Comisión Experta aprueba en general las normas que cambian el sistema político e imponen barreras para que partidos lleguen al Congreso

Por segundo día consecutivo, el pleno de la Comisión Experta aprobó por unanimidad y en general las normas de los capítulos que tratan sobre el Congreso; gobierno y administración del Estado; gobierno y administración regional y local; Poder Judicial; Corte Constitucional; y Ministerio Público.

Tal como ha sido el estilo adelantado por los mismos comisionados, en esta primera fase todos los artículos han sido visados. La razón de esto se explica debido a que las normas fueron acordadas en las subcomisiones como un “mínimo común constitucional”. A pesar de que varios expertos no están de acuerdo en el detalle de todos los capítulos, esas diferencias y disensos se expondrán después, en la fase dos de enmiendas.

En las normas visadas sobre el Congreso se incluye la instalación de una barrera electoral del 5%, es decir, los partidos que quieran llegar al Congreso necesitarán conseguir el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la votación para elegir diputados.

El objetivo de esta herramienta es combatir la fragmentación política. Actualmente son 21 partidos políticos los que participan del Congreso, lo cual obstaculiza la tramitación de los proyectos de ley y la negociación que debe realizar la Segpres durante todos los gobiernos.

“A mí no me gustan los gatopardos. A mí no me gusta que digamos que todo cambie, para que todo siga igual. A veces hay que hacer sacrificios. El requisito del 5% produce ese cambio. No significa la captura de partidos políticos fuertes, significa que son los partidos políticos los que se tienen que fortalecer, ya sea atrayendo más electores o uniéndose a aquellos con los que tienen ideas o principios programáticos similares, lo cual evidentemente va a traer un mayor ordenamiento de un sistema político”, afirmó el comisionado Gabriel Osorio (PS).

En este punto también destacan otras normas. Por ejemplo los artículos antidíscolos. Los expertos avanzan a establecer que el parlamentario que renuncia o es expulsado del partido que declaró su candidatura, pierde su escaño. Además avanza en herramientas de disciplina parlamentaria, por ejemplo, incorporando las órdenes de partido.

El comisionado Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), durante su intervención, hizo un resumen de los cambios más relevantes, haciendo una metáfora entre las enfermedades del sistema político y los “remedios” propuestos para combatirlas.

“A la enfermedad de las acusaciones constitucionales como instrumento de responsabilidad política y no constitucional, se responde aumentando los quórums para su aprobación y creando una herramienta que permita canalizar los cuestionamientos políticos. A la enfermedad del inmovilismo y el bloqueo se crea la agenda prioritaria y se hace parte al Congreso en la calificación de urgencias como en la Constitución de 1925″, dijo Soto.

En esa misma línea, continuó con su metáfora: “Ante la enfermedad de la descoordinación entre el gobierno y el oficialismo, se proponen distintas fórmulas como la posibilidad de suscribir conjuntamente mensajes y promulgatorios por el presidente y también por los parlamentarios. Ante la enfermedad de un oficialismo distante del presidente electo, se propone trasladar la elección parlamentaria a la segunda vuelta para así, a la francesa, motivar una coalición eventualmente mayoritaria en la Cámara Baja que comparta un programa común con el presidente”.

Dentro de las normas más polémicas, los expertos aprobaron en general los artículos que le dan forma a la futura Corte Constitucional, el órgano que será el continuador del actual Tribunal Constitucional.

Lo más resentido por la oposición fue que la subcomisión no llegara a acuerdo en el control preventivo de fondo que se hace a las leyes que tramita el Congreso.

Este es uno de los puntos centrales para el oficialismo, y el comisionado Domingo Lovera (RD) se la jugó personalmente para que no fuera parte de las normas en acuerdo. “Yo tengo una objeción democrática con esta atribución, dado los términos a los que recurren las constituciones es imposible que el control preventivo sustantivo no sea a un tiempo político”, dijo Lovera.

El experto luego añadió: “No hay ninguna forma de escapar y de poder mostrar que hay un órgano que sí tiene acceso a la lectura original, sensata o correcta de lo que la Constitución dispone en términos sustantivos”.

El punto fue criticado por otros comisionados como Hernán Larraín (UDI), quien se manifestó en contra. Lo mismo hizo Catalina Salem (Ind.-RN) y Máximo Pavez (UDI), quienes adelantaron que buscarán reponerlo a través de enmiendas.

Dentro de este capítulo también están las normas sobre el nuevo gobierno judicial. En este tema se impuso la postura del comisionado Larraín, quien propuso cuatro órganos coordinados por una comisión. Esta nueva orgánica se hará cargo de las funciones no jurisdiccionales, las cuales dejarán de estar en manos de los jueces.

En este punto, la comisionada Leslie Sánchez (PL en cupo PPD) manifestó su disconformidad. “En lo personal, hubiese preferido un Consejo de la Magistratura, pero no hubo acuerdo para ello en comisión, con una integración mayoritaria de jueces, pero no exclusiva”, dijo Sánchez.