La semana que recién terminó estuvo marcada por las votaciones particulares que llevaron a cabo las diversas comisiones de la Convención Constitucional, entre ellas, la de Derechos Fundamentales.

Las discusiones y sufragios se siguieron de cerca por estos días, sobre todo lo relativo a educación y salud, dos de los temas que concitan más debate y atención entre la ciudadanía, expertos y convencionales. De ahí salió el Sistema Nacional de Salud o el derecho a la educación, entre otras cosas.

Ahora es el turno del pleno, toda vez que los artículos hasta aquí aprobados llegan a ser votados en esa instancia y están un paso más cerca de ser incluidos en la propuesta definitiva de nueva Constitución con, obviamente, algunos artículos más relevantes que otros y a los que hay que ponerles más atención en las semanas venideras, cuando, como se dijo, se estén votando en el pleno.

“Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”.

Así comienza el artículo -18 por ahora- que inicia con las referencias a la salud.

En él se dice, además, que “el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población”.

Pero no se queda solo ahí, puesto que también fue aprobado, con 25 votos a favor, siete en contra y una abstención, que “el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado” y que se regirá por principios como equidad, solidaridad, interculturalidad y no discriminación.

Asimismo, se detalla que este sistema “será financiado a través de las rentas generales de la nación”. Y que adicionalmente la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores “con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”, con una ley que determine el órgano público encargado de la administración de esos fondos.

De la misma manera, se aprobó como inciso que dicho sistema incorporará acciones tendientes, entre otras, a la prevención, rehabilitación e inclusión y que la atención primaria constituirá la base de este sistema.

Quizás si uno de los aspectos más relevantes para quienes defienden la incorporación de lo privado en la salud era poder seguir contando con esta alternativa. Esto se aborda con el siguiente artículo aprobado: “Podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud”. En todo caso, se señala que los prestadores privados integrados al sistema “no podrán perseguir fines de lucro”.

Siempre en el mismo artículo, fue aprobado con 24 votos a favor y nueve en contra que “el Estado reconoce los sistemas de salud tradicional de los pueblos y naciones indígenas y sus instituciones”. Así, se deberá proteger y conservar especialmente los conocimientos, innovaciones y prácticas de medicina indígena, así como la conservación de los elementos o componentes naturales en que se sustentan”.

Por amplia mayoría (25 a favor, dos en contra y seis abstenciones) también fue aprobado el siguiente artículo transitorio: “Los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, las de Orden y Seguridad, junto con los sistemas de salud contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se incorporarán al Sistema Universal en un período de transición que no podrá superar los dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución”.

César Valenzuela, constituyente socialista y coordinador de Salud, dice que el avance hacia un Sistema Nacional de Salud, de carácter universal, es una tendencia de todos los países desarrollados del mundo. “La idea es que el sistema atienda a la totalidad de la población. Hoy una persona que no tiene isapre, pero tiene una emergencia en una localidad que no tenga salud pública, debe pagar todo, de forma privada”, manifiesta.

Además, recalca las normas que buscan garantizar coberturas en tratamientos en beneficio de la salud mental o contra el consumo de drogas. “Hoy, todos estos tratamientos están supeditados al sector privado o a las instituciones de caridad, pero no en el sistema público. Basta ver las cifras del continente para ver lo mal que está nuestra sociedad frente a estos temas”, dice.

Adriana Cancino, constituyente por el Distrito 16 (Región de O’Higgins) es independiente, pero participa en el colectivo socialista. Es profesora y la única constituyente con discapacidad física y ha participado activamente en la Comisión de Salud.

Sobre su norma que garantizó el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, Cancino asegura que “el que la discapacidad sea elevada a rango constitucional es un hito histórico para nuestro país, ya que nunca se ha abordado la temática de la discapacidad en una Constitución. De hecho, la única vez que se incluyó ha sido de manera peyorativa, limitándolos en sus derechos, versus que lo que queremos hacer nosotros en nuestro trabajo, que es poder visibilizar a las personas con discapacidad y principalmente que se resguarden y se garanticen sus derechos en nuestra nueva Constitución”.

Respecto de la creación del Sistema Nacional que apoye a personas en esta condición, expresa que “es fundamental para abordar de manera integral las necesidades de las personas con discapacidad que hoy son atendidas en escenarios que se alejan de principios como la eficiencia y la necesaria reducción de trámites que debemos llevar a cabo las personas con discapacidad”.

“El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”, es el artículo aprobado por la comisión con 25 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

En ese orden, se estableció que la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida. “La educación es una función primordial e ineludible del Estado”, se lee, entre otras cosas.

En ese sentido, otro inciso de ese artículo aprobado detalla que “la educación será integral y de excelencia” y que se regirá, entre otros, por principios como no discriminación, interculturalidad o inclusión. “La educación brindará oportunidades y apoyos a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión”, expresa el texto, el que cierra exponiendo que “el Estado garantizará infraestructura educacional adecuada para cada nivel de formación educativa, cuyo diseño contemple los criterios de pertinencia cultural y territorial”.

Quizás si uno de los temas que han generado más polémica en todo el proceso constituyente es lo referido a la libertad de enseñanza. Pues bien, con 22 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, se aprobó el artículo que dice que “la Constitución reconoce la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”.

En esa línea, se definió que la Constitución “respeta la libertad de los particulares para fundar y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios, respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución y las demás condiciones que establezca la ley”.

Y más en concreto aún, el artículo fue aprobado con el siguiente inciso: “La libertad de enseñanza comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo en conformidad a los mecanismos que establezca la ley”.

Otro de los artículos aprobados señala que “la educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”.

En ese sentido, dice que todos los establecimientos educacionales del país conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración y que el Estado fomentará su mejoramiento continuo. Además, se establece que habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas “organizado, administrado y financiado en forma permanente, directa, pertinente y suficiente por parte del Estado”. Este sistema deberá proveer una educación laica, gratuita y pertinente a las necesidades nacionales, regionales y locales.

El docente Javier Fuchslocher, constituyente independiente por el Distrito 21 (provincias de Biobío y Arauco), participó en esta comisión.

Para él, además de lo que se votó, es importante destacar lo rápido que se consiguió llegar a acuerdos con los distintos sectores.

Lo valioso, señala, es “que se garantiza el derecho a la educación, con una serie de indicaciones, como la pertenencia territorial, o la garantía del Estado, que no excluirá a subvencionados o privados. Y, sobre todo, que seguirá existiendo la libertad de enseñanza”.

“Es importante agregar otros elementos que no han sido considerados, como el plurilingüismo, algo que debemos agregar. Esto es algo que se debe perfeccionar, pero en ningún caso estamos innovando”, cierra.