Caso Ronald Ojeda: Dirección Jurídica de la Cancillería quedó a cargo de recopilar antecedentes para remitir a la Corte Penal Internacional

En estudio, dentro de las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran los antecedentes que el gobierno pretende presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) y que vincularían al ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, con el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda.

Todo, según pudo conocer La Tercera, está radicado en la la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Cancillería, a cargo del abogado Claudio Troncoso Repetto.

Junto con confirmar esta información, en Minrel recuerdan que “el 27 de septiembre de 2018, seis Estados parte del Estatuto de Roma (que rige a la Corte Penal Internacional), entre ellos Chile, presentaron una remisión a la Oficina del fiscal sobre la situación en Venezuela solicitándole que se investiguen crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en dicho Estado desde el 12 de febrero de 2014″.

Por lo mismo, explican que “si se llegara a confirmar la participación de Diosdado Cabello en el caso Ojeda, esta información podría ser relevante para la investigación ya abierta por crímenes de lesa humanidad ante la CPI, por lo que se podrían aportar dichos elementos a la investigación”.

Hasta el momento, el gobierno ha sido hermético con estas acciones, pese a que en dos ocasiones la posibilidad de recurrir a la instancia internacional ha sido mencionada por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). La última vez que lo hizo fue la mañana de este jueves en La Serena.

“Vamos a tener ya novedades más precisas durante el mes”, adelantó la secretaria de Estado, quien agregó que “hemos estado en coordinaciones con la Cancillería y con la Fiscalía, y hay una cosa que ya está definida que es compartir la información general de esta investigación con el Tribunal Penal Internacional. Y estamos evaluando, porque la investigación está en curso todavía, hay seis meses antes del juicio, y en la medida que esto vaya avanzando quizá va a ser necesario tomar otros pasos más”.

La respuesta de Tohá se dio luego de que este miércoles -tal como informó La Tercera- la Fiscalía presentara ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el testimonio de un testigo protegido: que fue el propio número dos del régimen de Nicolás Maduro quien habría ordenado el secuestro contra el exteniente y opositor.

“José Valverde me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, expuso el testigo en la audiencia de formalización y reformalización de 19 imputados que serían parte de una célula del Tren de Aragua que -entre otros delitos- estaría detrás del asesinato de Ojeda.

En Palacio se mueven con cautela. Durante la tarde de este jueves, la ministra vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry (FA), fue consultada por los detalles del trabajo que están realizando para acudir al organismo internacional. Sin embargo, se remitió a responder que “eso se está trabajando por los ministerios involucrados, lo que señaló la ministra Tohá, y en caso de que se tomen esas acciones se van a informar en el momento preciso”.

Y ante la pregunta sobre plazos, Etcheverry añadió que “se está trabajando técnicamente. Adelantar cualquier cosa sería irresponsable de mi parte”.

En todo caso, la determinación de La Moneda no cayó bien en Venezuela. El fiscal general de ese país, Tarek William Saab, aunque no habló directamente del posible involucramiento de Cabello, afirmó que “no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”.

La réplica vino desde Chile de parte de la ministra Tohá, quien afirmó que “no sé cuál es la parte que le irrita del trabajo de la Fiscalía. A nosotros mientras más se detiene, mientras más bandas se desbaratan, mientras más criminales se encuentran, mejor nos parece el trabajo que se realiza”.

La Corte Penal Internacional tiene un amplio historial de órdenes de detención hacia personeros que lideran o integran un determinado régimen, pero no siempre estas se han ejecutado.

Por ejemplo, en noviembre del año pasado se conoció que la instancia emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra con Hamas.

Sin embargo, esa orden no se ha concretado. De hecho, Netanyahu estuvo esta semana en la Casa Blanca donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mismo encuentro donde Trump anunció que “tomará el control” de la Franja de Gaza.

Para poder remitir antecedentes a esta instancia, Chile suscribió el Estatuto de Roma de la CPI, Venezuela también lo hizo. En él se establece que “la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.

Estos crímenes son cuatro: genocidio, lesa humanidad, de guerra, y de agresión. De ahí que surjan dudas si el vínculo de Cabello en el asesinato de Ojeda sea suficiente para que el organismo internacional se pronuncie. Además, especialistas en la materia también cuestionan que el Ejecutivo hable de que “recurrirá” a la instancia, cuando solo está facultado para remitir antecedentes.

Para el excanciller Teodoro Ribera (RN), una cosa es que de comprobarse sería “una afrenta, una violación de la soberanía chilena desde todo punto de vista, y además es un crimen deleznable de acuerdo a la legislación chilena”.

Sin embargo, agregó que “eso no implica, sin embargo, que automáticamente pueda uno recurrir a la Corte Penal Internacional. (...). No es un tribunal ordinario que tenga competencia en cualquier materia y esa limitación está dada en el caso de los delitos de lesa humanidad por la reiteración y sistematicidad de los mismos”.

Considerando esto, Ribera explicó que “el gobierno de Chile tendría que probar que hay sistematicidad, hay reiteración por parte del gobierno de Venezuela, el tratamiento de quienes disienten con los postulados que plantean”.

Para el también excanciller y exsecretario general de la OEA, senador José Miguel Insulza (PS), “es plenamente válido que Chile recurra a la corte cuando considera que hay algún delito que se ha cometido en su territorio y en el cual son responsables personas de otro territorio”.

Sin embargo, añadió que “para recurrir a un tribunal internacional es indispensable conocer bien las pruebas que se van a presentar”.

Mientras que el exsubsecretario de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva, señaló que “sería mejor tener los antecedentes bajo una sentencia ejecutoriada, no obstante que los antecedentes, si son sólidos y tienen un respaldo importante de testimonial o de otro tipo de pruebas, puedan hacerse llegar anticipadamente a la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía”.

Por otro lado, Benjamín Salas, exasesor de asuntos internacionales del gobierno de Sebastián Piñera, en entrevista con La Tercera, se mostró en desacuerdo con acudir al organismo. “La investigación ya está en curso y, por lo tanto, lo único que puede hacer el gobierno es remitir antecedentes para poder colaborar con la investigación, pero eso no significa en ningún caso que el Estado de Chile vaya a recurrir a la Corte, ese instrumento no existe y, por lo tanto, el gobierno lo está inventando”, sostuvo.