Comienza la cuenta regresiva para el fin del Sename

Su reforma ha sido parte de promesas de campaña de más de un gobierno. Las acusaciones de vulneraciones de derechos que han ocurrido en sus centros han impactado en reiteradas oportunidades a la opinión pública. En sus 41 años, se han repetido los testimonios, víctimas y rostros que han marcado lo que ha sido la historia del Servicio Nacional de Menores (Sename). Y todos esos esfuerzos por cambiarlo, muchos de los cuales se vienen acumulando de administraciones anteriores, entraron ya en su recta final. Esto, luego de que el miércoles el Parlamento despachara el proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Este nuevo organismo marca el inicio de la cuenta regresiva para poner fin al Sename tal como se conoce actualmente. A esta nueva institucionalidad se agregará, una vez que sea despachado del Congreso, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. De esta forma, el actual Sename se separará en dos y la primera parte dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y esta última, del Ministerio de Justicia.

El objetivo del nuevo Servicio de Protección es mejorar y modernizar el rol que cumple el Estado en relación al cuidado de los niños vulnerables. En este sentido, dentro de los cambios que incorporará la nueva entidad, explican desde el gobierno, está el hecho de que los actuales Organismos Colaboradores del Sename (Ocas) pasarán a llamarse Colaboradores Acreditados. Estas unidades contarán con una asesoría técnica separada de las labores de supervisión.

También se creará un Consejo de Expertos, cuyo rol será la acreditación de los programas y la revisión de los estándares que se dicten para el funcionamiento de los planes. Se tratará de un ente externo, independiente, que también fiscalizará y se encargará de la acreditación de los colaboradores. A su vez, se agregaron sanciones más exigentes.

En esa misma línea, el organismo también contará con más presupuesto, ya que este servicio tendrá un 40% más de recursos en materia de protección que lo que tiene el actual Sename destinado a esta área.

Ayer, el Presidente Sebastián Piñera valoró este hito. “Es un importante primer paso para cumplir el compromiso moral que tenemos con nuestros niños”, afirmó el Mandatario. Piñera, a su vez, anunció que se designará a la actual subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, como la nueva directora implementadora de este servicio.

“La tarea no es fácil, asumimos como Estado la responsabilidad que nos corresponde, pero mi invitación es a que toda la sociedad se involucre en este compromiso con los más vulnerables”, aseguró Castro.

El proyecto ahora pasará al Tribunal Constitucional (TC) para su control preventivo. Luego de eso podrá ser promulgado. Castro será la encargada de toda su implementación, la que tendrá que estar lista en al menos un año, pero el gobierno espera que esto sea durante el primer semestre de 2021. Luego de cumplir su rol de transición, Castro dejará el cargo, el cual será sucedido por una nueva dirección escogida por Alta Dirección Pública.

Pero este proyecto no ha estado al margen de las críticas. La Defensoría de la Niñez valoró la decisión de avanzar hacia el fin del Sename, pero manifestó algunas diferencias. “En vez de adoptarse un sistema de financiamiento que tenga como principal objetivo asegurar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, se continúa con un sistema de subvenciones, severa y categóricamente cuestionado por el Comité de los Derechos del Niño, propio de una visión tutelar y caritativa”, aseguraron en un comunicado. La entidad también reprochó que este nuevo servicio no haya quedado sujeto a la aprobación y publicación del proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías y que sigue tramitándose aún en el Congreso.

La otra área que hoy abarca el Sename tiene relación con los menores infractores de ley. Estos jóvenes -de acuerdo al diseño que se trabaja en el Parlamento- quedarán a cargo del Ministerio de Justicia, específicamente en el futuro Servicio de Reinserción Social Juvenil. El gobierno estima que esta iniciativa será despachada por el Congreso en enero de 2021. Hoy se encuentra en la Cámara y ya fue aprobada por el Senado.

Sin embargo, su promulgación no significará su inmediata operatividad. De hecho, esperan que recién en 2024 este pueda estar implementado en todo el país.

Según el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, una vez despachado el proyecto se iniciará un periodo de vacancia que durará un año. Esto significa una especie de marcha blanca y, luego, en enero de 2022, se empezará a operar con el nuevo servicio. Así se busca una aplicación gradual: el primer año se implementará en las regiones de la zona norte, el segundo año en las de la zona sur y en el tercero comenzará a operar en la Región Metropolitana.

La razón de que sea implementado por fases, tiene relación con que “no solamente se crea un nuevo servicio, sino que, además, modificamos el sistema de justicia juvenil, es decir, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y hacemos una especialización de salas con fiscales, defensores y jueces exclusivos”, dijo Valenzuela. Detalló que en el Ministerio Público habrá 22 fiscales especializados y que el Poder Judicial deberá determinar cuántos magistrados destina, según su disponibilidad.

Asimismo, señaló que aumentarán en un 19% los funcionarios destinados a justicia juvenil. Hoy el Estado cuenta con 2.800 empleados dedicados a esta labor y esperan que con el nuevo servicio se pueda llegar a 3.300 funcionarios. Para eso, dijo Valenzuela, también se necesita más presupuesto: “Hoy uno podría decir que el Sename destina unos $ 120 mil millones a justicia juvenil y el presupuesto del servicio está calculado en $ 150 mil millones, solo en justicia juvenil”.

Valenzuela también explicó que no tienen un problema de falta de plazas, sino que de baja calidad de servicio, por lo que no tienen estipulado agregar nuevos recintos. Actualmente, en el país hay un centro por región y en el caso de la Región Metropolitana existen tres lugares. El plan, de acuerdo al subsecretario, es ir modernizando los que ya tienen y crear nuevos modelos con mejores estándares de habitabilidad.

“Lo que sí va a cambiar con el nuevo servicio es la acreditación de programas a través de un consejo externo al servicio”, explicó Valenzuela. Además, aseguró que se creará una nueva figura, que será la mediación penal entre el imputado y la víctima, programa que busca un acuerdo entre las partes y la reparación del daño, a cambio de darse por terminado el proceso.