Comisión Experta rechaza la creación de Consejo Técnico Asesor que acompañaría a la Contraloría General de la República

La recta final en la Comisión Experta continúa para terminar el anteproyecto y entregarlo al Consejo Constitucional que se instalará el próximo 7 de junio en el Congreso de Santiago. Este martes, los 24 comisionados partieron discutiendo el décimo capítulo que trata de la justicia y servicio electoral, el cual fue aprobado y despachado.

La mayor discusión e innovación se fijó en el capítulo XI que trata sobre la Contraloría General de la República, específicamente en la norma que establece la creación de un Consejo Técnico Asesor que acompañe al órgano contralor. Sin embargo, sólo hacía falta un voto para ser aprobada. Tuvo diez votos negativos y una abstención por parte del comisionado Jaime Arancibia (RN).

“Un Consejo Técnico Asesor será oído en sesión pública antes que el contralor modifique o sustituya, de conformidad a la ley, la resolución que determina los actos administrativos decisorios que han de ser tomados de razón; emita, de oficio, dictámenes e informes sobre la legislación administrativa relacionada con el funcionamiento de los organismos y servicios fiscalizados, interpretando, con efecto general, obligatorio y vinculante para la Administración, las funciones y atribuciones de aquellas entidades estatales; y, fije los organismos o programas que deben ser fiscalizados”, establece la norma en su inciso tercero.

Y, en el inciso siguiente, se lee que “el Consejo será presidido por el Contralor General y estará integrado por cuatro consejeros que deberán tener al menos diez años de licenciado o de título profesional, y contar con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de las funciones del órgano contralor. Durarán cuatro años en el ejercicio del cargo y se renovarán en parcialidades a razón de uno cada año. El Senado designará a cada consejero de una terna elaborada previo concurso público, en la forma que determine la ley institucional”.

Este acápite fue trabajado por la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Ahí, el comisionado Domingo Lovera (RD) fue el único que votó en contra de la norma señalada, mientras que su par Paz Anastasiadis (DC) avisó que daba su voto, pero que no le convencía y podía votar en contra en el pleno de este martes. Los comisionados de oposición Hernán Larraín (UDI) y Kattherine Martorell (RN) se mostraron a favor durante su desarrollo en la subcomisión.

De igual manera, durante el pleno, Lovera anticipó que volvería a votar en contra de la norma. “La enmienda que sugiere la instalación de un Consejo Técnico asesor sólo perturbará y obstaculizará el ejercicio de atribuciones por parte del contralor y nos entregará a fin de cuentas una Contraloría más disminuida”, sostuvo.

“Su implementación sólo ralentizará el trabajo de la Contraloría restándole el dinamismo, la oportunidad y flexibilidad necesarias que el órgano requiere. Nótese que según la propuesta el contralor deberá oír al Consejo cada vez que determine qué actos administrativos deben ser tomados de razón cuando ejerce su potestad dictaminante y cuando determine la política de fiscalización”, añadió el comisionado RD.

En la misma línea, Gabriel Osorio (PS) comentó que su único desacuerdo del capítulo dice relación con la creación del Consejo Técnico Asesor. Una de las razones de su postura en contra es que “sus integrantes deben ser aprobados por el Senado. Hacer tan iguales, la generación tanto del contralor general de República como este Consejo hace tambalear la autoridad del contralor y también a politizar la propia labor de la Contraloría. Creo que la Contraloría tiene una gran misión: incomodar a todos. Esta posible politización, a propósito del nombramiento de los integrantes por el Senado, podría dejar de incomodar”, comentó.

Desde la vereda contraria, el comisionado Hernán Larraín (UDI) mostró su postura positiva de la norma durante el pleno. Así, defendió la norma. “La fórmula diseñada no debilitará ni entorpecerá en absoluto al contralor, estamos frente a un consejo asesor consultivo y no resolutivo, que sólo debe ser oído para que el contralor ejerza funciones excepcionalmente. Además, se trata de un órgano técnico y no político, integrado por consejeros que para ser nombrados deben cumplir con requisitos casi idénticos a los del nombramiento del propio contralor”, comentó.

En la misma línea, Katherine Martorell (RN) sostuvo que “en ningún caso esto supone un debilitamiento de la autoridad, ya que el consejo asesor es exclusivamente consultivo, igual como lo hicimos en el consejo del Ministerio Público y también es un órgano técnico”.

El resto de normativas del acápite once fueron aprobados por unanimidad, por lo que el capítulo quedó despachado. Más tarde, se espera la discusión del Capítulo XII que trata del Banco Central, el XIII de la protección del medio ambiente y el XIV sobre procedimientos de cambio constitucional.