Comisión contra la Desinformación propone entregar nuevas facultades al Servel para fiscalizar “fake news” electorales

Luego de concretarse una prórroga de siete días hábiles desde el 22 de noviembre, la tarde de este lunes fue despachado el segundo informe redactado por la Comisión Asesora Ministerial contra la Desinformación, titulado “Recomendaciones para contrarrestar la desinformación en Chile”.

Cabe indicar que el primer documento, denominado “El fenómeno de la desinformación: Revisión de experiencias internacionales y en Chile”, fue publicado el pasado 29 de agosto, y entre sus 111 páginas ahondó en la “preocupación por la desinformación” al revisar los reportes de organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial (2013), la Unión Europea (2018), la Unesco (2020), la OMS (2022) y la APEC (2022).

Por su parte, el texto de 68 páginas y de 72 recomendaciones concierne sobre el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales de redes sociales, donde se aborda la complejidad del fenómeno y la importancia de regular plataformas monopólicas, reconociendo su función como industria.

“El fenómeno de la desinformación es multidimensional y no tiene ‘solución milagrosa’. En consecuencia, esta comisión técnica plantea recomendaciones desde diferentes perspectivas para avanzar en la lucha contra la desinformación buscando proteger el interés público, los derechos humanos y los derechos individuales”, se extrae del escrito.

En ese sentido, la estructura del informe está ordenada en seis capítulos, siendo el primero “Desinformación: El debate multilateral y la participación de Chile”, el cual propone la adopción de principios internacionales, transparencia en la cooperación internacional, comunicación de compromisos y promoción de acuerdos de cooperación.

Prosigue con “Espacios de la desinformación”, que aborda la amenaza de la desinformación en plataformas digitales, tales como sitios web, foros en línea, grupos de redes sociales o incluso aplicaciones dedicadas, donde distintos servicios son utilizados como plataformas para difundir información falsa, engañosa o sesgada. Al respecto, se recomendaron adoptar acciones como transparencia en algoritmos, regulación de protección de datos, entre otras.

“El Estado chileno debe diseñar y desarrollar una política de trabajo hacia la gobernanza de las plataformas de redes sociales que incluya mínimamente las recomendaciones y principios sugeridos en acuerdos, foros y directrices de organizaciones multilaterales en las que participa y suscribe Chile, como la corregulación y otros mecanismos. Especialmente importante es el reconocimiento y el debate sobre cómo opera la industria de la desinformación a nivel internacional y su alcance en el contexto latinoamericano y nacional”, precisa la Comisión en el informe.

El tercer capítulo, titulado como “Desinformación y espacios estatales”, comprende los desafíos que enfrentan los espacios de gobernabilidad en procesos electorales, ciberseguridad y salud pública, y en ese aspecto, se realizan una serie de recomendaciones en torno a la colaboración y acciones específicas para contrarrestar información falsa protegiendo la integridad democrática y la salud pública.

“Si bien los espacios de internet están fuertemente protegidos por derechos de libertad y la posibilidad de expresarse sin censura previa, eso no exime de que se haga un análisis de los contenidos difundidos y que se generen incentivos virtuosos para una buena convivencia social digital sin que aquello perjudique el bien común”, se detalla.

Es este contexto, la Comisión propuso que se conforme anualmente un plan de acción entre instituciones públicas, partidos políticos, entes privados y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de generar tanto un compromiso como una hoja de ruta en materia de desinformación sobre asuntos de democracia y procesos electorales.

En este punto, se abordaron las atribuciones del Servicio Electoral (Servel), donde se sugirió entregarle facultades para fiscalizar “de forma proactiva y denunciar aquella campaña de desinformación de carácter electoral que no sea contratada por un actor válidamente registrado en una elección o plebiscito”.

A la vez se sugiere que amplíe su agenda a temáticas de inteligencia artificial, incluida la generativa, y su potencial impacto en materia de desinformación electoral y procesos democráticos.

Por otra parte, se recomendó incorporar a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Nº 18.700), una mención expresa a la regulación de la publicidad en plataformas de redes sociales digitales.

Entre tales consideraciones se indica el establecer que toda la publicidad que se contrate directamente a las empresas proveedoras, o a través de terceros tiene que informarse al Servel; que las empresas no puedan discriminar en el cobro de las tarifas entre las distintas candidaturas; que se transparenten contrataciones que incluyan bases de datos personales, entre otras.

Asimismo, sesostiene que las plataformas digitales de redes sociales que mantengan publicidad política deberían supervisar el avisaje político y temático, asesorar a avisadores, y hacer públicas las medidas adoptadas en relación con los avisos políticos cuando infrinjan normas comunitarias o políticas del servicio.

El cuarto episodio, denominado “Desinformación y educación a través de la alfabetización mediática, informacional y digital”, destaca la importancia de la alfabetización mediática, informacional y digital en la lucha contra la desinformación, y entre las recomendaciones se incluyen políticas públicas, formación docente, investigaciones y programas de educación continua.

Mientras que el quinto capítulo, titulado “Fortalecimiento de los medios como una herramienta contra la desinformación”, comprende el desafío que enfrentan los medios de comunicación chilenos en temas financieros, tecnológicos y éticos en la era digital, donde las recomendaciones incluyen autorregulación, apoyo estatal y ética en inteligencia artificial.

En este punto se sostiene que los medios están afectados directamente por “la desinformación, el surgimiento de actores interesados que crean y difunden contenido factualmente falso, utilizando el lenguaje, códigos y prácticas del periodismo para confundir y persuadir a las audiencias y consumidores”.

Ante la irrupción de las redes sociales como plataformas para informarse, se advirtió sobre contenidos diseñados para engañar, potenciados por nuevas tecnologías como los deepfakes y el uso de inteligencia artificial (IA) generativa en otros formatos, estimando que “ese es un riesgo urgente de enfrentar”.

Finalmente, el capítulo concluyente denominado “Investigación sobre desinformación”, ahonda en recomendaciones que incluyen financiamiento, estudios interdisciplinarios, acceso a datos y resguardo de la comunidad de investigación.