Comisión investigadora de caso ProCultura finaliza conclusiones: aprueban documento para ser presentado en la Cámara

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de reunir información relativa a determinados actos del gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación ProCultura desde 2019 a la fecha, realizó las conclusiones y propuestas formuladas a partir de los antecedentes reunidos durante las sesiones.

Fue cerca de 13.10 horas que inició la instancia en la Sala de Conferencias Inés Enríquez, la cual fue presidida por el diputado Andrés Longton (RN), quien en conjunto con el parlamentario José Miguel Castro (RN) presentaron un documento de 18 páginas el cual fue leído y votado en la sesión para su presentación en Sala.

Fue con nueve votos a favor, que el informe de la comisión pasó hasta la sala de la Cámara de Diputados, donde será presentado por la parlamentaria Yovana Ahumada, debido a que es representante de la Región de Antofagasta.

En el escrito se dieron 10 puntos en conclusiones de los cuales se expresan en:

1. Sobre precios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos. La polémica gestión financiera de ProCultura.
2. Cuando los controles fallan, el caso ProCultura y la debilidad institucional.
3. El laberinto de recursos en la intrincada red de empresas tras ProCultura.
4. Convenios exprés, modo operandi recurrente y asignaciones directas cuestionadas a nivel nacional.
5. Cheque en blanco: la ineficiente evaluación institucional que benefició a ProCultura.
6. Recursos públicos. Las relaciones tras las asignaciones a ProCultura.
7. Grave vacío en procedimientos permitió entrega irregular de recursos públicos a Fundación ProCultura.
8. Sin fines de lucro, la opacidad tras transferencia a ProCultura.
9. La omisión de inhabilidades y los vínculos no declarados entre gobernadores regionales y Fundación ProCultura.
10. Recursos públicos en riesgo. La incapacidad del Estado para recuperar los fondos entregados a ProCultura.

Un último punto fue borrado de las del documento. Este se refería al “silencio de Irina Karamanos”, y que -de acuerdo al escrito- su ausencia en la instancia “impide aclarar vínculos con el caso por ProCultura”. Esto fue sacado del texto debido a que, según explicaron desde la comisión, la invitación a la ex primera dama no se concretó.

“En vista de lo anterior, esta Comisión Especial Investigadora concluye que nuestra institucionalidad requiere urgentemente reformas profundas y efectivas que fortalezcan su capacidad real para recuperar y proteger los recursos públicos asignados irregularmente. Es imprescindible contar con garantías sólidas y efectivamente exigibles, protocolos ágiles y estandarizados para el cobro inmediato ante irregularidades y mecanismos institucionales capaces de actuar preventivamente frente a cualquier riesgo patrimonial que pueda afectar al Estado”, expresaron en el escrito.

“En definitiva, el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente mediante medidas legislativas e institucionales que permitan restaurar plenamente la confianza ciudadana en la administración responsable y eficaz de los fondos públicos”, señalaron.

Después, el documento apunta a las responsabilidades en donde se acusa en responsabilidad política de las Gobernaciones Regionales, en específico nombras a los gobiernos de la Metropolitana, Magallanes y Ñuble. En el segundo punto, es contra Miguel Crispi, cuando ejercía como subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo.

En tercera parte, van contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en donde señalan que la responsabilidad política que identifican es debido a “su insuficiente actuación institucional en materia de fiscalización preventiva y correctiva”.