Comisión de Derechos Humanos del Senado aprueba idea de legislar proyecto de indulto general para detenidos en el estallido social

La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó esta tarde -por tres votos a favor y dos en contra- la idea de legislar el proyecto de indulto general para detenidos en el estallido social.

La iniciativa parlamentaria fue ingresada a la Cámara Alta el 9 de diciembre de 2020, contando con el apoyo de la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), de Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO).

La moción establece la remisión de la pena de quienes fueron detenidos desde octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del proyecto.

Estuvieron por aprobar las senadoras Muñoz, Provoste y Latorre (presidente de la Comisión de DD.HH.). Mientras que rechazaron los parlamentarios Felipe Kast (Evópoli) e Iván Moreira (UDI).

La votación se dio tras una serie de sesiones donde se escucharon a diversos actores políticos, judiciales, expertos en derecho y agrupaciones de familiares de detenidos en el marco del estallido social, que este lunes se votó su idea de legislar.

En la sesión del 22 de diciembre -cuando comenzó su tramitación en la comisión- intervino el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien acusó que la iniciativa no era un proyecto de indulto, sino que “una amnistía encubierta”.

Ahora el proyecto deberá seguir su tramitación en general en las Comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, tal como se acordó en la sala del Senado cuando se dio cuenta de su ingreso.

Previo a la votación, los senadores tuvieron la posibilidad de fundamentar su postura respecto a la iniciativa parlamentaria.

La senadora Yasna Provoste planteó que “parece necesario acotar este proyecto de manera que efectivamente beneficie aquellos casos que en justicia lo merecen (...) Esto no genera impunidad”.

Así mismo, anunció que buscará presentar una serie de indicaciones a la iniciativa y otras acciones que permitan esclarecer el número de detenidos en el marco del estallido, así como las denuncias de supuestas vulneraciones al interior de recintos carcelarios.

Por su parte, Felipe Kast afirmó que “me parece extremadamente complejo y grave el que el poder legislativo se atribuya el derecho de suplantar otro poder del Estado”.

Y aseguró que esta iniciativa “atenta a la esencia de la democracia y la división de poderes”.

“Si alguien quiere comparar a nuestro país con una dictadura, está en su derecho, pero no puedo estar más lejos que aquello”, cerró.

Una postura similar expuso Iván Moreira, quien señaló que “este proyecto de indulto general es grave, además de ser contradictorio y absolutamente sesgado”.

“Este proyecto busca una amnistía general, es decir, borra el delito y la pena. Este proyecto lo que busca es la impunidad. Y ha sido escrito por la izquierda para darle impunidad a la izquierda y a ese lumpen que participó de actos de violencia en el estallido social”, agregó.

Finalmente, el presidente de la Comisión, Juan Ignacio Latorre, dijo que “es fundamental buscar una salida política” y que esta moción “es un proyecto de difícil tramitación, porque requiere construir mayorías. Esto tendrá que ser debatido en las comisiones y en la sala”. Para concluir que “no pretendemos suplantar a otro poder del Estado”.

Tras conocerse la aprobación del proyecto en la Comisión de Constitución, el gobierno salió a rechazar nuevamente esta iniciativa.

Así lo hizo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien aseguró que “la aprobación del proyecto de indulto es una mala señal para la ciudadanía. En primer lugar, porque afecta gravemente nuestro estado de derecho. Hoy esas causas están siendo conocidas por tribunales para determinar la responsabilidad de esos individuos en delitos. ¿Qué le estamos diciendo a los tribunales? ¿Que ahora esas causas ahora se van a ver en el Senado?”.

“Y en segundo lugar, para las víctimas es una pésima señal. ¿Qué les decimos a esas carabineras que les quemaron la cara con una bomba molotov? ¿Qué le decimos a esos vecinos del barrio San Borja que vieron seriamente afectadas sus vidas por esos delitos? ¿Qué le decimos a esos pequeños comerciantes del centro de Antofagasta, de Santiago y Concepción que vieron truncados sus proyectos de vida como consecuencia de estos delitos que pretenden ser indultados?”, agregó.

Por su parte, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, indicó que “este es un proyecto que está, además, muy mal en sus fundamentos” Y que “es una pésima señal, porque de alguna manera justifica la violencia, justifica el que queden impunes delitos que atentaron contra propiedad pública, que quemaron buses, saquearon, que tiraron bombas molotov (...) y hay quienes nos dicen que eso tiene que quedar en la total impunidad, contraviniendo lo que significa la esencia misma de una democracia, en donde nunca se puede justificar la violencia”.

Y cerró con que la moción parlamentaria “atenta contra la esencia misma del diálogo, contra la esencia misma de la democracia y por ello mismo el presidente ha dicho que si el proyecto avanzaba, sin lugar a dudas lo vetaría. Lo vetaría para proteger a las personas, para proteger lo que significa el Estado de Derecho y para proteger nuestra democracia”.