Comisión Experta cierra proceso de enmiendas marcado por fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición

Si la fase anterior de presentación de normas estuvo marcada por los acuerdos, el trabajo en conjunto entre el oficialismo y la oposición y un centenar de artículos en consenso, esta vez durante la etapa para ingresar las enmiendas -cuyo plazo vence este lunes a las 23.59- la tónica fue la división.

Los ánimos en la Comisión Experta no estaban para conseguir enmiendas de consenso en tan poco tiempo. De hecho, tres de las cuatro subcomisiones no lograron ingresar indicaciones en conjunto. La única que pudo hacerlo fue la subcomisión de órganos autónomos, la cual es concebida por los propios comisionados como una de las “más pacíficas”.

El ánimo incluso se podía apreciar en los lugares de trabajo de cada bancada. Si la vez pasada las normas se redactaron en conjunto por cada subcomisión, esta vez todo se hizo por sector político. Este lunes, mientras la oposición trabajaba en una sala del primer piso de la Cámara en Santiago, el oficialismo lo hizo en una sala del tercer piso en el Senado de Santiago. La distancia no solo era física, sino que también en los contenidos de fondo del anteproyecto de nueva Constitución que está redactando la comisión.

Una situación similar se vivió durante el fin de semana. La oposición se juntó el sábado en la sede del Congreso en Santiago para escribir sus indicaciones y se quedaron trabajando hasta casi las 00.00. El oficialismo hizo lo mismo el domingo y se instalaron todo el día en la sede metropolitana del Congreso. Llegaron temprano y los últimos se fueron pasadas las 6.20 de la madrugada.

El resultado serán centenares de indicaciones -los cálculos van entre 500 y 600- que apuntan a completar los asuntos que quedaron pendientes y también a que cada bancada pueda marcar los puntos políticos que son relevantes para su sector.

Un grupo importante de enmiendas apuntan a reformar el actual sistema electoral. El oficialismo decidió que se la jugará por listas electorales cerradas, bloqueadas y sin la posibilidad de armar pactos electorales. La oposición, en tanto, mantendrá las listas abiertas, no tocará los pactos electorales y achicará la magnitud de los escaños por distrito para que cada zona electoral escoja entre un mínimo de tres y un máximo de cinco bancas.

Respecto del umbral electoral del 5% -que ya fue aprobado en general en la etapa anterior-, la oposición pretende suavizarlo e incorporar una excepción. Es decir, la barrera será del 5% o haber escogido ocho parlamentarios. En el oficialismo, pese a que hubo algunas intenciones por disminuir el porcentaje, varios de ellos no firmarán enmiendas para bajar el umbral.

La comisionada Paz Anastasiadis (DC) -hasta el cierre de esta edición- estaba buscando firmas para una indicación que, en caso de que un partido no lograra el umbral, pudiera federarse con otras colectividades y así poder participar de la distribución de escaños. Si la barrera electoral se aplicara con los resultados de la última elección parlamentaria, la DC habría quedado fuera del Congreso.

Hasta el momento ambas bancadas optarían por eliminar la facultad presidencial del indulto particular de la Constitución. Ese tema quedó fuera de las normas aprobadas en general y ningún sector ingresará indicaciones aditivas para reponerlo. En algún momento la oposición evaluó mantenerla, pero dejándola limitada a indultos humanitarios por razones de salud. El oficialismo estaba al tanto de ese riesgo, el cual, según esos expertos era un beneficio “a la medida de Punta Peuco”, por lo tanto preparó una indicación para prohibir que se pueda indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Una de las batallas ideológicas más fuertes de la comisión está en el derecho a la salud. En las normas que ya están visadas por la unanimidad del pleno en general hay un inciso -casi idéntico al de la Constitución vigente- que plantea que “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado”.

Ese inciso, según ha dicho públicamente el oficialismo, lo consideran “peligroso” y lo quieren “excluir” del texto porque dicen que “constitucionaliza el modelo de las isapres”. La oposición en tanto lo ha defendido ya que plantean que la libertad de elección en salud solo se garantiza bloqueando que el Estado administre la cotización obligatoria del 7%.

Fuentes de la Comisión Experta comentan que la oposición dejaría el inciso tal cual mientras que el oficialismo ingresaría dos enmiendas. Una tendría las firmas de los comisionados de los partidos de Socialismo Democrático y la otra de los de Apruebo Dignidad.

La primera indicación sustituye la frase de la discordia por lo siguiente: “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el prestador de salud sea este estatal o privado, de conformidad a la ley”. El objetivo es dejar en claro que siempre habrá libertad de elección para escoger el prestador -una clínica privada o un hospital público, por ejemplo- pero que eso no es extensivo a quien es el administrador del 7%.

La indicación de Apruebo Dignidad es más breve. “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, es lo que dice la enmienda respecto de este punto. En tanto agrega que “corresponde al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas”. La otra indicación, en esa parte, solo plantea que “le corresponde al Estado la función de rectoría de dichas acciones, de conformidad a la ley”.

Esta estrategia -hacer dos indicaciones sobre un mismo tema- será utilizada por ambas bancadas. La idea es que unas sean más suaves y las otras -tal como los apodó el oficialismo- sean “detonadas”. Esto será parte del diseño para enfrentar la negociación que se vendrá más adelante.

En la parte de derechos, los comisionados de Apruebo Dignidad incluyeron un listado adicional de entre 10 y 12 derechos entre los que se incluye el derecho al deporte. Esto fue criticado internamente por algunos expertos de los partidos de Socialismo Democrático, quienes decían que esa lista era muy parecida a los derechos del texto elaborado por la Convención y que no era necesario incluirlos.

El oficialismo, tal como ya lo había anunciado, se la jugará por agregar el principio de democracia paritaria, escaños reservados, derecho a los cuidados, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Por su parte, la oposición ingresará una enmienda para dejar explícito, tal como la Constitución vigente, que se protegerá la vida “del que está por nacer”.

Respecto de la paridad, la oposición va con una enmienda que no utiliza la palabra paridad, pero establece un mandato general para conseguir resultados paritarios. Esta norma será un complemento a una que ya fue aprobada en general y que copia una regla de la Constitución francesa.

Hay una indicación transversal -pero que no es de consenso- que pretende crear un Consejo Social de manera de apoyar la implementación de las políticas públicas asociados a los derechos sociales. Esta órgano se ha utilizado en otros países que tienen un Estado social, como España y Francia.

“El consejo busca canalizar respecto del Presidente y del Congreso todas aquellas medidas legislativas o aquellas políticas públicas que las personas están esperando para satisfacer los derechos sociales especialmente derechos como vivienda, salud, educación y seguridad social. Es relevante que exista una institucionalidad técnica que acompañe al Poder Ejecutivo y Legislativo en el diseño de la implementación de los derechos sociales que estamos garantizando en la Constitución”, explica la comisionada Marcela Peredo (Ind.-RN), quien está impulsando esta indicación.

En los órganos autónomos, la oposición pretende reponer el control preventivo sustantivo de la Corte Constitucional, incluyendo una devolución hacia al Congreso para que sean los parlamentarios quienes corrijan las eventuales inconstitucionalidades detectadas en algún proyecto de ley antes de que termine la tramitación legislativa. Esta indicación tendría el apoyo de Anastasiadis. El oficialismo ha dicho que una de sus líneas rojas es eliminar el control preventivo sustantivo, algo que ha sido duramente defendido por el comisionado Domingo Lovera (RD).

En cuanto a la integración de las cuatro comisiones que se harán cargo del gobierno judicial -es decir, de las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial-, los comisionados no llegaron a acuerdo. La oposición va con indicaciones para dejar regulada la integración en la Constitución y con mayoría de jueces, mientras que el oficialismo lo dejará en manos de la ley haciendo referencia a que debe haber mayoría de jueces electos por sus pares.

La mesa directiva espera que el comparado con los cientos de enmiendas esté listo a fines de esta semana. Por lo tanto, a partir del próximo lunes las subcomisiones ya estarían en condiciones de discutir las indicaciones de sus temas. Los cálculos indican, de manera preliminar, que todas las votaciones ocurrirán después de las elecciones de consejeros del 7 de mayo.