Comisión Experta se tensiona: oposición advierte que podrían terminar con anteproyecto “en blanco” si se rechazan normas aprobadas en general

Fue la primera sesión de la subcomisión de derechos sociales luego de que los expertos ingresaran las enmiendas. Los ánimos entre ambas bancadas no era el mejor y fue el comisionado Teodoro Ribera (RN) quien tomó la palabra e hizo pública una situación que hace rato estaba tensionando a los expertos de manera soterrada.

“Escapa de toda lógica jurídica pensar que una unanimidad en una subcomisión y en el pleno no tengan algún alcance (...) La buena fe nos llama a que respetemos el acuerdo celebrado (...) Cuando leo las indicaciones que se hacen por parte de los comisionados encuentro algunas enmiendas que socavan los acuerdos compensatorios logrados y el acuerdo alcanzado por el pleno”, lanzó sin rodeos el comisionado de RN.

La preocupación estaba instalada hace semanas. En una sesión anterior el comisionado Flavio Quezada (PS) comentó que no podía apoyar el inciso del derecho a la salud que estipula la libertad de elegir entre un régimen privado o estatal, ya que la consideraba una norma “peligrosa” y que “constitucionaliza el modelo de las isapres”. Algo similar -dice la derecha- ocurre con normas de otras subcomisiones, por ejemplo, el principio de servicialidad del Estado.

El oficialismo ingresó dos indicaciones que pretenden desechar el inciso de salud por uno que solo hable de que existirán cotizaciones obligatorias y otra que establece que habrá libertad para elegir el prestador de salud. La norma original -que ya se votó en general y de manera unánime por el pleno- fue parte de un acuerdo de consenso firmado por los seis comisionados de la instancia. Ante esa amenaza, la derecha reaccionó y transparentó la tensión que está instalada en la Comisión Experta.

“Es importante ser directo y transparente con la ciudadanía. Me sorprende un poco, es cierto que tuvimos un acuerdo que se gestó en esta subcomisión, pero ese acuerdo afortunadamente se cumplió íntegramente”, dijo Quezada, haciendo referencia a que el acuerdo implicaba comprometer el voto a favor en la discusión en general, pero nunca implicó renunciar a la posibilidad de modificar los artículos a través de indicaciones en la discusión en particular, tal como lo establece el reglamento.

La comisionada que preside la instancia, Alejandra Krauss (DC), también se hizo parte del debate: “¿De existir tanto acuerdo se habrían presentado tantas enmiendas por ambos sectores? Eso da cuenta de que efectivamente sabíamos que el texto debía recoger las distintas visiones y la búsqueda del perfeccionamiento para ver si es posible la consagración del Estado social y democrático de derecho”.

Luego fue Bettina Horst (Ind.-UDI) quien pidió la palabra. La economista se ha caracterizado por ser dura en sus intervenciones y de protagonizar constantes interpelaciones cruzadas con Krauss. “Aquí algunos plantean que lo que se votó fue en un contexto de presión para poder mostrar avances. Bueno, si eso no se sostiene en el tiempo perfectamente podemos llegar con un texto en blanco al 6 de junio. Es muy difícil avanzar en miradas compartidas si es que después uno retrocede cada vez que uno va avanzando”, dijo Horst.

Luego insistió en su punto: “Nosotros no tuvimos ninguna declaración de prensa contraria a las normas que hemos acordado. Nadie tildó de peligrosos aspectos a los cuales les pusimos la firma. Lo que resulta preocupante es que cuando uno logra ciertos principios básicos, al poco tiempo se torpedeen o por los medios o vía enmiendas”.

Quezada pidió la palabra, ya que parte de la intervención de Horst lo apuntaba directamente. “Yo tengo clarísimo qué firmé. Tengo clarísimo el alcance de ese acuerdo y lo tengo tan claro que por eso mismo les he mencionado mis razones personales a quienes están sentados en esta mesa”, afirmó el experto socialista.

El comisionado Quezada no solo se quedó ahí. Aprovechó de decir que el conflicto le parecía artificial, ya que ningún experto oficialista votó en contra en la fase anterior. Dicho eso, volvió a endurecer sus palabras: “Yo no votaré a favor de constitucionalizar el modelo de isapre ni de AFP, sea cual sea la consecuencia de eso. No votaré a favor de establecer reglas que no existen en ninguna Constitución en el mundo, que no tienen antecedente en la historia constitucional chilena, que son incompatibles con el Estado social. No lo voy a votar, sea cual sea la consecuencia de eso. Hacerlo significaría traicionar el acuerdo que habilitó este proceso”.

El experto Jaime Arancibia (Ind.-RN) retomó el argumento expuesto por la oposición e interpeló a la bancada oficialista: “Tuvimos la ocasión que decir que no y, de hecho, varias veces dijimos que no a varias propuestas de normas. Por lo tanto, si esos son los antecedentes del acuerdo del 5 de abril, ¿qué es lo que firmamos? Mi interpretación es que se firmó un acuerdo general, que no es definitivo, y me parece que el espíritu que tiene que animar nuestras discusiones posteriores es aquel que es propio de un acuerdo general que es precisar, especificar, corregir, enmendar. Ojalá lo hagamos con un espíritu que no implique desvirtuar aspectos esenciales o sustantivos de ese acuerdo”.

“Yo entiendo que si hay un acuerdo en general en la subcomisión y luego en el pleno, bueno, algún efecto jurídico se debe generar o al menos un efecto moral, ético, de compromiso político. Me suena raro que hayamos estado más de 20 días hablando amistosamente y luego el efecto de eso sea poco o nada”, agregó Ribera.

El abogado luego lanzó una propuesta retórica para ejemplificar su argumento: “Propongo lo siguiente. Tomemos las indicaciones y partamos desechando todas aquellas que van más allá de los detalles. Para ser consecuente con lo que aquí se ha dicho, eso es lo que habría que hacer. Les aseguro que una proposición como esta desnuda un hecho real distinto. Esto es que lo que se quiere no es modificar los detalles, sino que enmendar acuerdos que se tomaron y con los cuales hoy no se está de acuerdo con ellos”.

La tensión siguió escalando y fue Horst quien reiteró su idea anterior. “Me preocupa que acá podemos llegar a un escenario en el que no lleguemos con un anteproyecto al final del camino. Estoy preocupada de que ciertos sectores, que son parte del proceso, quizá se bajen. Aquí no hay una fuerza mayoritaria que pase por encima de las demás fuerzas, no hay posibilidad de pasar máquina”, añadió la comisionada.

Casi al final de la sesión, fue el comisionado Alexis Cortés (PC) quien recogió el guante. “Mi disposición es a evitar que se llegue a una hoja en blanco. Es una amenaza para ese resultado la elaboración de una propuesta de anteproyecto que termine siendo maximalista, pensando en el sentido de que sea una redacción que termine por consagrar un modelo en un determinado derecho, excluyendo otros y convirtiendo esos otros modelos en ideas inconstitucionales. Tenemos que pensar una redacción lo más abierta posible”, intervino el comisionado comunista.

Luego Cortés, siguiendo la misma línea de Quezada, complementó sus palabras: “Yo no estaré disponible para apoyar ninguna propuesta de norma que termine por constitucionalizar el modelo de las isapres o el de las AFP”.

La sesión sirvió para transparentar las tensiones que están atravesando el proceso. Esta subcomisión tendrá que discutir y votar 193 enmiendas en las próximas semanas. Por lo mismo, los comisionados se están preparando para disputar una dura batalla política por los aspectos que consideran como esenciales para el Estado social.