Chile envía carta a la CIDH para pedir que sus fallos respeten "autonomía" de los países

Un pleno de la Corte Suprema realizado el lunes fue la ocasión escogida para analizar un inédito escenario: cómo cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso "Norín Catrimán y otros", a raíz de un fallo del Tribunal de Angol que condenó a ocho comuneros mapuches, varios de ellos por delitos terroristas.

El organismo internacional condenó al Estado chileno, en 2014, por violaciones a los derechos humanos y obligó a anular el fallo, algo que nunca se ha hecho en Chile y que motivó la cita de la Suprema e influyó, en parte, en una acción que emprendió el gobierno junto a otros países.

Este martes, Cancillería y el Ministerio de Justicia difundieron un comunicado en el que informan que el 11 de abril se envió -junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay- una nota diplomática a la Comisión Interamericana (CIDH) en la que se pide respetar la "autonomía" de los países. "El texto busca expresar las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos (...). La declaración respetuosamente propone tanto a la comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de cara a los desafíos del siglo XXI", dice el comunicado, en el que se recalca que "los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano".

Fuentes del gobierno explican que la nota diplomática que se envió responde a varios elementos. Y agregan que uno de ellos es, en el caso de Chile, la sentencia de la Corte Interamericana que obliga a anular el fallo del Tribunal de Angol. Las mismas fuentes señalan que el organismo internacional se estaría extralimitando en sus facultades. Y agregan que lo que busca la nota es hacerse cargo -aunque sin mencionarlas- de situaciones similares que han vivido los otros países que suscriben el documento.

Así, en el comunicado se enfatiza en "la importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades de los Estados por parte del sistema interamericano y la necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados". Esto último -agregan en el gobierno- alude justamente al caso "Norín Catrimán" y a indemnizaciones ordenadas en casos que han involucrado a otros países.

En La Moneda dicen que la Corte Interamericana no tiene competencias para pedir la anulación de un fallo y que, por eso mismo, existe disconformidad. El tema, de hecho, ha generado un debate entre abogados sobre si el organismo tiene esas facultades. En este contexto, pese a las objeciones, en el gobierno admiten que no se puede apelar a la sentencia de la CIDH.

La carta, en todo caso, generó cuestionamientos en la oposición. Uno de los primeros provino del excanciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien publicó en Twitter el comunicado junto al siguiente comentario: "¿Qué es esto? ¿Ahora el gobierno cuestiona el Sistema Interamericano de DD.HH.?". A él se sumó el senador PPD Ricardo Lagos Weber. "El problema mayor que presenta esta declaración es que con ella se pueda interferir en la independencia de la que debe gozar la CIDH, así como la Corte Interamericana (...). Esto es un tercer ejemplo del llamado multilateralismo a la carta del Presidente Piñera en política exterior. Elige aquellas cosas que le gustan, como el comercio y el TPP, y rechaza aquellas cosas que dicen relación con el medioambiente, los DD.HH. de los migrantes y los DD.HH. en América Latina", dijo. En la misma línea, el senador PS Carlos Montes llamó al gobierno a "corregir este grave error".

Ante los cuestionamientos, la canciller (S), Carolina Valdivia, dijo que "la propuesta en ningún caso busca debilitar el Sistema Interamericano de DD.HH. Todo lo contrario: busca realizar mejoras". Así, sostuvo que apunta a "mejorar cómo funciona el sistema, sus procedimientos" y, además, "la coordinación con otros actores del sistema internacional, mejorar las comunicaciones públicas de los actores, evitar duplicación de tareas e identificar formas creativas de cooperación".