Comisión que revisa acusación constitucional contra Sebastián Piñera acordó recomendar la aprobación del libelo

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La determinación fue adoptada por tres votos a favor y dos en contra. Este informe será presentado mañana cuando la sala de la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto. Lo resuelto por la instancia parlamentaria no tiene un carácter vinculante.


Por tres votos a favor y dos en contra esta jornada la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera acordó recomendar la aprobación del libelo.

Los diputados integrantes de la instancia Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC) y Daniel Verdessi (DC), votaron por recomendar a la sala mañana jueves, cuando se revise el libelo contra el Mandatario, dar visto bueno a la acusación.

Mientras que Sofía Cid (RN) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI), estuvieron por sugerir el rechazo del escrito en todas sus partes.

En la sesión estuvo presente el jefe de bancada de la DC, Gabriel Ascencio, quien acudió a escuchar los argumentos de los parlamentarios.

https://twitter.com/G_Ascencio/status/1204786393836376065

La comisión sesiona desde el pasado 21 de noviembre, un día despuésde  que por sorteo se eligiera a los integrantes de la instancia, escuchando a diversas autoridades políticas y organismos de seguridad. Esto, además de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.

El informe emanado por la instancia no tiene un carácter vinculante, sino que más bien es una recomendación para cuando la sala deba votar el libelo y será presentado por el presidente de la comisión, Verdessi.

Cabe recordar que la acusación fue presentada el 19 de noviembre por una parte de la oposición, contando con las rúbricas de Carmen Hertz (PC), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Tomás Hirsch (PH), Gael Yeomans (Convergencia Social), Claudia Mix (Comunes), Jorge Brito (RD), Daniel Núñez (PC), Esteban Velásquez (PEVS), Vlado Mirosevic (PL) y Jaime Naranjo (PS).

En ese escrito se pide la destitución de Piñera acusando una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones, además de haber comprometido "gravemente el honor de la nación" y de haber "infringido" la Constitución.

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