Infraestructura crítica: Siches admite que veto busca no exponer al gobierno a judicialización de incidentes con FF.AA.

En la Sala Francisco Bulnes Sanfuentes del Congreso en Valparaíso, la Comisión de Constitución de la Cámara se reunió para analizar la observación (un veto sustitutivo) presentada por el Presidente Gabriel Boric al “proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica”.

La iniciativa -de autoría de los senadores independientes RN, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena-, si bien era resistida inicialmente por sectores de gobierno, como el Frente Amplio y el PC, en el fondo faculta al Mandatario para que disponga de fuerzas militares al cuidado de lugares estratégicos frente a la escalada de violencia en La Araucanía, el Biobío y ahora también en la Región de Los Ríos.

En votación, al cierre de la sesión la mañana de este miércoles, por ocho votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, la instancia de la Cámara dio su opinión favorable para que la Sala apruebe esta tarde el veto sustitutivo.

Para aclarar algunas inquietudes de los parlamentarios, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, había sido invitada a exponer en la comisión.

“Hemos podido esclarecer las dudas sobre este veto sustitutivo que intenta complementar lo que ya habían hecho los legisladores para poder tener este instrumento y utilizarlo efectivamente”, dijo la jefa de gabinete en alusión al avance del veto en el Congreso, que el martes en la noche había sido aprobado por el Senado -por 36 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones- y luego de algunas correcciones por parte de Ejecutivo al texto inicialmente ingresado.

Además, en la instancia la ministra transparentó que el veto -que corrige algunos puntos de la reforma original que había sido despechada por el Congreso- era necesario para evitar la judicialización de episodios que involucraran a las FF.AA.

“Quiero ser bien explícita, porque entiendo la preocupación que existe, pero también nos hemos puesto en el punto real de la utilización del instrumento y ha sido algo que se nos ha levantado por parte de los jurídicos de los distintos ministerios y también de las FF.AA., porque si no, es una fragilidad del proyecto”.

En esa línea, explicó que “la judicialización posterior a eventos, donde estén involucradas las FF.AA., plantea una exposición por parte de quienes estamos a cargo de su implementación como gobierno, lo que no podía ser”.

Siches informó que la corrección del Presidente permite que exista una coordinación entre las FF.AA. y las fuerzas de orden, como Carabineros y puso como ejemplo que si un hospital, custodiado por militares, es asediado por una protesta, en primera instancia intervendrían las policías. Esto ayudaría a tener una gradualidad en el uso de la fuerza.

Otra de las innovaciones es que el veto incluye la figura de un jefe de la Defensa Nacional que estará al mando de las fuerzas. Aunque la ministra Siches no lo señaló explícitamente en la comisión, una diferencia con el texto original, es que antes se ligaba directamente la responsabilidad del Presidente de la República con el despliegue militar.

Respecto al uso de esta normativa en la Macrozona Sur, la ministra ayer había adelantado caso de ser acogida esta propuesta “vamos a evaluar el uso de este instrumento, de no ser así tendríamos que evaluar una nueva extensión de un Estado de Excepción Constitucional que en este caso lamentablemente debería caer en semana distrital”.

Estuvieron presentes durante la sesión la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. En el debate expuso también la subsecretaria Segpres, Macarena Lobos.

Lobos hizo una precisión respecto a un eventual uso de la fuerza por parte de militares, explicando que “tiene que ser conforme a las normas del derecho internacional y la aplicación concreta tiene que ser conforme a ese Decreto Supremo que regula las reglas de uso de la fuerza”.

“Hoy día existe una regulación para los estados de excepción y, por lo tanto, dadas las características distintas que tiene la protección de la infraestructura crítica requiere una particularidad de una regulación específica”, expuso, indicando que “existe la necesidad de dictar un reglamento”.

El martes, la Sala del Senado había ya aprobado el veto sustitutivo que presentó el Ejecutivo en el marco de la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica, sin la necesidad de decretar algún estado de excepción constitucional.

Durante el debate de esta jornada, el diputado Raúl Leiva Carvajal, afirmó que la intervención del Ejecutivo en el proyecto “entrega certezas” para su puesta en marcha.

El diputado Gustavo Benavente, en tanto, aseguró que el proyecto original no fue diseñado pensando en la Macrozona Sur. Por ello llamó al gobierno a aclarar si esperan que la iniciativa sea complementaria con el estado de excepción o la consideran incompatible.

El diputado Miguel Ángel Calisto hizo hincapié en que “se deben ocupar todas las herramientas” del Estado en temas de seguridad y dijo que a su parecer se trata de “una buena propuesta”.

Calisto llamó a “superar los complejos ideológicos”.

La diputada del Partido Comunista y presidenta de la comisión, Karol Cariola, dijo que “los estados de excepción son excepciones y no la regla y ante eso el Estado de Chile debe buscar soluciones permanentes”.

“Tenemos, y no lo voy a negar, preocupaciones importantes y de fondo con esta propuesta”, dijo, señalando que les parece “peligroso” ciertas atribuciones que se le otorgarían por decreto al jefe de la Defensa y al Presidente de la República.

“Hoy día yo confío en el Presidente que tenemos, pero en el futuro no sabemos el Presidente que vamos a tener”, advirtió.

La diputada Camila Flores se abstuvo. Andrés Longton, conectado por vía telemática, también se abstuvo afirmando que “el gobierno no ha dado garantías” respecto a la aplicación de esta medida en la Macrozona Sur, algo que a su juicio constituiría una nueva versión del llamado “estado de excepción acotado”.

También se abstuvo el diputado Luis Sánchez asegurando que “se dejan muchos espacios abiertos a situaciones complejas” y señalando que hubiese preferido votar cada artículo por separado.