Caso Penta llega a su fin: Délano y Lavín acuerdan pena remitida de cuatro años

Los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, pasaron 46 días en prisión preventiva, otros 111 días con arresto domiciliario total y 118 con arresto domiciliario nocturno. La suma arroja un total de 275 días -más de 9 meses- en que "los Carlos" estuvieron con alguna medida cautelar privativa de libertad y hoy adquiere máxima relevancia.

Luego de tres años de investigación, el fiscal Manuel Guerra y el abogado defensor, Julián López, sellaron esta semana un acuerdo de palabra para arribar a un procedimiento abreviado. Y según el ordenamiento jurídico chileno, la contabilización de esos días en que Délano y Lavín estuvieron privados de libertad se debe restar a las condenas.

Cuatro años de pena remitida es lo que la fiscalía y la defensa acordaron para evitar un juicio oral contra los máximos ejecutivos del holding. El trato también incluye una condena de dos años de pena remitida y tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos para el exsubsecretario Pablo Wagner, con quien también se pactó un abreviado.

Ninguna de las penas implicará que alguno de los tres formalizados vuelva a estar en prisión, ya que podrán ser cumplidas de forma remitida, en libertad vigilada.

El pacto también incluye el pago de multas que, según explican altas fuentes allegadas al caso, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se encontraría calculando.

Y tal como adelantó La Tercera el 13 de abril pasado, el acuerdo incluye que la fiscalía renuncie a la imputación del delito de cohecho, recalificándolo por enriquecimiento injustificado para el caso de Wagner, y omitiéndolo en las acusaciones contra Délano y Lavín. A su vez, el acuerdo exige que el ex subsecretario devuelva los $42 millones producto de este ilícito, dinero que su defensa ya ha restituido.

En marzo del año pasado, el Ministerio Público acusó en la causa a 35 formalizados, lista encabezada por los controladores de Penta y el exsubsecretario. Para los tres se habían solicitado 10 años de cárcel. En el caso de Délano y Lavín, en virtud de su formalización por delitos tributarios consagrados en el artículo 97 número 4 y 5 (consumados y reiterados) del Código Tributario, y soborno. La acusación -entonces comandada por el exfiscal Carlos Gajardo- solicitaba además una multa del 300% de la elusión. Para Wagner la pena solicitada se sustentaba en delitos tributarios, además de cohecho y lavado de activos.

Este último delito se le había imputado a Wagner por haber solicitado a su cuñada, Carolina de la Cerda, boletas para extender a Penta a cambio de los $ 42 millones que el grupo le pagó al exsubsecretario mientras era autoridad del primer gobierno de Sebastián Piñera.

Sin embargo, esa acusación quedó en nada tras la reapertura del caso pocos días después. Solo hace algunas semanas el fiscal Guerra y las defensas de Délano, Lavín y Wagner -este último representado por el penalista Gonzalo Medina- se reunieron para explorar una fórmula para prescindir del delito de cohecho en un eventual procedimiento abreviado.

Al interior del Ministerio Público ya se habían instalado discrepancias respecto de la complejidad que significaba defender en un juicio oral la existencia de cohecho. Las penas son bajas y el delito es difícil de ser comprobado. En el acuerdo primó el hecho de que si bien se encuentran acreditados los pagos a Wagner, no que este haya concretado una acción o dejar de hacer un acto propio de su cargo para favorecer a Penta. La fiscalía había sustentado este punto basado en una gestión, sin éxito, que Wagner hizo para instalar a Carlos Lavín en el directorio de Codelco.

En contraste a la fiscalía, los imputados aseguraron que esos pagos realizados a Wagner entre 2010 y 2012 -en cifras de $ 3 millones cada dos meses- correspondían a una deuda inconclusa que los dueños de Penta mantenían con quien fuera colaborador del holding por 12 años.

En los últimos días, el fiscal Guerra habría transmitido una propuesta de acuerdo a Impuestos Internos. En virtud de que el SII es el principal querellante en la causa, el fiscal habría solicitado que en base a su propuesta se calcule y fije los montos de la multa que deberá coronar el acuerdo.

Así, en los próximos días, de manera formal, el servicio debiera señalar las cifras respectivas, o bien oponerse al acuerdo de la fiscalía. Sin embargo, según fuentes consultadas, la posibilidad de que el SII rechace una procedimiento abreviado es baja, y las señales que han emanado desde esa entidad en el último tiempo apuntan más bien a recuperar los montos eludidos que a perseguir penalmente a las empresas.

Según datos de la causa, el perjuicio fiscal total imputado contra Délano y Lavín -no solo respecto de las empresas del Grupo Penta sino también de las familiares- está cifrado en $ 2 mil millones. Esto por los delitos tributarios ya mencionados que fueron cometidos entre los años 2009 y 2014.

Según cifras proporcionadas por intervinientes, "los Carlos" ya han pagado o devuelto al Fisco -incluyendo intereses y multas de esas evasiones- un total de $ 6.093.698.584. Cifra que aumentaría cuando se concrete el acuerdo.

Las defensas de Délano y Lavín han resentido públicamente durante el proceso que el perjuicio fiscal sea mucho menor al pago de impuestos normales que durante esos años investigados sus clientes pagaron en impuestos: $ 490 mil millones han dicho que se pagó.

Así, una vez que el SII defina las multas, el Ministerio Público solicitará audiencia para concretar el abreviado que pondrá fin a uno de los casos más emblemáticos de la relación entre empresas y política.