Este lunes el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa (FA), llegará hasta la comisión investigadora de la Cámara que indaga las irregularidades cometidas en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Figueroa está citado para responder las preguntas de los diputados que integran la instancia y que llevan semanas interrogando a los distintos funcionarios que participaron de la compraventa.

En el caso de Figueroa, las preguntas estarán centradas en el rol que tuvo cuando el escándalo ya había explotado y se había cobrado la primera responsabilidad política: la de la exministra de la misma cartera Marcela Sandoval (FA).

Junto con Figueroa -según confirmaron desde el ministerio- también comparecerá el jefe de la División de Bienes Nacionales de esa misma cartera, Pablo Maino. El abogado es de las pocas personas que participaron del proceso de compraventa y que no han salido de su cargo.

Por lo mismo, los diputados se enfocarán en Maino para obtener más información respecto de cómo fue el proceso y cuáles fueron las advertencias que se hicieron durante todos los meses en que la compraventa se estuvo gestando en los equipos de Bienes Nacionales y en el Segundo Piso.

La división que dirige Maino está a cargo de estudiar y proponer las normas relacionadas con la adquisición y administración de bienes fiscales. También se hizo cargo de la validación de los estudios de título y tasaciones de la casa de Allende.

En su declaración ante la Fiscalía, Maino aseguró que nunca fue advertido de los problemas constitucionales que estaban vinculados al contrato, sobre todo respecto de la exministra Maya Fernández (PS) y la exsenadora Isabel Allende (PS).

“El día jueves 2 de enero 2025, a eso de las 20:30 horas, me llamó la jefe de gabinete de la ministra (Sandoval) y me preguntó si al momento de la revisión de estudio de títulos y recopilación de antecedente, si nosotros habíamos tenido a la vista alguna prohibición de parte de alguno de los vendedores. Le respondí que no lo habíamos visto. Minutos después me comenta expresamente si había considerado lo dispuesto en el artículo 37 bis de la Constitución, y le informo que no, que no habíamos tenido a la vista la prohibición de ese artículo. Al revisar ese artículo constaté que se refiere la prohibición de un ministro de suscribir contratos con el Estado, y que sin duda, de haberlo tenido en conocimiento, lo hubiese alertado”, dijo Maino.

Su testimonio es aún más relevante para los diputados debido a la información que podría aportar sobre el rol que tuvo la cuestionada jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya. La abogada ha recibido fuertes críticas por no haber sido capaz de alertar los problemas constitucionales cuando, al final de todo el proceso, le tocó hacer la revisión del decreto que le tocaba firmar al Presidente Gabriel Boric.

“Recuerdo que Francisca Moya consultó si el decreto supremo que autorizaba la compra estaba sin identificar a quienes eran sus propietarios, a lo que Macarena Diez señaló que sí estaban identificados en el decreto”, declaró Maino, haciendo referencia a una reunión en La Moneda realizada el 3 de enero, cuando el caso ya había explotado y se intentaba buscar una salida. Según sus palabras, Moya no había visto el detalle del decreto que ella misma visó. Sin embargo, fuentes del gobierno dicen que la pregunta de Moya en esa reunión hacía referencia al contrato de compraventa, a pesar de que la declaración de Maino mencionó explícitamente el decreto supremo.

Además de Figueroa y de Maino, la comisión también citó a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, el asesor jurídico de Patrimonio Cultural, José Cortés, y la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, Carol Castro. Pese a que al ser exfuncionaria pública no tiene obligación de comparecer ante la comisión, la instancia también citó a la exministra Sandoval, quien podría llegar a declarar durante mayo.