Comisión Experta logra acuerdo transversal destrabando enmiendas problemáticas del anteproyecto de nueva Constitución

La madrugada del martes, en una de las salas del tercer piso del Senado, un grupo reducido de comisionados -mandatados por sus respectivas bancadas- cerró el acuerdo final que fraguó el texto del anteproyecto de nueva Constitución que tenía que redactar la Comisión Experta.

Lo que se selló esa madrugada fue la llave que permitió que el órgano de 24 expertos llegara hasta el Congreso de Santiago con un principio de acuerdo sólido y transversal que va desde los republicanos al Partido Comunista. Durante la mañana del miércoles, los expertos compartieron los puntos resueltos, prepararon los documentos para la votación en particular, hicieron un último orden de las enmiendas de unidad de propósitos y se embarcaron a enfrentar la votación de las enmiendas.

Así, al cierre de esta edición, en las salas del Congreso en Santiago, tres de las cuatro subcomisiones sesionaban en paralelo votando cada una de las indicaciones acordadas. Todo está funcionando según lo acordado y sin descuelgues. Los comisionados saben perfecto las enmiendas amistosas que ingresaron, las indicaciones que se rechazarán por falta de acuerdo y las que lograrán los 3/5 para llegar al pleno.

El camino para llegar a esto fue largo. Pese a que en algún momento algunos comisionados pensaron que tendrían que armar un grupo chico para negociar las diferencias de forma transversal, el diseño tuvo un giro y la metodología de trabajo, según relata un experto, permitió que todas las diferencias se resolvieran al máximo en cada subcomisión. De esa manera, los nudos se fueron despejando a medida que avanzaba el debate, y con el paso de las semanas solo fueron quedando un par de puntos conflictivos.

“Luego de las elecciones esto se pudo haber destruido, pero logramos contener la presión. Al final esto se cerró entre el domingo y el martes”, dice en privado un comisionado que siguió de cerca las tratativas. Dado que las subcomisiones se hicieron cargo de resolver sus diferencias, el martes los puntos conflictivos eran los mínimos. Por eso, el oficialismo tomó la ventaja y envió un protocolo de acuerdo que recogía algunas de esas diferencias.

Sobre ese documento fueron trabajando los distintos expertos de cada bancada. Pasadas las doce de la noche se llegó a un protocolo de acuerdo final que quedó casi igual, solo cambiaron algunas palabras y redacciones. Aquí fue cuando la izquierda logró puntos importantes en huelga, libertad sindical y agua.

Pese a que los comisionados eran cautos y repetían hasta el cansancio que nada está cerrado hasta que se haga la última votación, la alegría reinaba en los pasillos del Congreso de Santiago. “Yo tengo la impresión de que el acuerdo que se está logrando hoy día tiene ribetes históricos porque ha logrado unir en un texto desde los republicanos hasta el PC”, afirmó con cautela el comisionado Francisco Soto (Ind.-PPD).

En tanto, la comisionada Leslie Sánchez (PL en cupo PPD) calificó el acuerdo como “extremadamente discreto, pero exitoso y eso nos tiene conformes”.

Otro experto de derecha afirmó que si todo sigue como lo planeado, en la noche de este miércoles tendrán un anteproyecto sólido. Esto, debido a que lograron que ningún sector se bajara “formal ni moralmente” del proceso, pese a las diferencias, complejidades y el triunfo de republicanos. Y agrega: “Es un texto de derechas e izquierdas”.

El acuerdo logrado entre ambas bancadas, comentaban los expertos, “es total”. Eso significa que ya no se hará ningún cambio. Cuando se terminen estas votaciones vendrán los plenos. Sin embargo, el compromiso es que en el plenario nadie sorprenda y sigan al pie de la letra lo conversado. Eso significa que se repondrán indicaciones, pero solo a modo testimonial ya que no habrán 3/5 para reponer enmiendas rechazadas. A su vez, se permitirá a comisionados que voten en contra de materias especialmente sensibles sabiendo que los 3/5 ya están asegurados.

Al cierre de esta edición, los comisionados seguían votando las indicaciones, pero ya existía claridad de los puntos ganados y los perdidos. El oficialismo impulsó una norma de paridad de 50-50, sin embargo, en la negociación solo consiguió un transitorio que mandata al Congreso a elaborar una ley que permita conseguir un Congreso con un equilibrio de género 60-40.

El Poder Legislativo o el Ejecutivo tienen un año para ingresar esa ley, la cual deberá respetar las siguientes reglas. “El mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el sesenta por ciento de los electos en los respectivos actos”, se lee en el artículo. La normativa buscará que “las asignaciones preliminares de los candidatos del sexo sobrerrepresentado cederán en favor de los candidatos del sexo subrepresentado”.

Otra particularidad del transitorio es que tendrá caducidad: “La vigencia del mecanismo referido en este artículo cesará tras las dos elecciones parlamentarias siguientes a la entrada en vigencia de la ley electoral a que hace referencia en este artículo, o bien, si antes del referido plazo en una misma elección parlamentaria, de no haber mediado su aplicación, fuere lograda la proporción señalada en el literal a) en sus respectivos resultados electorales”.

Es decir, si en los comicios para elegir diputados y senadores se consigue una distribución 60-40, el transitorio dejará de tener vigencia. Si no, el mecanismo dejará de tener efecto en la elección parlamentaria de 2029.

La comisionada Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS) se refirió sobre el acuerdo alcanzado en este tema: “Felices no estamos, pero siempre supimos que nuestra apuesta era más compleja de alcanzar. Siempre estuvimos flexibles”.

Por su parte, el comisionado Máximo Pavez (UDI) valoró el acuerdo en esta norma. “No es una paridad absoluta, rígida, pero en el principio estoy de acuerdo en que de manera transitoria haya una fórmula en la cual ningún sexo esté representado en más de un 60%. Me parece que es una norma muy razonable de aprobar”, dijo el experto.

Respecto de escaños reservados, el oficialismo logró una norma que entrega reconocimiento constitucional y a su vez hace mención a los derechos colectivos: “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación Chile que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

Sin embargo, en escaños reservados el asunto fue distinto. El oficialismo no logró su cometido y al cierre de esta edición existía el compromiso de aprobar la siguiente norma: “La ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional”.

El umbral electoral se mantuvo en 5% y se incorporó la excepción de conseguir ocho parlamentarios en ejercicio. Para suavizar su aplicación se diseñó un transitorio que establece que solo para esta elección parlamentaria la barrera será del 4% y la excepción de cuatro parlamentarios.

En sistema electoral, pese a todos los esfuerzos que se hicieron para acercar posiciones, los expertos fracasaron en su cometido y no lograron acuerdo en este tema. La izquierda no logró eliminar los pactos electorales ni avanzar hacia las listas cerradas. La derecha, en tanto, tampoco consiguió su redistritaje para achicar los distritos y que las zonas electorales distribuyan entre tres y cinco escaños. Ante esto regirá el mismo sistema electoral actual que está regulado por ley.

Los comisionados que integran la subcomisión de derechos sociales también fracasaron en sus esfuerzos por conseguir una redacción que los dejara conformes en materia de libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal. Este fue el nudo político más duro y complejo de toda la Comisión Experta.

Mientras la derecha quería asegurar la libertad de elección a nivel de asegurador y prestador, el oficialismo hizo todos los esfuerzos para quitar este inciso, ya que, a su juicio, “constitucionalizaba el modelo de las isapres” y, por lo tanto, era un asunto que no debía quedar en la Constitución y dejarse en manos del Congreso.

Dado que ninguno quiso ceder, la letra d) que regulaba este tema -que al cierre de esta edición aún no se votaba- se iba a caer por completo. Ante la ausencia de regulación constitucional en esta materia, rige la ley o eventualmente lo que pueda añadir el Consejo Constitucional.

En esta subcomisión además se cayó el artículo que establecía que “la educación superior técnica y universitaria será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley, sin perjuicio de otras formas de financiamiento”. Esto debido a que el oficialismo, al solicitar votación separada para quitar la última parte, hizo que la oposición no diera sus votos para que permaneciera la primera oración de la frase. La idea era mantener la gratuidad, pero también los créditos, becas y financiamientos.