Cámara de Diputados acoge "cuestión previa" y se cae acusación constitucional contra Piñera

Este jueves, por 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la "cuestión previa"  en el marco de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Con esto, no se analizará el "fondo" del libelo con el que se pretendía destituir al Mandatario, que lo responsabilizaba  por las "graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos desde el estallido social" y se le acusaba de comprometer "gravemente el honor de la nación" y de haber "infringido" la Constitución.

Este escenario había sido previsto desde el sector luego de que parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Radical adelantaran que no respaldarían la acusación argumentando que éste no contaba con los "requisitos mínimos de admisibilidad". Finalmente, cuatro legisladores DC (Matías Walker, Jorge Sabag, Miguel Ángel Calisto y Manuel Matta), tres integrantes del comité PR (Carlos Abel Jarpa, Fernando Meza, Pepe Auth) y el independiente René Alinco acogieron la cuestión previa que requería votación simple.

Sin embargo, todos los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría que integraron la comisión que revisó la acusación -Boris Barrera (PC), Gastón Saavedra (PS) y Daniel Verdessi (DC)- rechazaron la "cuestión previa".

En este mismo sentido también votaron los diputados DC Gabriel Ascensio, Iván Flores, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortíz, Johanna Pérez, Gabriel Silber, Víctor Torres, Mario Venegas y Daniel Verdessi.

Una vez que se conoció la votación, los ministros del comité políticos presentes -Felipe Ward de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel de Interior y la vocera Karla Rubilar- y los legisladores de Chile Vamos celebraron el resultado.

En su intervención, el abogado de Piñera, Juan Domingo Acosta, sostuvo que en la acusación presentada por un sector de la oposición "no se imputan actos, como debieran haberse imputado para que una acusación pueda ser admisible, solo omisiones. Dos, no se imputan actos personales, sino de otros. Y en lo referente a haber tolerado, no son acciones que se imputen ni actos de administración".

"Esta acusación no es admisible, no cumple con los requisitos de la Constitución de la República", agregó Acosta.

Posteriormente, fue el turno de los diputados integrantes de la comisión que revisó la acusación y que ayer recomendó aprobar el libelo. "El Presidente de la República es la cabeza del Gobierno, lo que supone la existencia de un sistema jerárquico y coordinado, donde las acciones del órgano público se pueden reconducir a la cabeza de este, aunque no haya sido esa cabeza, el ejecutor del acto material vulneratorio. Al Presidente, en este caso, se le imputan decisiones, conducentes a acciones y omisiones, que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible", sostuvo el diputado Gastón Saavedra (PS).

"Con dolor y con pesar debo sostener que de acuerdo a los antecedentes allegados a la Comisión, no hay otra conclusión posible que afirmar que en Chile, se produjeron violaciones graves y extendidas a los Derechos Humanos", agregó.

En esta línea, el diputado Boris Barrera (PC) sostuvo que "soy de la opinión que el Presidente infringió abiertamente la constitución, porque permitió que en nuestro país se cometieran graves violaciones a los DD.HH. de forma sistemática y generalizada".

"Aquí unos colegas viendo que se violan los DD.HH. en Chile, sugieren que esperemos las sentencias judiciales. Soy de la opinión que la Constitución no nos permite pasar por alto el deber de proteger a la población. El Presidente se está echando al bolsillo esta obligación", expresó aludiendo a los legisladores de oposición que habían anunciado su rechazo al libelo.

En tanto, el diputado Daniel Verdessi (DC), el último parlamentario en intervenir, sostuvo que "a medida que pasaron las horas del estado de emergencia, fue recrudeciendo la violencia represiva hasta cuestionar cuán necesaria, razonada, oportuna y proporcional estaba siendo la política pública. Nueve días duró la vigencia del estado de excepción constitucional, y sólo al quinto día el gobierno vino a reaccionar ante un cuadro a esas alturas dantesco. Lo que afirmamos es que el presidente Piñera es responsable de las consecuencias de aquella decisión".

"No obstante lo anterior, el presidente Piñera no admite responsabilidades. Y no las admite porque no se piensa autor de atentados personales contra las víctimas. No presionó el gatillo de la escopeta antidisturbios, no lanzó la bomba lacrimógena, no mutiló, no violó ni ultrajó a nadie. Y parece decir que si alguien creyera lo contrario, que lo demuestre en tribunales donde están radicadas las causas y donde se debe probar la verdad judicial. Pero nosotros no estamos hablando de esto. Y es hora de que dejemos de tratar a la sociedad chilena como a una masa de gente ignorante que no conoce, no se informa, no se forma juicio sobre las cosas y que carece de voluntad para exigir lo que considera justo", agregó el legislador.

Desde el oficialismo, Gastón von Mühlenbrock (UDI) dijo que "los acusadores no identifican ninguna acción u acto del presidente que se pueda considerar como un consentimiento expreso o positivo para que en nuestro país se violaran los DD.HH. de forma sistemática y generalizada".

La diputada Sofía Cid (RN) calificó de "injustificada y temeraria" la acusación. "No se han aportado antecedentes fidedignos que permitan configurar los cargos formulados", agregó.