Caso Democracia Viva: Montes alista viaje a Antofagasta y entregará “nuevos antecedentes” a Fiscalía

“Lo sensato y razonable es que la fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados”. Con esas palabras, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), salió ayer a tratar de poner al gobierno un paso adelante en la crisis que desde hace dos semanas se desató al interior del conglomerado oficialista con la denuncia de la asignación directa de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el ex Seremi Carlos Contreras (RD), a Democracia Viva, organización sin fines de lucro presidida por Daniel Andrade, militante de Revolución Democrática y pareja de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez.

En el caso -que se inició hace dos semanas con un oficio de fiscalización de la diputada Yovana Ahumanda (independiente ex PDG)- la oposición ha acusado a la diputada Pérez y a RD de haber favorecido indebidamente a sus militantes con recursos estatales, al suscribir de manera arbitraria tres convenios de “transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria” y “organización de la demanda habitacional” en campamentos de la Región de Antofagasta.

Hasta ahora, el conflicto ha traído la renuncia de Contreras como Seremi de Vivienda, la suspensión “voluntaria” de Pérez de su cargo de vicepresidenta de la Cámara de Diputados y la apertura de una investigación penal de parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta por los eventuales delitos cometidos en los convenios.

Pero en vista de que el caso puede seguir escalando, el oficialismo dio ayer una serie de señales para pasar a la ofensiva y tratar de contener la crisis.

Los dichos de Montes, serían parte de ese diseño. “Una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado y que está en proceso de revisión nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición. Si no lo hacen, iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”, advirtió el ministro socialista.

Al ser consultado por la posibilidad de que el gobierno presente una querella en el caso, el secretario de Estado afirmó que “el gobierno está estudiando todas las posibilidades y no descarta esa”.

Además del punto de prensa, donde Montes insistió en la disposición de La Moneda en colaborar con la investigación, fuentes de gobierno señalaron a La Tercera que el ministro tiene contemplado viajar a la Región de Antofagasta en los próximos días, lugar en el que desde el lunes se encuentra trabajando un equipo de investigación de su cartera enviado especialmente desde Santiago.

Las mismas fuentes señalan que los hallazgos realizados por el Minvu serían complejos e incluso constitutivos de otro tipo de delitos. Por lo mismo, Montes tiene previsto entregar personalmente esos antecedentes al fiscal Cristián Aguilar, quien lidera la indagatoria.

Entre esos antecedentes, estaría una situación denunciada el 2 de mayo pasado por Carla Olivares Gallardo, presidenta de la Asociación de Funcionarios del SERVIU de Antofagasta, a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Leiva (RD), y que estaba siendo investigado cuando estalló el caso.

En la misiva, la dirigenta manifiesta la “delicada y compleja situación que desde hace un tiempo y a la fecha ha estado atravesando el equipo de Asentamientos Precarios” de la repartición.

En la comunicación, Olivares detalla una serie de “temas de alta complejidad”: además del caso de Democracia Viva, pone especial énfasis en el pago anticipado de $54 millones por un arriendo a 16 meses a la Fundación Procultura, institución en la que trabajó hasta el 10 de marzo de 2022 la pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos.

“Es importante mencionar que no es justificable el arriendo antes mencionado puesto que la labor del objeto del convenio es la ejecución de obras de habitabilidad primaria que se organizan y desarrollan en los territorios de los campamentos”, señala en el correo Olivares.

Otra de las señales fue la que entregó ayer Revolución Democrática, partido de gobierno al que pertenecen todos los involucrados.

Mediante un comunicado de prensa, la colectividad salió a reforzar su condena de los hechos ocurridos con sus militantes y pidió que se los expulse del conglomerado: “Desde Revolución Democrática siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones. Por eso nuestra normativa interna previene al corrupción, y sanciona las faltas a la ética que los militantes cometan”.

“Como Consejo Político Nacional, hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios (...) han infringido nuestra normativa interna vigente. Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión”, señalaron sobre el futuro político de el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; y el ex director de Democracia Viva y pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade.

Al término de una actividad en La Moneda y al ser consultado si podía descartar la existencia de otros casos del mismo tipo entre sus militantes, el presidente de RD, el senador Juan Carlos Latorre sinceró que “no, eso es muy difícil de determinar, tenemos muchos militantes en todas las regiones del país y por tanto yo no podría asegurar ni poner las manos al fuego de que no pueda haber otro asunto”.

En CNN Chile, Latorre volvió a defender el actuar de la diputada Pérez: “Los antecedentes que tenemos hasta el día de hoy es que ella no está involucrada en esa firma de convenios. A quienes hay que hacer responsables es a quienes firmaron el convenio. La diputada no ejerce un rol de Ejecutivo, ella es Legistativo”.

Los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira anunciaron que hoy (jueves) pedirán formalmente al Ministerio Público que realice una serie de diligencias en la investigación que abrió de oficio el lunes. Entre las medidas requeridas por los legisladores, están el allanar todos los inmuebles que estén a nombre de la fundación Democracia Viva, pedir el levantamiento del secreto bancario de los involucrados y que se cite a declarar a los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social), Camila Vallejo (Segegob) y Carlos Montes.

“Cuando los tres principales involucrados en este escándalo deciden renunciar a sus cargos, es porque estamos hablando de algo serio que, a nuestro juicio, podría ser constitutivo de delito. Y si la Fiscalía lo entiende así, es indispensable que se adopten cada una de estas diligencias investigativas, hasta llegar a las últimas consecuencias de este caso”, señalaron los parlamentarios.

Fuentes del Ministerio Público relataron a La Tercera que en la indagatoria se investigan, preeliminarmente, los delitos de “fraude al fisco” y “tráfico de influencias”.

Las mismas fuentes señalan que los principales investigados son quienes aparecen firmando los tres convenios: Carlos Contreras y Daniel Andrade.

Las pesquisas buscarán resolver si el dinero transferido a la ONG fue efectivamente gastado en los proyectos de mejoras para campamentos o si tuvieron otros fines, entre ellos, el enriquecimiento personal o el financiamiento de actividades políticas.

Hasta ahora, la organización ha asegurado que ha cumplido cabalmente con los convenios firmados. “La Fundación y muy particularmente, el equipo humano multidisciplinario y altamente cualificado, encargado de implementar el proyecto en la Región de Antofagasta, realiza un trabajo serio, profesional y coherente con sus objetivos y principios. Por ello, causa enorme molestia este intento de perturbación de los quehaceres de la organización que se está llevando a cabo, al tratar de desprestigiar su labor honesta y profundamente valorada por los habitantes del territorio”, señaló Democracia Vivia en un comunicado el lunes.