Por 64 votos a favor y 70 en contra, la Cámara de Diputados desechó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada por las bancadas del Partido Republicano, los socialcristianos y Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- en contra de la exministra de Defensa Maya Fernández (PS), por su participación en el contrato de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

La ofensiva fue un nuevo test para la oposición que, luego de seis juicios políticos iniciados contra ministros del Presidente Gabriel Boric, actuó unida para intentar conseguir una victoria.

Sin embargo, fueron diversos los factores que debilitaron esta nueva arremetida. En primer lugar, cuando los impulsores del libelo ingresaron el documento de manera formal a la oficina de partes de la Cámara, Fernández renunció a su cargo, lo cual generalmente es visto como un gesto de pérdida de fuerza política al juicio que enfrenta un determinado ministro.

Adicionalmente, este miércoles, durante la sesión de la Cámara donde se votó el libelo, fueron diversos los diputados de oposición que no estuvieron. Algunos estaban pareados con otros legisladores del oficialismo, con lo cual el voto se compensa al no estar un parlamentario de gobierno presente.

Pero ese no fue el único factor. Otros parlamentarios se encontraban con permiso, como Joaquín Lavín (ex-UDI) y Gloria Naveillán (libertaria). Otros, en tanto, como Benjamín Moreno (republicano) y Flor Weisse (UDI) no estuvieron presentes en la sesión y tampoco ingresaron el permiso que se ocupa invocando el artículo 42 de la Cámara.

Ese cuadro desató la furia en el resto de la oposición, donde no demoraron en salir a criticar a aquellos diputados ausentes. El representante de Evópoli, Jorge Guzmán, cuestionó que “se termina perdiendo por la falta de votos de la derecha, de Renovación Nacional, de la UDI, de republicanos que hicieron que no pudiera perseverar esta acusación constitucional.

Y añadió: “Si hubiesen estado todos los votos, la acusación se hubiese aprobado, cada parlamentario deberá responder a sus votantes”.

El jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, sostuvo que “es grave que diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano no llegaron a votar, tampoco estaban pareados ni con licencias médicas. Así como ellos son tan inquisidores de acusar, ellos tienen que dar una explicación”.

El diputado de la bancada de Demócratas, Miguel Ángel Calisto -cuyo bloque resulta bisagra para este tipo de ofensivas-, afirmó que “habría que preguntarles a los partidos de oposición qué pasó con esos parlamentarios. Si la oposición hubiese actuado de manera unida, clara y en conjunto, se hubiera logrado el objetivo de la fiscalización”.

Consultada por este medio la diputada Naveillán, aseguró: “Las críticas me resbalan, yo tenía un compromiso ineludible del tipo personal. Al que le gusta bueno y al que no, qué pena”.

Desde la bancada del Partido Republicano, en tanto, declinaron referirse a esta situación. Sin embargo, transmiten que solo Moreno se ausentó por una urgencia médica.

Este fracaso fue el séptimo que enfrenta la derecha en relación a juicios políticos que elevan contra algún ministro del Presidente Gabriel Boric.

El 15 de junio de 2022, a cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, el Partido Republicano concretó el ingreso de la primera acusación constitucional contra la entonces ministra del Interior, Izkia Siches.

Luego, hubo una segunda arremetida por parte de los republicanos, en enero de 2023. Esa vez fue contra el entonces titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (Frente Amplio).

La votación, al igual que con Siches, se cayó en la cuestión previa por 68 votos a favor, 76 en contra y seis abstenciones.

Por eso mismos días -el 9 de enero-, Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) ingresó un escrito contra la exministra Marcela Ríos (Frente Amplio), a raíz de la crisis desatada por los indultos que fueron otorgados en diciembre de 2022 a condenados en el marco del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna.

En la sala de la Cámara, la oposición sufrió su tercera derrota. Se votó directamente el fondo del libelo y se cayó por 84 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones.

El resultado generó una fuerte tensión en las filas de la derecha, pues el Partido Republicano votó en contra de la acusación, ya que Chile Vamos se había restado de la ofensiva contra Siches. En esa ocasión, la coalición de centroderecha acusó a republicanos de hacer una “vendetta” política.

Meses más tarde, y en medio de su formación, el Partido Social Cristiano irrumpió en el escenario político. Uno de sus primeros pasos en la arena política fue impulsar la acusación constitucional contra el entonces titular de Educación, Marco Antonio Ávila, también del Frente Amplio.

A Ávila se le acusó de un supuesto mal manejo de los recursos del ministerio, de imponer una agenda sexual en el área educacional y los resultados del Simce de 2022.

Finalmente, y con el desmarque de la bancada de Evópoli, el hoy exministro fue salvado por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes (Partido Socialista), también fue otro apuntado. El 19 de diciembre de 2023, los partidos de oposición ingresaron la acusación contra el secretario de Estado por su eventual responsabilidad en los traspasos de dinero desde su ministerio a fundaciones que están siendo investigados por la justicia en el caso denominado lío de platas.

La votación, ocurrida el 4 de enero de este año, se cayó en la cuestión previa -no pasando ni siquiera al fondo- por 79 votos a favor, 61 votos en contra y una abstención, que fue de Pamela Jiles.

En último término, a la ahora exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) también se le intentó derribar mediante esta herramienta. En septiembre de 2024, los republicanos ingresaron un escrito por la crisis de seguridad.

Sin embargo, la ofensiva se cayó por 67 votos a favor, 76 en contra y siete abstenciones.