Choque de minutas: La Moneda apunta a “recortes en todo el Estado” para descomprimir tensión con el Ministerio Público

Enardecidos quedaron en el Ministerio Público por el recorte presupuestario de más de $ 7.000 millones para 2025. En la Fiscalía apuntan a que se verá afectada la persecución penal y que su repartición ha sido más perjudicada que otras entidades. El malestar es seguido con atención desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde han buscado poner el foco en que la medida se aprobó de manera transversal en el Congreso y que los ajustes de billetera se hicieron “en todo el Estado”.

Los reclamos del Ministerio Público han sido revelados por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en cuya repartición han difundido de forma interna una minuta que da cuenta de las problemáticas presupuestarias, con la finalidad de alinear detrás de la postura al resto de persecutores.

En ese contexto, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno, liderada por Pablo Paredes, también difundió este jueves su propia minuta, con destino a ordenar las vocerías de parlamentarios y otros dirigentes políticos del oficialismo. En el documento se buscó contrariar algunos de los puntos expuestos en la tesis de la Fiscalía.

Por ejemplo, si desde la entidad de Valencia se esbozó que el gobierno de Boric estaría perjudicando el normal funcionamiento del Ministerio Público con este reajuste, en La Moneda pusieron énfasis en que los presupuestos de esta administración han alcanzado un “aumento histórico en los recursos para la seguridad” y se expuso las mejoras económicas que tendría el programa de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Al mismo tiempo, se plantea que, así como lo han indicado autoridades del gabinete -han hablado Carolina Tohá (Interior), Mario Marcel (Hacienda), Álvaro Elizalde (Segpres) y Aisén Etcheverry (Ciencia y Segegob subrogante)-, el Ejecutivo siempre lamentará “cada vez que hay recortes en todas las instituciones, no solo en la Fiscalía”.

“El gobierno tiene la obligación de cumplir la Ley de Presupuesto 2025″, que incluyó “recortes en todo el Estado”, dicta parte de la minuta del gobierno.

“El ajuste que hubo al presupuesto fue un ajuste no (solo) a la Fiscalía, fue a todos los organismos que se rigen por el presupuesto. Todos, sin excepción: gobiernos regionales, Poder Judicial, todos los ministerios, todos tuvimos ajustes”, dijo este jueves la ministra Tohá, desde La Araucanía. “Fue un ajuste aprobado transversalmente por el Parlamento, exigido de hecho por el Parlamento”, agregó la jefa del gabinete.

En la misma línea, expuso que en ese acuerdo “se excluyeron algunas instituciones, muy específicas, las policías, ciertos ítems del sector salud, ciertos ítems del sector vivienda, ciertos ítems del sector educación. (...) Entonces, la verdad es que todos dicen ser partidarios de tener finanzas públicas sanas, responsables. Bueno, esa responsabilidad se pone a prueba cuando hay que tomar decisiones de este tipo”.

En tanto, ayer el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, asistió a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para explicar a la instancia el recorte presupuestario de $7.064 millones al Ministerio Público. Y enfrentó una discutida sesión.

El secretario de Estado comenzó su presentación reiterando que la decisión fue en conjunto con parlamentarios -tanto senadores como diputados- que participaron de la comisión mixta. “Se tenía que hacer, de acuerdo al compromiso adquirido, dentro de los 10 primeros días, la norma legal, y todos tenemos que cumplir la ley, y la votó el Congreso Nacional”, detalló.

Elizalde, además enfrentó los cuestionamientos de los parlamentarios de la comisión quienes apuntaron a la búsqueda de soluciones. En esa línea, insistió en que la reducción de dineros fue consecuencia de un acuerdo en el Congreso, “si uno lee los medios de comunicación y las declaraciones de muchos dirigentes políticos y parlamentarios, eso no queda tan claro, o sea, aquí se instaló el primer día como que esto es una decisión discrecional y unilateral del gobierno”, subrayó.

Antes, la vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry, había intentado aclarar el mismo punto, asegurando además que el recorte presupuestario no era contradictorio con los esfuerzos del gobierno en materia de Seguridad.

También el titular de Hacienda, Mario Marcel, había salido al paso de las críticas por la reducción presupuestaria apuntando al acuerdo en el Congreso. “El ajuste presupuestario que se está implementando es en cumplimiento de un mandato legal emanado de la propia Ley de Presupuestos, que a su vez se originó en un acuerdo marco en la tramitación del presupuesto. En esto se han hecho las excepciones que estaban contempladas en esos acuerdos. El resto se ha aplicado de manera pareja tal como está señalado en la ley”, contextualizó el ministro Marcel.

Esta no es la primera vez que en La Moneda temen por un conflicto con la Fiscalía. Semanas atrás, el gobierno vio con preocupación la forma en la que el Ministerio Público abordó la denuncia contra el Presidente Boric por difusión de imágenes públicas. Al mismo tiempo, en Palacio han sido críticos de las filtraciones que han surgido en casos judiciales de alta connotación.