Catalina Pérez a la directiva RD por caso Democracia Viva: “Vendrán otros momentos igual o más duros para los que deberemos estar más y mejor preparados”

La diputada Catalina Pérez, expresidenta de Revolución Democrática, ha estado en el ojo del huracán esta semana por la investigación que de oficio decidió abrir la Fiscalía de Antofagasta al conocerse un millonario convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, una entidad que fue fundada por Daniel Andrade, pareja de la legisladora.

Hoy la diputada oficialista dio a conocer una declaración que escribió a la directiva de su partido y en la que se refiere al caso.

“Vendrán otros momentos igual o más duros para los que deberemos estar más y mejor preparados”, reflexiona Pérez en ese texto.

Revolución Democrática dio a conocer este viernes que dada la gravedad de las acusaciones, optaron por dar curso a una querella en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos.

“Ya fue solicitada la expulsión de los involucrados en la firma del convenio, por haber vulnerado los estándares éticos que nuestros representantes se han dedicado a defender y elevar en el desempeño de las funciones públicas”, señalaron, indicando que la diputada Catalina Pérez “pasará al Tribunal Supremo del partido por solicitud de la Directiva y del Consejo Político Nacional, y su militancia será suspendida mientras dure la investigación”.

Fueron los alcaldes del partido frenteamplista los que pidieron en el consejo político congelar la militancia de la diputada, un tema que Pérez también abordó en su declaración. Jefes comunales como Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Tomás Vodanovic (Maipú), Emilia Ríos (Ñuñoa), Carla Amtmann (Valdivia) y Luis Valenzuela (Tiltil)-manifestaron su preocupación por el caso.

“Le manifiesto a los alcaldes que han solicitado se congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político al que le he dado ocho años de mi vida”, escribió la extimonel de RD.

El ministerio Público indaga eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la asignación de 426 millones de pesos mediante un trato directo entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva. Los convenios se habrían generado con la finalidad de concretar proyectos para campamentos de la zona. El responsable de visar esas asignaciones fue el renunciado seremi del Minvu en la nortina ciudad Carlos Contreras, que había sido uno de los principales asesores de la diputada por la zona. La fundación beneficiada, en tanto, era liderada por la pareja de la legisladora.

“He condenado yo misma la falta de criterio político y ético de los involucrados”, afirmó Pérez en su declaración.

La legisladora debió suspender su participación en la mesa de la Cámara de Diputados para que la oposición desistiera de una moción de censura que decidió presentar la bancada de la Unión Demócrata Independiente.