El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este miércoles a las advertencias de Renovación Nacional (RN) de tomar “acciones constitucionales” en su contra. Fue el diputado Andrés Longton quien cuestionó al secretario de Estado por no abrir un sumario contra Francisca Moya, cundo era su jefe directo en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Moya es la jefa jurídica de la Segpres, y los reproches en su contra apuntan a que la abogada reconoció que “conocía la norma” de inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, que les impedía suscribir contratos con el Estado. Es por ello que desde la oposición solicitan su destitución del cargo.

En ese contexto, Longton aseguró que presentarán antecedentes a Contraloría “para que pueda determinar si es que la jefa jurídica cumplió con sus obligaciones legales, que es evidentemente que no lo hizo, y para que además, determine un sumario dentro del Ministerio de Segpres, cosa que no hizo el ministro Elizalde debiendo haberlo hecho”.

En ese sentido, acusó que Elizalde, “al parecer sigue sin cumplir con sus obligaciones, que era haber cesado en el cargo de la jefa jurídica y haber iniciado un sumario”.

El diputado acusa una “falta de acción, de inmovilidad” lo que califica como “un bochorno permanente de este gobierno”, advirtiendo que esta situación “le puede costar que iniciemos acciones constitucionales de mayor envergadura, precisamente porque han sido incapaz de relevar del cargo a quien no tiene las competencias mínimas y evidentemente eso puede tener también repercusiones penales”, advirtió el parlamentario.

Al respecto, Elizalde si bien precisó que no hace “supuestos sobre lo que no ha acontecido”, sostuvo que la herramienta de la Acusación Constitucional “tiene que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución”. El ministro aseguró que en en este caso “no es así“.

Respecto al rol de Moya en la compra de la casa del expresidente, Elizalde señaló que respondió preguntas en la comisión investigadora en el Congreso.

“Explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la división jurídica legislativa y ese tema quedó más que claro en la comisión investigadora”, aseveró.

Además, indicó que, “en lo que respecta al decreto firmado por el Presidente de la República, la propia controladora general de la República dijo que era conforme a derecho y conforme a la constitución y tanto es así que se tomó razón del mismo”.