Cierre de Punta Peuco: cómo se diluyó uno de los gestos simbólicos del gobierno de Boric

La idea de cerrar el Penal Punta Peuco era una de las conversaciones que estaban avanzadas en el primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric. Tanto es así que en La Moneda evaluaron seriamente hacer el anuncio antes del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022.

El cierre del penal para enviar a los exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos a cárceles comunes era uno de los gestos simbólicos que se idearon desde la campaña presidencial. Y en el comité político hubo varios partidarios de ejecutar la idea con premura. En esa misma tecla también se pensó anunciar los indultos presidenciales a los presos del estallido, lo que se ejecutó a fines de 2022.

Una semana antes del plebiscito el tema de un posible anuncio sobre Punta Peuco se abordó en una reunión en la que estuvieron figuras como el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson (FA); la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC); la ministra del Interior, Izkia Siches, y el director de la Secom, Pablo Paredes.

El análisis del tema estaba en ese momento en manos del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC). Por lo tanto, este fue uno de los consultados cuando se analizó la posibilidad de un anuncio. Después de una evaluación más detallada, las autoridades determinaron que lo mejor era esperar porque aún había asuntos no resueltos para ejecutar la idea que, sin duda, traería coletazos fuertes en la agenda política.

La idea de dar de baja la cárcel que alberga a exmilitares y agentes del Estado desde 1995 no es nueva. De hecho, la presidenta Michelle Bachelet quiso cerrar su segundo mandato con este mismo anuncio. Pero se encontró con la inédita negativa del entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, quien no quiso firmar el decreto el último día del mandato de la socialista.

Antes de ser Presidente, en varias oportunidades Boric también planteó que era partidario de cerrar el penal. “Espero que cierren Punta Peuco y que criminales de la dictadura no tengan ningún tipo de privilegio”, publicó en X en 2018. “Junto con otros compañer@s del Frente Amplio hoy nos hicimos presentes en Til Til para exigir el cierre de Punta Peuco. No más privilegios para violadores de derechos humanos”, agregó el 11 de septiembre de ese mismo año.

Tras el primer plebiscito constitucional, con una aplastante victoria del Rechazo por el 62% -Apruebo alcanzó el 38%-, el Ejecutivo se vio obligado a posponer indefinidamente el cierre de Punta Peuco, aunque la idea igual siguió sobre la mesa.

Tras la llegada del ministro Luis Cordero al ministerio de Justicia a inicios de 2023 el criterio sobre Punta Peuco cambió, debido a que el abogado se convenció de que la crisis carcelaria no dejaba espacio para el cierre de ningún penal.

Esta, comentan desde el Ejecutivo, es la principal razón que se ha esgrimido a la hora de defender la mantención de Punta Peuco.

Ese mismo fundamento le dio Cordero a los parlamentarios oficialistas que presentaron proyectos de resolución pidiendo el cierre del penal.

“Atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país, en concepto de esta administración no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales”, dice oficio con el que Justicia respondió a los congresistas y que fue difundido por La Segunda.

En febrero, el subsecretario Gajardo, ya había rechazado la opción de cerrar el polémico penal, lo que fue reafirmado por el ministro Cordero en esas fechas y, también, por la jefa del gabinete, la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“No hay planes en este ámbito, y las prioridades en materia carcelaria están puestas en otros ámbitos”, dijo en febrero Tohá a El Mercurio.

La situación volvió a ser reafirmada por Gendarmería en un oficio emitido el 12 de enero de 2024. Esa jornada, ante una solicitud de la Cámara de cerrar Punta Peuco, el director del organismo, Sebastián Urra, remitió que a Macarena Cortés, jefa de división de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, que “esta administración penitenciaria no contempla dentro de su plan operativo el cierre de unidades le ames, ello, debido al aumento sostenido de los ingresos de imputados y condenados a nivel nacional”.

Luego que desde el gobierno se reforzara que no se cerraría Punta Peuco, el oficialismo volvió a posicionar el tema en la primera línea de la discusión política -pese a que es la misma respuesta que les han dado previamente- y reinició sus presiones al Ejecutivo por lo que consideran como una de sus banderas de lucha en materia de derechos humanos.

La diputada María Candelaria Acevedo (PC), dijo a este medio que “no compartimos el oficio enviado por el ministro Cordero, dado que ha sido una demanda histórica por parte de las agrupaciones de derechos humanos (...), las que, sin duda, seguirán insistiendo en esa línea (...). En ningún otro país del mundo los criminales de lesa humanidad cuentan con recintos especiales, ni tampoco tienen beneficios carcelarios, por lo que me parece de toda lógica que en Chile (...) los violadores de DD.HH. cumplan sus condenas en cárceles comunes, sin privilegios”.

En tanto, la diputada Emilia Schneider (FA), quien integra la comisión de DD.HH. de la Cámara, dijo que “yo esperaría que cumplamos con una deuda pendiente de justicia con quienes sufrieron los horrores de la dictadura, además de terminar con los privilegios para presos por violar los DD.HH. Si lo que falta es piso político para avanzar, me parece incomprensible que la derecha pida mano dura para algunos delitos pero para los delincuentes de la dictadura pidan mano blanda.

Y agregó: “Antes de terminar el gobierno debe cerrarse Punta Peuco y redestinar el recinto, por ejemplo, a la reinserción o a combatir el hacinamiento carcelario”.

La presidenta de la comisión de DD.HH., la diputada Lorena Fries (FA), reafirmó que “es una deuda pendiente, debe cerrarse Punta Peuco. El gobierno tiene todos los elementos para decidir cuándo y cómo”. No obstante, advirtió que “no se ha podido concretar (el cierre), entre otras cosas, por las cuestiones que señala el ministro. Es un recinto privilegiado, sin embargo, para reos comunes, por ejemplo, está muy lejos de la posibilidad de que se acerquen familiares, etcétera”.

Daniel Melo, jefe de la bancada del PS, dijo a La Tercera que “debemos poner fin a la cárcel de punta peuco para los criminales de la dictadura cívico militar, no comparto lo planteado por el ministro de Justicia”.

Finalmente, el diputado Andrés Giordano (FA) -también de la comisión de DD.HH.-, dijo a este medio que “no hay razones para que las personas que hoy están en Punta Peuco, que cometieron graves crímenes durante la dictadura, cumplan su condena en condiciones VIP. (...) Punta Peuco podría ser un espacio para otro tipo de presos, si no es para mujeres embarazadas o con hijos, que sea ocupado por otro grupo que requiera condiciones especiales, pero no criminales de lesa humanidad”.