Comisión Experta aprueba en general y por unanimidad los tres primeros capítulos del anteproyecto de nueva Constitución

Mientras los expertos del oficialismo criticaron en duros términos la redacción de las normas, los comisionados de la oposición se encargaron de felicitar el diseño de los primeros artículos. Ese fue el ambiente que se vivió en el primer pleno de la Comisión Experta.

El objetivo de esta sesión era votar en general los capítulos sobre los fundamentos del orden constitucional; los derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales; y el acápite de representación política y participación.

Luego de casi cinco horas de debate, la comisión aprobó en general y por unanimidad los tres capítulos. Esto era algo que ya se sabía dado que los artículos fueron de consenso y se enmarcaron como un “mínimo común constitucional”. La verdadera pelea se dará en la discusión de las enmiendas, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen ambiciosas pretensiones para hacer cambios, eliminar normas y modificar varios artículos.

Lo primero que se discutió fueron los principios. En este punto el centro del debate estuvo marcado en lo que los comisionados llaman “el principio de servicialidad del Estado”. La subcomisión que redactó esta norma llegó al acuerdo mínimo de que la definición principal de este tema es que el Estado está al servicio de la persona. Eso es lo que los expertos llaman las “normas pro persona” y que se remontan al antiguo debate sobre persona, sociedad y Estado.

Esa fue una de las pugnas ideológicas más duras y que no dejó al oficialismo contento, ya que la oposición logró imponer su orden de principios dejando la dignidad de la persona en primer lugar. Luego viene la norma que establece que el Estado está al servicio de las personas y seguido del artículo sobre Estado social. A continuación se estableció a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y en cuarto lugar las agrupaciones sociales, lo que la Constitución vigente denomina como la autonomía de los cuerpos intermedios.

“No se entiende la razón para que el reconocimiento de Chile como Estado social no se incluya en el primer artículo. Es ese Estado, el social, el único que estará en condiciones de resguardar la libertad y la igualdad de las personas”, reprochó Domingo Lovera (RD). El experto luego agregó: “Solo incluyendo el Estado social en el artículo 1 y en consonancia con las bases se vuelven consistentes y sustanciosos los deberes de dicho precepto. De paso, y eso no sobra decirlo, solo así ese artículo podría empezar a dar la bienvenida a lo que podría llegar a ser la casa de todas y de todos”.

En la vereda contraria, la comisionada Marcela Peredo (Ind.-RN) celebró las normas de su subcomisión: “El capítulo de principios resulta relevante a partir del consenso alcanzado y destacar que mantiene una tradición constitucional tanto nacional como comparada en que la persona es el centro de los principios constitucionales y por ende el Estado está al servicio de ellas”.

En tanto, Máximo Pavez (UDI), quien presidió esta subcomisión, dejó en claro que “el Estado social y democrático de derecho jamás se ha opuesto a la sociedad civil”.

Siguiendo la línea de Lovera, la comisionada Antonia Rivas (CS) dijo que “el texto que presentamos no es suficiente, es incompleto y en ocasiones repite las mismas fórmulas fallidas que la Constitución que hoy nos rige”. El experto Alexis Cortés (PC), en tanto, dejó en claro que “aún estamos lejos de alcanzar redacciones totalmente satisfactorias que permitan una llegada a puerto exitosa” y que “ninguno de nosotros salió plenamente contento, pero sí satisfechos, esa es la virtud de lo avanzado”.

La discusión se dio en los mismos términos cuando los expertos se refirieron a los derechos sociales. El comisionado Flavio Quezada (PS) transparentó que los avances de estas normas -que él mismo acordó como un mínimo en su subcomisión- tiene “avances modestos” y que “aún falta darle una forma efectiva al Estado social”.

Luego Quezada se refirió a la siguiente norma: “Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea este estatal o privado”. El comisionado socialista la criticó duramente. “Aquí hay un riesgo grave de que esa norma sea interpretada tal y como ha sido interpretada una cláusula similar en el texto actual. No me parece razonable que políticas socialdemócratas sean, desde ya, declaradas fuera del pacto constitucional y eso es un riesgo real de esta redacción”, dijo Quezada.

El mismo enfoque fue asumido por Cortés, quien incluso fue un paso más allá, deslizando que una redacción final de esas características no permitiría aprobar el texto. “Esta no pretende ni puede ser la redacción final de la propuesta. En los procedimientos futuros debemos aumentar las chances de aprobación en el plebiscito de salida, algo que hoy parece lejano. El Estado social y democrático de derecho comienza a tomar forma, aunque tímidamente”, dijo el experto comunista.

Del otro lado, fue la experta Bettina Horst quien recogió el punto y lo contrargumentó. Sus palabras -que apuntaron a la libertad de elegir entre un régimen de salud privado o estatal- son un buen resumen de cuál es el núcleo de esta discusión ideológica. “A algunos quizá eso no les gusta, pero la norma constitucional en nada inhibe que el sistema estatal de salud se fortalezca, sea mejor y más eficiente. Hoy día la solidaridad no puede estar por sobre la libertad de elección, son compatibles y van de la mano”, aseguró Horst.

La economista luego añadió lo siguiente: “Aquellos que creen que porque existe un sistema privado de salud entonces nuestro sistema de salud público no es solidario, pues bien, hoy día el 80% de los recursos destinados a la salud estatal provienen de fondos generales de la nación solidariamente financiados a través de impuestos generales. Acá no se trata de pasar por arriba y coartar la libertad de elección de las personas para fortalecer la salud estatal”.

El ánimo del pleno cambió rotundamente cuando los comisionados discutieron el capítulo sobre representación política y participación.

Aquí los elogios a las normas propuestas fueron transversales. “Quiero decir con mucho orgullo que estamos fortaleciendo los partidos políticos”, dijo el comisionado Juan José Ossa (RN), quien presidió esta subcomisión. Sus palabras apuntaron a las normas que van enfocadas en mejorar la regulación de los partidos innovando en, por ejemplo, traspasarle el control de la democracia interna de las colectividades al Servel y el Tricel.

El experto Gabriel Osorio (PS), en tanto, celebró “que los miembros de esta Comisión Experta reconozcan el valor que los partidos políticos deben tener”. A su vez destacó el rol que asumirán el Servel y el Tricel: “Si queremos que la ciudadanía confíe en los partidos políticos, también los partidos políticos deben someterse al escrutinio de esta ciudadanía representada a través de los órganos que la Constitución establece”.

El comisionado Sebastián Soto (Ind.-Evópoli) aprovechó sus palabras para reconocer que no estaba de acuerdo con avanzar hacia las iniciativas populares para derogar leyes, pero que esa fue una concesión necesaria para llegar a acuerdo. “Este es un capítulo que yo releo con tranquilidad y con algunos temores, principalmente por los referéndums derogatorios. A mi en lo personal me dejaron muchas dudas por sus efectos, por su deriva populista, por su incertidumbre, pero mis colegas consideraron que era imprescindible para alcanzar un acuerdo y bueno, así son los acuerdos, no son completamente satisfactorios porque se construyen dentro de lo posible con personas que discrepamos”, dijo Soto.

El punto también fue abordado por el comisionado Hernán Larraín (UDI) quien dijo que esa norma le genera “franca preocupación” porque “puede generar un cierto populismo o una inestabilidad o incertidumbre jurídica”.

Luego de que el pleno termine de votar en general estas normas -hito que terminará el miércoles- comenzará la segunda fase de enmiendas. Ahí vendrá otra negociación política importante para hacer la transacción de los cambios que se pretenden hacer. “Mi voto favorable en general no es sinónimo de complacencia con la integridad del texto, sino más bien la manifestación de mi intención de seguir dialogando a fin de obtener una propuesta que sea presentable ante el Consejo y la ciudadanía”, dijo la comisionada Catalina Lagos (PS).