Caso Monsalve obliga a modificar reforma sobre nuevo Ministerio de Seguridad

Sin efecto quedó la convocatoria, de este miércoles, de la comisión mixta de senadores y diputados que está tratando de destrabar la reforma que crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Si bien la instancia que preside el senador Iván Flores (DC) pretende sesionar de todos modos la próxima semana, para dar las últimas pinceladas a la nueva ley, un nuevo nudo surgió en la discusión.

La denuncia de violación en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve destapó abusos en el manejo de herramientas del Sistema de Inteligencia presuntamente en beneficio personal y para resguardarse ante las imputaciones.

De hecho, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, decidió dar curso al “retiro absoluto” de la institución de la exjefa nacional de Inteligencia Policial, Cristina Vilches, debido que habría ejecutado tareas solicitadas por el ex subsecretario, por ejemplo, la revisión de cámaras, amparándose en la Ley de Inteligencia.

Frente a estos antecedentes, los integrantes de la comisión mixta han conversado informalmente para revisar lo que ya se ha aprobado respecto del nuevo ministerio que le daba precisamente atribuciones al futuro subsecretario de Seguridad Pública (cargo que heredará las tareas del Interior) para pedir informes de Inteligencia y realizar algunas operaciones al alero de esa normativa.

La idea es eliminar esta potestad del nuevo subsecretario y radicarla exclusivamente en el ministro de Seguridad Pública.

El cambio tiene una explicación. Un subsecretario, según la Carta Fundamental, no puede ser objeto de acusación constitucional, a diferencia de un secretario de Estado. Por lo tanto, si en el futuro se detecta una falta a la probidad, una infracción o derechamente un delito por abusar de estas facultades de Inteligencia, el Congreso tendría herramientas para perseguir las responsabilidades políticas.

Aunque Monsalve haya incurrido en abusos de poder siendo ministro subrogante, hay dudas de que pueda ser acusado, en vista de eso, incluso, la oposición está estudiando un libelo para hacer valer los errores que habría cometido la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en el manejo de esta crisis.

Sin embargo, dado que se trata de una materia que ya fue votada y aprobada, se requiere de la unanimidad de los cinco senadores y cinco diputados que son parte de la comisión mixta, situación que podría materializarse la próxima semana. Hasta ahora solo hay algunos acercamientos para lograr ese consenso.

Esta problemática fue planteada el miércoles pasado en la Comisión de Seguridad por el integrante de la instancia, el diputado Diego Schalper (RN), quien dijo que a la luz del caso Monsalve apoyará la decisión de revisar las atribuciones en materia de Inteligencia del futuro subsecretario.

Otro de los miembros de la comisión mixta, el diputado Raúl Leiva (PS), comentó que tal como está redactada la norma, el subsecretario podría pedir informes y antecedentes de Inteligencia. “Eso viene del segundo trámite constitucional (desde la Cámara), pero tenemos un problema, porque eso no es susceptible de control político como una acusación constitucional. Tenemos dos alternativas: o modificamos la Constitución para hacer acusables a los subsecretarios o que esa facultad de Inteligencia quede siempre radicada en el ministro o ministra de Seguridad Pública”, explicó.

El senador Flores (DC), quien preside el grupo que está tratando de resolver los nudos del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que el debate “ha ido avanzando, pero ahora, con el caso Monsalve surgieron dudas en torno a una norma ya aprobada y que se refiere a las atribuciones del subsecretario para solicitar directamente informes de Inteligencia sobre orden público”.

En esa línea, sostuvo que “es muy probable que tengamos que reabrir el debate para revisar la atribución, ya que tal como se había aprobado, permite al subsecretario pedir directamente informes de Inteligencia, sin pasar necesariamente por el ministro”.

Y agregó: “Creo que se va a eliminar y es muy probable que dejemos como responsables de aquello al ministro de Seguridad o al ministro del Interior, porque, por lo demás, ante cualquier mal uso, son figuras acusables constitucionalmente”.