¿Cómo piensan los nuevos consejeros? Mayoría es contraria al aborto y cree que pueden seguir las AFP y las isapres

Una copia bastante cercana a lo que fue la votación del Rechazo en el plebiscito de salida del año pasado arrojaron los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales.

En esos comicios del 4 de septiembre de 2022, un 61,89% de la población votó en contra de la propuesta de la Convención Constitucional.

Por su parte, el 62,5% de los consejeros electos ayer también rechazó ese texto, según los datos del Match Constituyente de La Tercera, estudio en el que se entrevistó a más del 90% de los candidatos que se presentaron en este proceso.

Esa información sirvió para levantar una plataforma interactiva que permitía cotejar coincidencias entre electores y candidatos.

De los 51 consejeros electos, 41 contestaron esta encuesta de La Tercera. Y según los resultados, un 60% de los nuevos representantes declaró tener nula o mínima afinidad con la anterior propuesta constitucional.

Ese antecedente confirma el giro ideológico y valórico del grueso de los nuevos constituyentes respecto de los exconvencionales, que mayoritariamente querían poner fin a las AFP, establecer un sistema previsional público e instaurar el derecho a la interrupción del embarazo, entre otros temas.

Además, un 90% de los representantes electos son partidarios de una Constitución breve y no maximalista. Sólo un 7% declaró ser indiferente ante su extensión

Otro dato sensible de la información, un 60% de los consejeros electos cree que la nueva Constitución debe resguardar el derecho a la vida, lo cual es incompatible con el aborto libre o con más causales que las que contempla la legislación vigente para la interrupción del embarazo.

Un 87,5% de los nuevos representantes cree que se debe establecer la libertad de elegir que la Salud sea administrada por entes públicos y privados, lo que no pondría en riesgo la existencia de las instituciones privadas de salud previsional (isapres). Sólo un 12,5% cree que la prioridad debe ser un organismo público.

Un 35% de los representantes electos afirma que el sistema de pensiones tiene que mantenerse tal cual hasta hoy. Un 47,5% de los nuevos consejeros cree en un sistema mixto, con posibilidad de escoger entre administradoras estatales o entidades como las actuales AFP. Sólo un 17,5% es favorable a terminar con el actual sistema.

En una de las pocas materias en que podría haber alguna sintonía con el anterior proceso, un 80% de los representantes electos afirma que el agua debe ser un derecho reconocido en la Constitución, garantizando el consumo humano prioritario, acceso, protección y distribución de este recurso como bien de uso público. Sólo un 20% de los nuevos consejeros cree que debiera ser una materia del Código de Aguas y no de la Carta Fundamental.