivó al diputado Jorge Alessandri (UDI), quien preside la Comisión de Seguridad, a lanzar una ironía: “Le quería preguntar a la mesa o señor secretario si al colegislador, al Ejecutivo, lo notificaron de que hoy se veía este tema acá para que la ministra (Carolina Tohá) se pueda conectar por Zoom si es de su interés”.

La ausencia gubernamental, sin embargo, tenía una explicación. A esa hora, a metros de distancia, en el Salón Carlos Lorca, las ministras Carolina Tohá (Interior), Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia), Jeannette Jara (Trabajo), además del titular de Justicia, Luis Cordero, participaban de una tensa reunión con representantes de los comités oficialistas. A esas alturas, ya estaba claro que las bancadas de Apruebo Dignidad (PC, Frente Amplio, Acción Humanista y Frevs) no apoyarían el texto acordado el día anterior en el Senado.

Esa postura irreductible se manifestó en las 17 votaciones que se dieron horas después en la Cámara. De partida, ya la decisión de las bancadas del Frente Amplio y el PC de pedir tantas votaciones separadas respecto del texto que había despachado el Senado, era una señal de que había ánimo de rechazar varios aspectos introducidos a la ley Naín-Retamal.

Sin embargo, en el punto más controversial (el artículo que establecía una legítima defensa privilegiada a policías, gendarmes y también miembros de las FF.AA.) la fractura del oficialismo se hizo más evidente.

La disposición fue aprobada por 87 votos a favor, 51 en contra y tres abstenciones. A favor estuvieron casi todas los integrantes del Socialismo Democrático (PS, PPD, radicales y liberales), mientras que los miembros de Apruebo Dignidad estuvieron casi unánimemente en contra. Las únicas excepciones de votos cruzados fueron la socialista Emilia Nuyado, quien rechazó, y el exmilitante del Frevs, Félix Bugueño, quien aprobó el controversial artículo que facilita el uso de armas en situaciones extremas.

En este punto, en todo caso, la derecha también actuó dividida. RN, la UDI y Evópoli -que durante la mañana habían planteado sus dudas respecto de si aprobar el proyecto tras los cambios implementados en la Cámara Alta- respaldaron la indicación acordada en el Senado, mientras que los diputados republicanos votaron en contra, a contrapelo incluso de sus senadores Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena, el día anterior. Esto generó una sorpresiva conjunción de los dos extremos de la Cámara en rechazo al nuevo estatuto de legítima defensa, aunque por razones distintas.

Superada la votación más sensible de la jornada, minutos después, la Cámara terminó de aprobar todos los aspectos objetados del texto. Con ello, la iniciativa fue “despachada a ley”. Es decir, ahora queda en manos del Presidente Gabriel Boric decidir si procede a su promulgación o bien realiza algunas correcciones a través de un veto.

“Para Chile es muy importante dejar atrás esta larga etapa en que las policías han sido materia de disputa, de discordia. Necesitamos que los policías sientan apoyo de la sociedad para desarrollar su función, reglas claras y también límites a su actuación. Como alianza de gobierno vamos a persistir en trabajar en esa dirección”, manifestó la ministra Tohá, desde el Congreso tras la aprobación del proyecto.

En la misma línea, apuntó que “se terminó de tramitar un arduo debate que ha sido intenso, que no ha sido fácil, pero que concluyó con un apoyo muy amplio, con el objeto de entregar a las policías un estatuto de mayor protección”.

El problema para el gobierno es que la fractura del oficialismo dejó un flanco abierto. Las bancadas del PC y del Frente Amplio ratificaron que intentarían presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por los artículos que elevan penas o restringen beneficios carcelarios a quienes atenten contra policías.

“Más que gatillo fácil, (esta ley) era licencia para matar. Esa licencia ahora está un poco más acotada y creemos que todavía tiene deficiencias. El gobierno intentó, hizo el esfuerzo por dejarlo bajo los estándares internacionales, pero la derecha no lo permitió. Por eso creemos que no es suficientes y vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, dijo diputado y jefe de bancada del PC, Boris Barrera.

Si bien ayer desde Apruebo Dignidad intentaron no criticar públicamente el manejo del Ejecutivo, la diputada Lorena Fries (independiente Frente Amplio) dijo que hay que hacer un aprendizaje de los errores cometidos en esta tramitación. “Esas son las lecciones que tenemos que sacar. Estamos en frente de una derecha que solo utiliza políticamente a las policías. La autocrítica es que nos pasaron por arriba, a pesar de que teníamos un cronograma. Yo espero que eso como bancada lo asumamos y el gobierno también lo asuma”, dijo.

Otro problema para el Ejecutivo es que el quiebre oficialista obedece a factores ideológicos más profundos respecto del tratamiento de la agenda de seguridad ciudadana, a diferencia de la división de la derecha, que aparentemente responde a motivos de diferenciación electoral en la antesala de las elecciones de consejeros constituyentes, el próximo 7 de mayo.

Toda la tramitación de la ley Naín-Retamal -que eleva penas a quienes atenten contra policías y establece un estatuto de protección a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería- estuvo acompañada por las tensiones del oficialismo.

A ello se sumó la estrategia cambiante del Ejecutivo que solo enardeció más los ánimos. Primero el Ejecutivo era partidario de abordar la problemática sobre el uso de armas en una reforma propia de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), luego Tohá planteó que apostarían a una indicación en la ley Retamal.

Sin embargo, luego de que la derecha -en una jugada reglamentaria- fundiera las leyes Naín y Retamal en un solo texto, la misma ministra del Interior llamó a aprobar el proyecto en la Cámara con el fin de mejorarlo con indicaciones en el Senado.

La jugada no resultó. En la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, la primera propuesta del Ejecutivo fue rechazada “de cuajo”, como dijo Tohá, el lunes pasado, lo que provocó que los ministros se retiraran molestos en medio de la discusión. Ese mismo día, Tohá anunció que volverían al plan original de una reforma sobre Reglas de Uso de la Fuerza.

Al día siguiente, el miércoles, los ministros tuvieron que retroceder y conceder en varios aspectos que exigía la derecha, entre ellos, que el nuevo estatuto de legítima defensa quedara radicado en el Código Penal y que se ampliara el mismo principio a las FF.AA.

Aquellas concesiones abiertamente no acomodaron a los senadores de Apruebo Dignidad. Prueba de ello es que Juan Ignacio Latorre (RD), Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC) y Esteban Velásquez (FREVS), además de la independiente Fabiola Campillai, rechazaron la idea de legislar.

Tras la votación y ya cerrado el acuerdo, los ministros se vieron obligados a hacer un trabajo de contención entre los senadores de Apruebo Dignidad.

A medida que avanzaba la sesión en la madrugada del miércoles, la incomodidad con el acuerdo se hizo evidente en la izquierda del oficialismo. La más molesta era la senadora Pascual, quien pidió varias votaciones separadas en la jornada. Además, al momento de votar el nuevo artículo de legítima defensa, fruto de acuerdo entre gobierno y oposición, fue una de las que se abstuvo.