Comisión Experta aprueba catálogo de deberes, cinco derechos sociales y deja fuera del anteproyecto libertad de elección en salud

El pleno de 24 comisionados que integran la Comisión Experta sigue avanzando en las votaciones finales para dejar listo el anteproyecto de nueva Constitución que le entregarán el miércoles 7 de junio al Consejo Constitucional.

El martes dejaron listo el primer capítulo que trata sobre los fundamentos del orden constitucional y durante esta jornada avanzaron con el segundo acápite que aborda las normas sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales.

Los 23 comisionados presentes en la instancia plenaria visaron -por unanimidad- las normas sobre nacionalidad y ciudadanía.

Además, el pleno aprobó el marco general que regulará la garantías de los derechos sociales. Se trata de, por ejemplo, el artículo 24 que plantea lo siguiente.

El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a:

a) El desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos.

b) El aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho.

c) La no discriminación o diferenciación arbitraria.

d) La remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad.

e) El empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal.

f) La satisfacción a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda.

Artículo 24 ter del anteproyecto de nueva Constitución

Una de las divisiones más fuertes que se ha dado hasta el momento -en un pleno marcado por las votaciones unánimes- se dio en la normativa del derecho a la vida. En este punto la derecha quiso reponer una enmienda -rechazada en la subcomisión de Principios- que pretendía regular la protección de la vida del que está por nacer.

“Nadie puede ser privado de su vida intencionadamente, salvo en los casos de legítima defensa. La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable. En Chile se proscribe la pena de muerte”, se leía en la indicación.

Durante el debate, los comisionados de la oposición defendieron la enmienda. “En la única área que retrocedemos es en la protección del que está por nacer. Nadie niega que el o la que está por nacer está dotada de una dignidad que debemos proteger. Todavía tenemos una opción de corregir esa omisión”, afirmó el comisionado Sebastián Soto (Ind.-Evópoli).

El experto nominado por el Partido Republicano, Carlos Frontaura, también lamentó la ausencia de esta enmienda. “No puedo sino lamentar que en materia de protección a la vida no se haya mantenido el mandato constitucional al legislador para proteger especialmente la vida del que está por nacer, así como la propuesta para incorporar en ese mandato de protección a la maternidad vulnerable”, dijo. El académico luego añadió que “no tengo ninguna duda jurídica, moral o filosófica de que este derecho a la vida se asegura a toda persona y como indica el Pacto de San José de Costa Rica que la persona es todo ser humano”.

La comisionada Catalina Salem (Ind.-RN) también se refirió al tema: “Desconozco por qué nos preocupamos de ciertos grupos o personas en situación de vulnerabilidad y no del que está por nacer y de aquellas mujeres que precisamente gestan a sus hijos en condición de vulnerabilidad”.

El rechazo de esta enmienda no era una novedad, ya que no era parte del acuerdo. Además, se neteaba con el rechazo de otra indicación del oficialismo que pretendía incorporar los derechos sexuales y reproductivos. Por parte de la izquierda, la comisionada socialista Catalina Lagos comentó, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “sobre protección del derecho a la vida se ha señalado que es gradual e incremental, no es una protección absoluta”. Junto con eso, agregó que ese mismo tribunal “ha llegado a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona”.

Al momento de votarse la enmienda, toda la derecha que estaba presente en el pleno -11 comisionados- votaron a favor. La izquierda, con sus 10 votos, votó en contra. En tanto, las dos comisionadas de la DC optaron por abstenerse.

Durante este pleno los expertos además aprobaron la regulación constitucional del recurso de protección. Junto con esto, el pleno dio la unanimidad para aprobar las normas que regulan los estados de excepción. En este punto, la comisión no tuvo grandes innovaciones y visaron los mismos cuatro estados de excepción constitucional que estaban incorporados en las bases institucionales, es decir, estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.

Otro asunto destacado es que los comisionados aprobaron un nuevo catálogo de deberes que acompañará a los derechos sociales. Esto es una innovación respecto del texto vigente que solo contiene deberes de carácter militar.

Algo similar fue destacado por el comisionado Hernán Larraín. “En materia de deberes constitucionales puedo señalar que considero una novedad la incorporación de un párrafo de estas características, esto debe ser reconocido como una mirada integral de lo que son los derechos. Se dice mucho, pero no se hace. Siempre que hay un derecho, hay un deber”, afirmó el experto de la UDI.

El experto del PC Alexis Cortés también destacó el punto: “A veces prolifera que solo hay exigencia de derechos, pero no de deberes. Eso no es así, especialmente en esta nueva comprensión de un Estado social y democrático de derecho. Todos debemos contribuir, quiero ser insistente en esta idea”.

La comisionada Antonia Rivas (CS), quien manifestó algunos reparos al respecto, destacó uno de manera especial. “El deber de protección de medioambiente para todos los habitantes de la República, sumado a una perspectiva intergeneracional, pone en relieve la importancia de enfrentar esta crisis climática, para lo cual no podemos cejar en ningún esfuerzo”, dijo la antropóloga.

Los deberes aprobados por el pleno fueron los siguientes.

1. Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Asimismo, deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia, y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley.

2. Del mismo modo, deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile.

3. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación, en conformidad a la ley.

4. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria.

5. Todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República.

6. Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos, y votar en las elecciones y referendos, todo de conformidad a la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política.

7. Los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes, y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los necesiten.

8. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños.

Artículo 28 del anteproyecto de nueva Constitución

Al cierre de esta edición, el pleno de la Comisión Experta se alistaba para votar las normas que regulan en detalle cada uno de los cinco derechos sociales incluidos en el anteproyecto. En este punto, el comisionado Flavio Quezada (PS) dijo que se concentraba “el núcleo más profundo y más fuerte del Estado social de derecho”.

En tanto, el experto Teodoro Ribera (RN) destacó que la comisión haya regulado un Estado social acotado de solo cinco derechos. El comisionado Sebastián Soto subrayó el mismo punto: “Este es un capítulo con un profundo contenido y también con profunda contención. No hay una enumeración extensa de derechos. Logramos controlar la tentación de transformar todos nuestros intereses en derechos fundamentales. Nos muestra cambio y continuidad”.

El nudo más importante estuvo en la ausencia del inciso que regulaba la libertad de elección en salud. El texto en disputa planteaba lo siguiente: “Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado”.

Sobre esto, la comisionada Bettina Horst (Ind.-UDI) criticó la ausencia del inciso. “En ningún caso se constitucionalizan las actuales instituciones de salud previsional ya que ellas no están en la Constitución, no se crean en el texto vigente, sino que mediante leyes de rango inferior. Lo único que hoy se protege en la Constitución vigente es la libertad de elección, no una industria en especial, no nos confundamos”, dijo la economista.

Luego añadió: “Quienes hoy se oponen a la libertad de elección en esta materia a nivel constitucional en el fondo lo que buscan es que las cotizaciones de todos vaya el Estado, a financiar solamente la aseguradora estatal, Fonasa, tal como lo establece el programa de este gobierno y tal como lo establecía el rechazado texto constitucional”.

El comisionado Quezada fue el encargado de responderle. “Ha quedado al legislador la determinación de la forma de financiamiento de las acciones de salud, tal como en todas las constituciones que conozco”, comentó el socialista.

En seguridad social, estaba previsto que la comisión visara las normas tal como salieron de la subcomisión de Derechos Sociales. Aquí destaca un inciso que plantea que “los recursos con que se financie la seguridad social solo podrán destinarse al financiamiento y administración de sus prestaciones”. Esta norma pretende bloquear los retiros previsionales.

Pese a que la derecha quiso reponer la enmienda que se refería a que “el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos”, la izquierda no iba a dar sus votos para darle luz verde.

Finalmente, se esperaba que la comisión le diera el apoyo al resto de los derechos como la educación, libertad de enseñanza, trabajo decente, libertad sindical, huelga, la cultura, el agua y el acceso a la vivienda adecuada y preferentemente propia, entre otras materias del capítulo.