Columna de Ricardo Lagos Escobar: Derechos de los pequeños grandes chilenos

En democracia, la gran conquista ha sido establecer que los seres humanos, hombres y mujeres, tienen derechos que el Estado y la sociedad deben garantizar. Estos derechos comienzan con el niño cuando nace o, a veces antes, cuando está en el vientre materno y es necesario velar por la alimentación y salud de la madre. Los derechos acompañan luego a la persona durante su infancia, adolescencia y vida adulta.

Pero, ¿qué significa que el Estado garantice los derechos de la infancia? En primer lugar, que debe promover y vigilar que éstos sean ejercidos, sin discriminar según el lugar en el que los niños nacen, quiénes son sus padres o dónde viven.

Para garantizar que todos los niños tengan iguales oportunidades, el Estado debe implementar políticas públicas que aseguren que los recursos y apoyos necesarios lleguen a aquellos lugares donde hay más carencias. El Estado debe, entonces, garantizar que allí donde hay menos recursos, los niños tengan las mismas oportunidades que en el resto del país.

Especial responsabilidad tiene el Estado hacia los niños sin padres, o que han sido abandonados por ellos, en cuyos casos existe una institucionalidad que debe hacerse cargo. Sin embargo, las inaceptables situaciones que hemos conocido respecto del Servicio Nacional de Menores nos indican que el Estado no ha estado a la altura de su obligación para con esos niños, ni ha garantizado sus derechos.

Es importante que cada gobierno asuma su responsabilidad en esta tarea y haga su aporte. Hemos visto avances: el gobierno de la Presidenta Bachelet creó la Subsecretaría de la Niñez y el del Presidente Piñera una Comisión de la Infancia. Esta última reafirmó la responsbilidad del Estado en tres ámbitos de protección. Primero, cómo proteger en general estos derechos para el desarrollo integral de todos los niños, asegurando anticipadamente que tendrán el debido trato; segundo, cómo implementar medidas adicionales de protección para aquellos en situación de riesgo, resguardando un tratamiento especial para que puedan desarrollar sus capacidades; y, finalmente, cómo proteger y recuperar a aquellos niños cuyos derechos ya han sido vulnerados, es decir, donde el Estado ha fallado en su obligación de garantizarlos.

Establecer derechos a nivel constitucional implica una obligación estatal para que éstos se respeten y ejecuten. Es importante que la sociedad así lo entienda y asuma, especialmente en relación a los niños, que no pueden salir a la calle a protestar, a diferencia de otros sectores que se levantan y exigen cuando ven sus derechos vulnerados.

Para poder responder, es indispensable que la institucionalidad jurídica del Estado, a través de la Subsecretaría de la Niñez, de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, y de las distintas instancias de educación, entiendan y subsanen también las desigualdades a las cuales se expone a los niños en su vida diaria, como la falta de parques, canchas deportivas, desarrollo y acceso al arte, etc.

Comparado con sus vecinos latinoamericanos, Chile tiene buenos indicadores. Destacamos en mortalidad infantil –la mas baja del continente–, en esperanza de vida de niños al nacer, en sus capacidades de alimentación, en cobertura en educación pre-básica, y en educación básica y media, donde tenemos los mejores indicadores del continente. Pero queda mucho por hacer.

Al celebrar el Día del Niño, demandamos que el Estado asuma su deber de respetar los derechos de estos pequeños grandes seres humanos mediante garantias explícitas. No hacerlo nos expone a las consecuencias posteriores, cuando muchas veces ya es demasiado tarde porque el daño ya está hecho.

Los niños, precisamente porque son niños, son personas que no pueden exigir por si mismos sus derechos. Por ello, la sociedad en su conjunto debe estar alerta y verificar que se respeten. La Convención de los Derechos del Niño, que Chile suscribió hace 28 años, está plenamente vigente. Debemos estar a la altura de ese compromiso.

Ricardo Lagos Escobar es expresidente de la República