Comisión de Derechos Fundamentales aprueba en general propuesta para la restitución de tierras indígenas

Durante esta jornada la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó en general la iniciativa presentada por el convencional Adolfo Millabur (Pueblo Mapuche) que pretende establecer el derecho a “la restitución y deber de reintegro” de territorios de los pueblos indígenas en el proyecto de nueva Constitución.

La propuesta de Millabur contó con el apoyo de convencionales del Frente Amplio, del Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y escaños reservados.

En el primero de sus artículos, la iniciativa plantea que el Estado de Chile reconoce la “usurpación y despojo” de los territorios de los pueblos indígenas que hayan sido “ocupados o confiscados” a causa de “la violencia estructural e histórica” o por “desconocimiento de las reglas jurídicas”. La norma también busca establecer que es deber del Estado contar con “los mecanismos eficaces y los procedimientos adecuados, equitativos y justos para satisfacer las demandas de recuperación y restitución”.

De la misma forma, la comisión aprobó en general el artículo que propone la creación de una Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena, que tendría por finalidad recibir demandas territoriales de los pueblos y naciones indígenas “que se encuentren en posesión o dominio de terceros, particulares o el fisco”, para así elaborar un plan de demarcación, registro o titulación, según corresponda.

Además, un artículo transitorio, también aprobado en general por la comisión, establece que dicha comisión debería conformarse dentro de un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución.

La iniciativa también sostiene que se crearía un Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas, integrado paritariamente por expertos del Estado y naciones indígenas preexistentes. Éste tendrá entre sus competencias conocer y resolver reclamos en contra de la Comisión Plurinacional de Catastro, la expropiación y procesos de reparación.

En concreto, este órgano tendría la tarea de promover las medidas necesarias para cumplir el deber de restitución. Así, la norma establece que se podría recurrir a la expropiación “para lo cual siempre se considerará que la recuperación y restitución de tierras, territorios y bienes naturales indígenas es de utilidad pública y social, y una justificada limitación al derecho fundamental a la propiedad privada”.

En cuanto a este Tribunal, los artículos transitorios aprobados plantean que, a partir de la entrada en vigencia de la futura Constitución, el Estado tendría un plazo de dos años para crearlo.