Senado de las Regiones, eliminar reelección inmediata del Presidente y reponer estado de emergencia: PPD presenta propuestas de reformas a nueva Constitución
Bajo la premisa de "Aprobar para reformar", la comisión política de la tienda elaboró una lista de modificaciones que impulsarán de ser aprobado el borrador de la nueva Carta Fundamental. El partido también buscará mantener los quórum de reforma de la nueva Constitución durante el periodo de transición, no cambiar el nombre del Poder Judicial y crear un Consejo Ciudadano consultivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Luego de que la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, afirmara recientemente que la tienda que encabeza se posicionará “desde el aprobar para mejorar” con miras al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, la comisión política de la colectividad dio a conocer un documento donde especifica los puntos que buscarán reformar en el caso de aprobarse el texto propuesto para la nueva Constitución.
Entre estos, se incluye que los quórum de reforma de la nueva Constitución rijan durante el periodo de transición; reponer los nombres del Senado y del Poder Judicial; mantener el estado de excepción de emergencia, y eliminar la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República.
En entrevista con La Tercera el pasado viernes 10 de junio, Piergentili indicó que aunque desde el PPD valoran los avances en materias sociales, medioambientales y de democracia que presenta el texto de la nueva Carta Magna, “también creemos que tiene aspectos que nos preocupan y que han generado legítimos temores en la población”.
En el texto dado a conocer esta jornada, la comisión política del PPD sostiene que “el próximo 4 de septiembre estamos convocados a tomar una decisión trascendental: si el proceso constitucional se articula en torno a una nueva Constitución o si se hace bajo los parámetros de la Constitución de 1980. Frente a ese dilema nuestra postura inequívoca es llamar a votar Apruebo. Aprobar y mejorar”.
En este sentido, expresan que “entendemos, sin embargo, que el debate constitucional no terminará el 4 de septiembre. El proceso tendrá distintos hitos y seguirá con la implementación de las múltiples leyes que serán necesarias para aplicar efectivamente la nueva Constitución. Ese camino incluirá también la sana revisión democrática del sentido y alcance de sus propias normas y la corrección de sus defectos y vacíos”.
“No dudamos en que el Apruebo es el mejor camino. El nuevo texto no sólo es superior al anterior, sino que además es más abierto a los perfeccionamientos que requerirá. Pero también tiene problemas, de los que nos hacemos cargo, y que deberán subsanarse. Por eso invitamos a aprobar y mejorar”, señalan desde el PPD.
La comisión política del PPD sostiene en este sentido que “percibimos temores legítimos de muchos chilenos y chilenas ante innovaciones que abren interrogantes que requieren respuesta. Consideramos que es una obligación de las fuerzas democráticas dar seguridad y precisar la forma en que se desarrollarán las transformaciones que traerá la nueva Constitución, así como comprometer cambios en las materias donde ya se verifican insuficiencias. El gobierno tendrá una parte central en esta tarea pues deberá presentar los proyectos de ley que implementarán la nueva Carta Fundamental”.
Las propuestas de reformas
En este sentido, desde el PPD se comprometieron a impulsar las siguientes reformas constitucionales:
- “Tener una Constitución sin cerrojos, pero cuyos cambios requieran mayorías significativas. Planteamos que las mismas normas permanentes sobre los quórums de reforma de la nueva Constitución rijan durante el periodo de transición. Para esos efectos, compartimos la posición de la Comisión de Armonización de establecer la regla general de 4/7 para la reforma constitucional de la mayoría de las materias, junto al mecanismo de mayoría simple y referéndum o el quórum de 2/3 en ambas cámaras en aquellas materias más relevantes. Ello permitirá una transición más eficaz, con mayor incentivo al acuerdo y con garantías democráticas robustas, conforme a nuestra tradición y vocación”.
- “Eliminar la posibilidad de reelección inmediata del Presidente o Presidenta de la República. Ello conduce al delicado riesgo de que se usen los recursos públicos para favorecer la reelección o a la tentación populista de la agenda de los gobiernos cuando se acercan elecciones”.
- “Eliminar la Iniciativa parlamentaria en materias que tienen costo presupuestario porque se prestará para acorralar a los gobiernos con propuestas populistas. Lo mismo es cierto para la autorización mediante ley de endeudamiento en el caso de municipios y regiones”.
- “Llamar Senado de las Regiones a la nueva Cámara. La diferencia de atribuciones que plantea el nuevo texto no tiene el carácter ni la envergadura que merezca un cambio de nombre y, por el contrario, genera innecesarios temores”.
- “Reponer el nombre del Poder Judicial, porque refuerza la idea de un Poder que es contrapeso de los otros dos (Ejecutivo y Legislativo)”.
- “Fortalecer la participación ciudadana. El texto constitucional resalta la importancia de la democracia participativa y crea instituciones como la iniciativa popular de ley y la abrogación de leyes. Sin embargo, creemos que ello debe reforzarse con la creación de un Consejo Ciudadano consultivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los grandes temas del país, particularmente en los que dice relación con el desarrollo sostenible desde una perspectiva económica, social y ambiental. Destacamos su carácter consultivo y no resolutivo, pues creemos que es la forma de armonizar la participación social con la democracia representativa”.
- “Ampliar expresamente el derecho de propiedad intelectual a la propiedad industrial, situándola en un estatus similar al que se otorgó a la creación artística, porque ello fortalece el trabajo que nuevas generaciones de investigadores y desarrolladores de innovación están haciendo y protege las fuentes de desarrollo del futuro del país”.
- “Reponer el estado de excepción constitucional de Emergencia, porque constituye una herramienta institucional asentada en nuestra tradición democrática para situaciones especiales que califican de tal y, sobre todo, porque evita que situaciones de menor orden solo sean abordadas -paradójicamente- por un Estado de Sitio, que es mucho más invasivo y restrictivo que el de Emergencia”.
- “Definir con urgencia un sistema electoral que asegure gobernabilidad. Propiciaremos una nueva y mejor legislación electoral. La fragmentación política y la proliferación de partidos o movimientos que reivindican solo sus propias causas volverán muy difícil un proyecto de cohesión y justicia social. Debe haber un piso de porcentaje mínimo para elegir parlamentarios en el Congreso, fortalecer los partidos programáticos – para lo que debe considerarse el voto, al menos para una fracción de los representantes, en listas cerradas y bloqueadas-, estimular la formación de grandes coaliciones que otorguen gobernabilidad y resguardar los mecanismos que garanticen la transparencia y democracia interna de los partidos. El número de escaños reservados para los pueblos indígenas debe ser equivalente a la participación de los inscritos en el registro electoral indígena respecto del total de registrados”.
- “Reconocer en materia de relaciones internacionales que el ejercicio de la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los países debe tener como limitación el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”.
- “Impulsar la inclusión de temas del futuro que no entraron en el debate. Notamos también un cierto vacío en el texto frente a problemas nuevos que ya están entre nosotros: ¿cómo se norman las distintas formas en que inciden las tecnologías en la vida humana? ¿cómo abordamos los cambios que la innovación genera en el trabajo, en la educación, en la salud y las formas de vida? ¿cómo se administra la información que genera la inteligencia artificial, cómo se contiene la información falsa, cómo se defienden los neuro derechos? ¿qué instituciones nos van a permitir avanzar en la transición energética y abordar el cambio climático? ¿cómo estas nuevas tendencias van a impactar las instituciones políticas y cómo ellas deben adaptarse a la velocidad de los cambios y, aún más, desarrollar capacidad anticipatoria? Estas materias deben ser consideradas en el lo sucesivo”.
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